Habría implicado FBI a traficantes en la compra de paraestatales Según un experto, los informes se refieren a ``muchas'' empresas Organizaciones mexicanas y colombianas, las adquirientes, señala

Juan Antonio Zúñiga y Roberto González Amador /I Ť Organizaciones de narcotraficantes de México y Colombia adquirieron ``muchas'' de las empresas privatizadas por el gobierno mexicano en los últimos años, según reveló el profesor Ronald A. Pincomb, un especialista de la Universidad Estatal de Nuevo México, en una investigación realizada con base en informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para Crime and Justice International y publicada en febrero.

Mientras tanto, analistas del fenómeno del narcotráfico están llegando a la conclusión de que el dinero de las drogas se ha enquistado en la economía mexicana, atraído por una legislación que hasta hace un año no castigaba el lavado como un delito federal, y por la apertura a los capitales extranjeros.

El FBI considera a México un país ``lucrativo para el lavado internacional de dinero'', señala el profesor Pincomb, quien cita informes del FBI, según los cuales los narcos habrían aprovechado la privatización de empresas para públicas en los últimos años con el propósito de lavar dinero.

``En los años recientes, México puso en marcha varios programas para atraer capital extranjero, necesario para la recuperación de su economía; uno de ellos ha sido la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados. Esas privatizaciones comprenden un número significativo de instituciones financieras, fábricas y empresas industriales y de servicios orientadas a los negocios que han registrado crecimientos multimillonarios en dólares. El FBI advierte que muchas de esas empresas que eran semiestatales fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes de México y Colombia'', dice Pincomb.

Según la investigación, ``el FBI está consciente de que las organizaciones mexicanas de narcotraficantes están lavando grandes sumas de dólares. Las ganancias producto del tráfico de drogas son depositadas en cuentas en bancos mexicanos, de donde se emiten letras de crédito a bancos estadunidenses desde los que las corporaciones pueden comprar maquinaria pesada, equipo agrícola, grandes volúmenes de grano y alimento para animales de granja, y después esta mercancía es enviada de Estados Unidos a México, donde es vendida. Este procedimiento, empleado por los cárteles, tiene la apariencia de ser operaciones comerciales y financieras legítimas''.

Investigaciones sobre blanqueo de dinero

En el transcurso de los últimos tres años, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzaron al menos 140 investigaciones sobre asuntos específicos de lavado de dinero, de los que no se informó en detalle ``para no entorpecer el curso de las investigaciones''.

En forma oficial, la Secretaría de Hacienda aclaró a La Jornada que, efectivamente, había 10 querellas sobre presuntos casos de lavado de dinero presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

``Se obtuvieron resultados satisfactorios en dos investigaciones coordinadas con los Estados Unidos de América, de los cuales no se proporcionan los nombres para no entorpecer los procedimientos, habiéndose dictado en ambos casos sentencia en dicho país''.

Mientras, la CNBV admitió en abril pasado la existencia de 115 posibles casos de lavado de dinero en el sistema bancario nacional que eran investigados por las autoridades correspondientes, sin que hasta ahora se haya informado sobre el avance de las pesquisas.

A estos casos se suman por lo menos otras 12 investigaciones conjuntas iniciadas en 1994 por las autoridades de México y de Estados Unidos, en las que se presumía la complicidad de empleados bancarios de los dos países para blanquear fondos producto del tráfico de drogas.

En 1996 el Congreso mexicano aprobó una legislación contra el crimen organizado, en el que por primera vez el lavado de dinero fue tipificado como un delito federal.

Además, en abril pasado las autoridades emitieron un ordenamiento para obligar a los bancos a informar sobre operaciones sospechosas y establecer normas de identificación de sus clientes, y las instituciones debieron empezar la elaboración de informes trimestrales sobre ``operaciones preocupantes'' consideradas como tales todas aquellas que implicaran transacciones superiores a 10 mil dólares.

Los manuales que los bancos debieron elaborar para prevenir este tipo de transacciones aún no están concluidos. Hasta ahora, las autoridades no han logrado probar un solo caso de lavado de dinero en bancos e instituciones financieras del país.

Pero las investigaciones realizadas por el FBI --citadas en el estudio del profesor Pincomb-- concluyen que esas operaciones ilícitas en ``algunas ocasiones'' han involucrado a ``influyentes hombres de finanzas de México''.

30 mil mdd al año, por narcotráfico

La Procuraduría General de la República (PGR) estima oficialmente en 30 mil millones de dólares el ingreso anual bruto de divisas producto del narcotráfico, una cantidad equivalente al 7.5 por ciento de los 400 mil millones de dólares en que la Organización de las Naciones Unidas calcula el volumen de capitales que se mueven por el mundo y que tienen su origen en el tráfico de drogas.

Informes de la PGR revelan con claridad: ``Nos encontramos, en efecto, con un crimen organizado formado en gran parte por las organizaciones para narcotráfico, entre las cuales destacan los cárteles de Tijuana, Juárez, del Pacífico y del Golfo, de los que importantes miembros han sido ya objeto de procesos, sin que a la fecha hayan podido ser desarticulados totalmente''.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México ``se ha convertido en uno de los más importantes centros de lavado de dinero en el continente americano''.

En los últimos años, señala la Procuraduría General de la República, los hechos muestran que los ``ajustes de cuentas'' y la disputa entre cárteles para controlar la ruta del Pacífico han ocasionado más de 170 muertos (en los que no se consideran los de los últimos dos meses), a lo que habrá que agregar los fallecimientos que se dan en enfrentamientos con los grupos de seguridad pública tanto federales como locales, ``los que han sufrido bajas muy considerables y lamentables''.

Pero hasta ahora las autoridades mexicanas no han logrado probar ni un caso de lavado de dinero en el sistema financiero nacional.

Mientras, en los últimos nueve años se han cometido cerca de 800 secuestros de empresarios y otras personalidades en el territorio nacional, y a 35 militares de alto rango --incluido quien fuera jefe del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Jesús Gutiérrez Rebollo-- se les siguen procesos por presunta complicidad con narcotraficantes.

Antonio Castellanos Ť La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría Fiscal y la Asociación de Banqueros de México (ABM), establecerá un banco de datos para detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero, sobre las que se están haciendo unas 200 investigaciones.

El secreto bancario prevalecerá.

Asimismo, se mantendrá una estrecha cooperación con el gobierno de Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro otorgó un apoyo de 10 millones de dólares para adquirir equipo de cómputo que servirá para cruzar información y detectar operaciones irregulares. También intercambiarán datos de carácter fiscal.

Estas acciones se sumarán a las puestas en vigor en mayo pasado en casas de cambio y de bolsa, así como en instituciones bancarias para prevenir y detectar operaciones con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito.

El objetivo central del gobierno federal es combatir la utilización de las casas de cambio, de bolsa o instituciones financieras por parte de personas u organizaciones que aprovechen ilícitamente el régimen legal para distorsionar o encubrir operaciones relacionadas con blanqueo de dinero.

Para fortalecer estas disposiciones los bancos deberán presentar a las autoridades hacendarias, a más tardar el primero de septiembre, los manuales sobre operaciones que excedan la cantidad equivalente a 10 mil dólares, o sea, 80 mil pesos aproximadamente.

A fin de evitar distorsiones en el mercado, las instituciones mencionadas serán estrictas en la aplicación de las reglas dispuestas por el gobierno federal para identificar plenamente a quienes hacen los depósitos o transacciones, en tanto se completa el banco de datos citado.

Las autoridades hacendarias reconocen, sin embargo, que todas las medidas están encaminadas a prevenir y reducir, en la medida que sea posible, el lavado de dinero, porque ``evitarlo, ni en los países más desarrollados se ha logrado''.

Al respecto, expertos en el mercado bursátil consultados sobre el riesgo de que en la Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado de derivados (de futuros) próximo a entrar en funcionamiento se pudiera lavar dinero, expusieron que en ninguna parte del mundo se ha podido eliminar esta posibilidad.

De acuerdo con el análisis de las autoridades del ramo, las instituciones financieras son el instrumento tradicional para canalizar recursos, transmitirlos o para depositarlos. Por ello, en todo el mundo se aprovecha a los bancos para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.

Un importante funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue interrogado sobre si en México se podría evitar el lavado de dinero y respondió: ``Se trata de combatirlo y de prevenirlo; evitarlo no lo han logrado ni los países más desarrollados. Se trata de desincentivar que nuestro sistema financiero, por ausencia de normatividad, se vuelva atractivo para los lavadores''.