La próxima visita al país del relator especial contra la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Nigel Rodley, es un hecho relevante en la perspectiva de la lucha contra la impunidad y por la plena vigencia de los derechos humanos, un empeño inseparable, a su vez, de los procesos de normalización democrática y de construcción de un Estado de derecho en los que está comprometida la sociedad mexicana.
Cabe señalar, como elemento de contexto, que la promoción de los derechos humanos es uno de esos terrenos (como la ecología, los flujos migratorios, el comercio y las comunicaciones) en los cuales suelen presentarse conflictos entre los fenómenos globalizadores del mundo moderno y las soberanías nacionales. Prueba extrema de ello es el concepto de ``intervencionismo humanitario'' -acuñado por el fallecido Francois Mitterrand-, con el cual se pretendía justificar injerencias militares de Europa occidental y Estados Unidos en conflictos nacionales de Africa y del este europeo.
La presencia en nuestro país de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en cambio, no representa ningún riesgo para la vigencia de la soberanía nacional, no sólo por el carácter neutral, pacífico y no coercitivo de esa instancia, sino porque el Estado mexicano es miembro de ella y signatario de la Convención internacional contra la tortura. En consecuencia, no hay motivo para oponerse a la actuación del relator especial y de su equipo en nuestro país.
En otro sentido, ha de considerarse que en las últimas décadas las organizaciones civiles, las oposiciones políticas y, desde hace siete años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han conseguido importantes avances en la lucha contra los abusos de poder y la impunidad, así como por hacer respetar los derechos humanos pero, a pesar de ello, la tortura sigue siendo una práctica tan vigente como oprobiosa en el territorio nacional. Asimismo, debe tomarse en cuenta que si hasta 1994 la mayor parte de las denuncias de tortura señalaban a miembros de las corporaciones policiales, de entonces a la fecha, a partir del surgimiento de movimientos armados en el país, estas imputaciones involucran en una importante proporción a efectivos militares, y que si las organizaciones no gubernamentales y la CNDH han conseguido que se haga justicia y se evite la impunidad en sucesos que involucran a policías, ninguno de los abusos cometidos por elementos castrenses ha podido ser castigado conforme a derecho.
Significativamente, el relator de la ONU visitará, de acuerdo con la información disponible, regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en donde han ocurrido las más numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos militares, como en la Mixteca Alta, según lo consigna el Comité Regional de Derechos Humanos de la Mixteca (CRDHM), en información que se presenta en estas páginas.
Cabe esperar, en suma, que la presencia del funcionario internacional en México se traduzca en avances en la lucha contra la tortura y las violaciones a los derechos humanos en general y, con ello, en la construcción de una nación más justa y apegada a derecho.