Es improbable que el Estado mexicano pueda expedir la cédula de identidad ciudadana para el año 2000. Sobra capacidad técnica, tenemos voluntad política, pero nos falta el dinero. Sin embargo la posibilidad existe y se ha desencadenado ya un debate provocado por una investigación interesante de Mireya Cuéllar (La Jornada, 27 a 30 de julio, 1997). Si el Registro Nacional de Población (Renapo) dependiente de la Secretaría de Gobernación inscribirá a los ciudadanos, ¿quién controlará el registro de los electores? La respuesta oficial es contundente: el Renapo emitirá no sólo la cédula sino el padrón electoral y lo entregará al Instituto Federal Electoral (IFE) para que organice las elecciones. Nadie duda de la capacidad técnica de los funcionarios de Renapo. Pero si regresa el padrón al gobierno los partidos opositores volverán a impugnar el padrón y la ciudadanía desconfiará de él. Hay que recordar que hasta 1993 hubo indicios de fraude cibernético: adulteración y rasurado del registro electoral electrónico.
En 1997 cuando el IFE adquirió real autonomía, el padrón adquirió credibilidad y fue aprobado por todos los partidos. Como era lógico, el presidente del IFE y algunos consejeros electorales reclaman como su competencia el padrón. La ley les da la razón, pero lo más importante es una cuestión de imagen política: el enemigo mayor de las elecciones mexicanas ha sido la desconfianza. Por primera vez en una encuesta reciente el 70 por ciento de los ciudadanos expresaron que las elecciones federales de julio eran creíbles.
Es muy probable que pronto se desencadene una gran discusión pública sobre el tema. La solución no será fácil, quizás lo mejor sería integrar el Registro Nacional de Población, incluyendo la emisión de la cédula de identificación y el control de los censos y los registros civiles en un solo organismo administrativo autónomo, no gubernamental y poner éste bajo el control del IFE, modificando la ley y ampliando las facultades del Instituto y reorganizándolo. Sería el Registro Ciudadano. Como podrían no ser evidentes las razones de esta propuesta me permitiré enunciar algunas.
1) Las circunstancias son propicias para un acuerdo legislativo. La confianza en las elecciones son un gran valor de certeza jurídica, política y moral. Un registro ciudadano controlado por el gobierno federal ha preocupado desde hace muchas décadas a partidos y organizaciones democrátcas. El gobierno no ha desmantelado hasta hoy (que se sepa) su policía política, ni ha dejado de operar espionaje. No hay ningún instrumento para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto de los expedientes y registros, que el gobierno tiene en su poder y que le permiten conocer datos clave sobre la vida, movilidad y características de los ciudadanos. La emisión de la cédula ciudadana puede ser muy benéfica y también la información censal que pudiera obtenerse. Pero toda esta información debe ponerse bajo el resguardo de una institución integrada por ciudadanos independientes organizada con criterios básicamente técnicos y sin sello político.
2) El IFE ha adquirido eficiencia e imagen de imparcialidad, eficacia y certeza. Ninguna institución de Estado, no gubernamental, goza hoy de estos prestigios. ¿Por qué no poner bajo el control del IFE el Registro Nacional de Ciudadanos? El IFE cambiaría su nombre para convertirse en el Instituto Nacional Electoral y de Registro Ciudadano (o algo por el estilo). Esta institución tendría como objeto garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la calidad jurídica de éstos. El Instituto emitiría la cédula de identificación ciudadana para votar, el padrón electoral y las lístas. Se abarcaría además los registros de estado civil, se llevaría un control censal de los nacimientos y defunciones, se emitiría la certificación de ciudadanía, minoridad, incapacitación extranjera, con pleno valor legal. Se evitaría duplicidad, contradicciones y pugnas.
3) Por supuesto que el registro y su cabeza administrativa estarían sujetos al Consejo General del IFE. Los registros civiles de toda la república podrían quedar integrados. Los documentos que acreditaran el estado civil podrían expedirse en forma casi instantánea. Se podría tecnificar y sistematizar no sólo el proceso electoral, sino la modernización y automatización censal continua con estupendos resultados para la identificación personal y la estadística.
4) En nuestro continente son varios los países que han optado por integrar las funciones electoral y registral. Colombia ha desarrollado una excelente legislación y aparatos administrativos eficientes y prestigiados. En otros países estos organismos autónomos e integrados han funcionado mejor que sus alternativas. No existe ninguna razón, ni teórica ni técnica, que militara en contra de esta idea. En el caso de México, todos los recursos humanos y técnicos que trabajan eficientemente en el Renapo podrían ser integrados con relativa facilidad en el nuevo organismo.
Quizás las ventajas sean evidentes. Hay que reconocer la posibilidad de una furiosa resistencia en los feudos centrales de la burocracia. Pero estas resistencias son los costos inevitables de una verdadera modernización política y administrativa.