Firmó Clinton la ley de presupuesto balanceado para los próximos 7 años

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 5 de agosto Ť Ante un público de líderes legislativos como testigos, el presidente Bill Clinton firmó hoy en ley un plan de cinco años para un presupuesto federal que los políticos aquí califican como un acto ``histórico'' de responsabilidad fiscal, pero que varios economistas critican como un avance poco significativo o incluso negativo.

``Para muchos americanos, lo que ocurre aquí en Washington frecuentemente parece abstracto y alejado, no relacionado con sus preocupaciones cotidianas'', declaró Clinton. ``Este presupuesto balanceado aborda los grandes temas del déficit y el crecimiento económico a largo plazo en formas que responden a los desafíos prácticos que enfrentan cada día los ciudadanos americanos ordinarios''.

La parte central de esta ley --que requirió mil páginas-- es un plan financiero que balanceará el presupuesto federal dentro de los próximos cinco años por primera vez en tres décadas; al respecto, Clinton sugirió hoy que ahora el déficit del presupuesto estadunidense se encuentra entre los más pequeños del mundo industrializado. ``Podemos afirmar con orgullo y certidumbre que aquellos que veían una puesta del sol sobre America estaban equivocados'', sostuvo Clinton. ``De nuevo está amaneciendo sobre America'', expresó.

Con las encuestas de opinión registrando que 80 por ciento de los estadunidenses apoya el objetivo de llegar a un presupuesto federal balanceado, los políticos de todas partes de esta capital estaban buscando sentarse en las primeras filas de la fiesta de hoy en la Casa Blanca para atestiguar la firma de la ley por Clinton.

Ante unas 500 personas y una transmisión televisiva en vivo, Clinton, así como el presidente de la Cámara, el republicano Newt Gingrich, y el vicepresidente Al Gore declararon este acto como una victoria ``del pueblo'' y ejemplo concreto de cómo sí pueden funcionar bien las instituciones políticas de Washington.

Sin embargo, varios economistas indicaron hoy que el crédito para poder llegar a un presupuesto balanceado no debería ser asignado al acuerdo proclamado de hoy sino a una economía en auge. ``Los economistas han estado pronosticando que el presupuesto llegaría a ser balanceado aun sin cualquier cambio'', afirmó el economista Max Sawicky, del Instituto de Política Económica.

El ex funcionario de la Casa Blanca sobre asuntos del presupuesto, Robert Reischauer, añadió que hay muy poco en reducción del presupuesto en este acuerdo, y señaló que el déficit presupuestal de hecho se elevará en 1998 y 1999 antes de disminuir.

``Esto no logró ningún objetivo importante de política'', señaló el economista Sawicky en entrevista con La Jornada. ``El presidente y los líderes republicanos se sentaron y dividieron el botín de una economía creciente''.

De hecho, tanto los republicanos como los demócratas elogiaron los 152 mil millones de dólares en reducciones fiscales incluidas en el plan del presupuesto y lo describieron como un apoyo para las familias trabajadoras del país. Pero, según el grupo independiente Ciudadanos para Justicia Tributaria, 75 por ciento del valor en dólares de estos recortes de impuestos beneficiarán a quienes perciben ingresos mayores a 100 mil dólares anuales.

Más aumentos a los más pobres

``El uno por ciento más rico de nuestra población recibe una reducción de 16 mil dólares anuales en sus impuestos, mientras que el 20 por ciento más pobre tendrá un incremento en sus contribuciones'', informó Sawicky.

Expuso que, escondido en el complejo texto de esta gigantesca ley, sobre el presupuesto existen por lo menos 80 reducciones específicas en impuestos que benefician a grupos de interés de menos de 100 personas. Por ejemplo, un empresario de azúcar en Texas, Harold Simmons, logró obtener una disminución fiscal exclusiva para él con un valor de 63 millones de dólares. Y la Amway Company, la cual donó más de un millón de dólares al Partido Republicano el año pasado, recibe un decremento con valor de 280 millones de dólares.

Bajo una nueva autoridad otorgada al Ejecutivo el año pasado, el presidente tiene derecho a remover algunas de estas provisiones específicas de la ley en de los próximos cinco días y los asesores de Clinton señalaron que ello se está considerando, pero advirtieron que es poco probable que remueva la totalidad de las 80 provisiones que se han identificado como beneficio solamente para ``menos de 100 personas''.

Aun críticos como Sawicky reconocen que hay varios aspectos positivos en el nuevo plan, incluidas las reducciones en impuestos para familias que envían a sus hijos a universidad, a parejas con hijos menores de edad, la restauración para algunos inmigrantes legales de ciertos beneficios sociales que fueron eliminados el año pasado así como también más seguros de salud para los menores de edad. Pero Sawicky, entre otros, argumenta que, en general, el impacto de esta nueva ley es ``extensamente negativo''.

El conservador Heritage Institute aparentemente está de acuerdo con esta evaluación del economista progresista y hoy un vocero de esta organización dijo que el acuerdo firmado en ley este martes evita abordar todos los temas más difíciles, tal como anticipar la posible bancarrota del sistema federal para los jubilados. Varios grupos conservadores han indicado que con una gran parte de la población que estará llegando a edad de jubilación en los próximos 30 años el gobierno federal no tendrá la capacidad de otorgar beneficios para los ancianos, tal como se requiere por ley.

Una encuesta de opinión del Pew Center for Politics llevada a cabo este año sugirió que mientras una gran mayoría de los estadunidenses favorece un presupuesto balanceado, muchos de ellos creen que los políticos apoyarán acuerdos que ofrecen más beneficios financieros para los contribuyentes ricos que para la población en general.

El economista Sawicky señala que el acuerdo promulgado en ley este día sólo establece un marco para un acuerdo presupuestal de cinco años de duración. Por lo tanto, muchos de los detalles de su implementación tendrán que ser negociados entre el Congreso y la Casa Blanca, al definir las leyes anuales sobre el ingreso y egreso federal que tendrán que ser adoptados cada año.