Todo intento por cuantificar una actividad clandestina es, necesariamente, especulativo, y los números que las instituciones nacionales e internacionales manejan para dimensionar el tráfico de drogas -cantidades de estupefacientes, volúmenes de ventas y cifras de ganancias- no son la excepción. Pero existen elementos de juicio para calcular, al menos, los rangos de magnitud de este negocio ilícito y de sus dividendos. Con base en tales elementos, la mayoría de las fuentes concuerdan en que los cárteles de la droga introducen anualmente al sistema financiero internacional cientos de miles de millones de dólares, en tanto que en México el flujo correspondiente es del orden de las decenas de miles de millones.

Aun ante la imposibilidad de determinar de manera más precisa los volúmenes de dinero producto del narcotráfico, si se tomaran como buenos los rangos más bajos -esto es, cien mil y diez mil millones de dólares, respectivamente-, sería inevitable concluir que una importante porción de los capitales que se mueven por los mercados financieros del mundo -incluidos los mexicanos- proceden de la producción, el trasiego y la venta de estupefacientes prohibidos. Tales sumas, a su vez, introducen obligadamente distorsiones significativas en las economías nacionales y en el sistema financiero mundial.

Es evidente que para los narcos resulta indispensable legalizar sus ganancias, y que para ello deben invertirlas, así sea de manera temporal y por tiempos muy breves, en instituciones, actividades o negocios lícitos, en una actividad que ha dado en llamarse lavado de dinero. En un contexto global en el que los capitales carecen de rostro, nombre y nacionalidad, las reglas y los volúmenes de operación de los centros bursátiles, bancarios y cambiarios del planeta permiten que las operaciones de legalización pasen inadvertidas entre los millones de transacciones legales que se realizan diariamente.

De esta forma, aunque cada vez son más las legislaciones nacionales que incorporan la tipificación penal del lavado de dinero -México hizo lo propio el año pasado-, y a pesar de las normas cada vez más estrictas para la fiscalización de las transacciones monetarias, la prevención y detección de los movimientos de dinero procedente de actividades ilícitas es una tarea ardua y de resultados magros. Así lo ilustra el dato de que de 140 investigaciones sobre lavado emprendidas por las autoridades hacendarias y bancarias de nuestro país en los últimos tres años, ninguna de ellas se ha traducido en acciones legales decisivas contra las mafias de la droga.

No parece haber, en consecuencia, una manera eficaz para evitar que las decenas o centenas de miles de millones de dólares procedentes del narco sigan fluyendo a las economías con casi completa impunidad, e incidiendo en ellas de manera inevitable.

Finalmente, resulta pertinente aplicar al sistema financiero mundial lo que se ha dicho acerca del mexicano y preguntarse qué pasaría si, en virtud de un súbito e improbable desmantelamiento de las redes de tráfico y distribución de drogas ilícitas, o debido a un repentino -e igualmente improbable- acuerdo multinacional para despenalizar las drogas, desaparecieran de golpe cien mil millones de dólares de los mercados bursátiles, monetarios y bancarios internacionales.