La reciente reforma constitucional en materia electoral en el estado de Chihuahua resultó un fracaso. En un estado que ha tenido importantes avances electorales y que ha sido vanguardia de cambios políticos --que hoy se empiezan a generalizar en el país-- era esperable que una nueva reforma significara un mayor avance para consolidar un sistema político democrático. Pero no fue así. Este proceso es importante a nivel nacional porque fue el resultado de un gobierno dividido, como el que se va a iniciar en el país en las próximas semanas.

En 1992 el PAN gana la gubernatura y la mayoría en el Congreso local; en 1994 se hace una reforma integral a la Constitución del estado y se aprueba una nueva ley electoral, instrumentos que se ubican como de los más avanzados en el país; en las elecciones intermedias de 1995 el PRI gana la mayoría absoluta en el Congreso y se queda a un escaño de obtener la mayoría calificada y anuncia una nueva reforma política. Hoy en 1997, un año antes de las elecciones locales para renovar poderes, el PRI mayoritea una reforma con el voto PRD.

Frente a una reforma para este caso había al menos tres posibilidades: mejorar las reglas del juego electoral, afinar procedimientos, corregir fallas y errores, llenar huecos, inaugurar mecanismos; la otra posibilidad era una contrarreforma y convertir los avances en retrocesos para quedar como un punto negro en el país; y una tercera era entrar en una polarización entre los partidos y no lograr ninguna de las dos anteriores y, finalmente, hacer algunas modificaciones con poca sustancia, como en realidad ocurrió.

Hay un dato irrefutable: en 1995, con la reforma política, Chihuahua tuvo sus primeros comicios democráticos. De tal grado fue el cambio, que el partido que tiene el gobierno del estado perdió la mayoría en el congreso y varios ayuntamientos importantes y no hubo ningún conflicto poselectoral. Quedó comprobado que la reforma funcionó y que no tenía trucos ni trampas para beneficiar a ningún partido.

Cuando el PRI recupera el control del congreso establece una posición de confrontación con el ejecutivo panista y abre varios expedientes para hacer algunas contrarreformas, las cuales no llegan a aprobarse. Ahora el punto de conflicto fundamental de la reforma fue la composición del congreso y la distritación del estado. En 1994 se hizo una redistritación como parte de la anterior reforma, la cual tuvo como principio el de ``un ciudadano, un voto''; no se aumentaron los 18 distritos existentes, simplemente se eliminaron las diferencias de población entre unos y otros. Hoy el PRI quiso, de forma mañosa e injustificada desde un punto de vista poblacional, aumentar el número de diputados y mover la distritación de acuerdo a su conveniencia. Otra vez el mismo PRI de siempre con sus trucos, pero en esta ocasión, acompañado de un PRD oportunista y con visión de muy corto plazo (quizá podrá tener un plurinominal más), hicieron una reforma constitucional a espaldas de la sociedad, sin ninguna consulta, ni sensibilidad política.

Hay al menos dos razones para entender esta reforma gris: el PRI es cada vez más un partido que concentra sus bastiones en zonas rurales y por lo tanto ``necesita'' más distritos en esas ubicaciones; la otra es que como grupo mayoritario en el congreso, después de haber hecho un papel legislativo de poca relevancia para la sociedad durante estos dos años, necesitaba hacer una iniciativa ruidosa que justificara su carácter de mayoría. Bajo la vieja consigna de ``redistrita y vencerás'' el PRI quiso mover el mapa chihuahuense, afortunadamente se logró que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) el que haga el trabajo técnico de esta modificación; ahora habrá 22 diputados de mayoría relativa y 11 de representación proporcional; antes eran 18 de mayoría y hasta 13 de representación proporcional; habrá que ver cómo los acomoda el IFE. Un indicador claro de que no se justificaban más diputaciones es que en la última redistritación federal Chihuahua perdió un distrito y se quedó sólo con 9. Otro de los cambios ``fundamentales'' fue aumentar de 1.5 a 2 por ciento el mínimo para tener plurinominales y establecer que no puede haber más del 70 por ciento de un género en la lista de candidaturas, como si este problema fuera materia constitucional.

Las reacciones sociales han sido negativas, no sólo porque se incrementarán sin necesidad los costos del congreso en más de un 37 por ciento de su presupuesto, sino porque la sociedad observó cómo el PRI y el PRD jugaron a las cartas en una mesa cerrada y con una lógica excluyente que respondió a sus intereses muy particulares. Estos partidos no se han dado cuenta de dos cosas: por una parte, que los tiempos ya cambiaron y que el que manda es el ciudadano; y por la otra, que ya no es con trucos como se llega al gobierno, sino con votos.