La agresión de que fueron víctimas en Cuernavaca más de 200 jóvenes aspirantes a ingresar a la Escuela Normal de Amilcingo por parte de las policías municipal y estatal es un hecho que lastima a la conciencia nacional. Por principio de cuentas, es inadmisible que las fuerzas del orden público ataquen a personas que se manifiestan de manera pacífica en uso de sus derechos constitucionales, independientemente de su origen, filiación política y demandas. Pero en este caso se trató de unas mexicanas pobres, marginadas, indígenas muchas de ellas, menores de edad; todo lo cual, aunado a su condición de mujeres, las hace representantes de la máxima indefensión social. Ciertamente, en el episodio referido se conjugan factores problemáticos que conciernen a ámbitos distintos del morelense: una sobredemanda estudiantil en el país y un sistema educativo insuficiente, que deben ser resueltos por los gobiernos federal y estatales como los de Puebla, Oaxaca y Guerrero, de donde procede la mayoría de las jóvenes demandantes; corresponde a las autoridades estatales de Morelos y a las municipales de Cuernavaca, en cambio, la responsabilidad por la agresión contra unas muchachas que están pidiendo entrar a una escuela para convertirse en educadoras, y a las cuales se da trato de delincuentes.

Este acto ratifica el descrédito de las corporaciones policiacas estatales, las cuales recurren con deplorable frecuencia al abuso de poder y a los ataques a la ciudadanía, especialmente los segmentos de ella más desfavorecidos en lo económico y en lo social. Ante esta nueva extralimitación de funciones, resulta imperativo que las autoridades estatales y municipales investiguen las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la agresión y sancionen conforme a derecho a los responsables materiales e intelectuales de esta acción, sean quienes sean, e independientemente del rango que ostenten. Es necesario, también, que se avance en el saneamiento de las corporaciones policiacas locales y que se les capacite para servir a la población y para combatir la delincuencia, no para agredir a la ciudadanía.

Asimismo, debe evitarse que se genere una confrontación entre estudiantes morelenses y aspirantes de otros estados de la República, así como eliminar criterios de ingreso que pudieran resultar discriminatorios en los planteles educativos de Morelos.

Finalmente, en el ámbito nacional, la violencia, la intolerancia y la exclusión contra estas muchachas deseosas de estudiar para educar -y cuyo empeño resulta especialmente meritorio dadas las condiciones sociales en las que se encuentran-, son incompatibles con la normalidad democrática y con el país de civismo, de leyes y de inclusión que estamos empeñados en construir. Esta agresión injustificada debiera obligarnos a todos -ciudadanos, instituciones gubernamentales, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de información- a redoblar los esfuerzos para forjar una nación en donde las niñas campesinas que aspiran a educarse y a educar no tengan que abandonar sus lugares de origen, dormir a la intemperie y enfrentar la brutalidad policiaca en aras de llevar adelante su anhelo.

En su séptima reunión, realizada en la ciudad brasileña de Porto Alegre --administrada por el Partido de los Trabajadores-, el Foro de Sao Paulo acaba de adoptar un perfil más definido. El foro, en donde se reúnen variados matices de la izquierda y la centroizquierda latinoamericanas y que efectuará su próxima sesión de 1998 en la ciudad de México gobernada por el PRD, ha optado por rechazar a los grupos extremistas y guerrilleros y por concentrar su preocupación política en las soluciones precisas para los problemas concretos, más que en debates teóricos sobre las vías para la independencia nacional y la liberación social.

Esta corriente concentra en el continente la mayoría de las fuerzas de la oposición progresista, pero es también una fuerza de gobierno. Por eso su peso político no puede ser ignorado por los poderes, como lo demuestra el hecho de que Cauhtémoc Cárdenas haya sido portavoz de los latinoamericanos en la reunión mundial de municipios realizada en Nueva York, antes incluso de asumir su cargo en México y de ser recibido por el presidente uruguayo. La alianza entre las oposiciones de centroizquierda argentinas (participantes en el foro) da a éstas, por otra parte, una posibilidad concreta de victoria en las elecciones de octubre próximo en ese país y la visita de Cárdenas al intendente de Buenos Aires (miembro del Partido Radical, de centroizquierda) adquiere un carácter simbólico en estas condiciones.

El intento de escapar del verbalismo extremista para sumar fuerzas sin sectarismos y, al mismo tiempo, administrar vastas concentraciones urbanas y regiones, abre nuevas perspectivas para la ampliación de la democracia y para dar algunas soluciones, aunque sea parciales, a los problemas sociales más urgentes de América Latina.

En esa opción existe, por supuesto, el peligro de crear falsas expectativas de cambio y engendrar posibles desilusiones. Pero lo esencial es que, lejos de darle un aspecto humano a la política económica del Fondo Monetario Internacional, de los gobiernos y de los grupos dominantes, el nuevo realismo político, si une las intenciones con la movilización democrática, crea espacios para la discusión de una alternativa económica y social y, sobre todo, permite ganar tiempo para la organización de firmes bases sociales para el cambio real que las sociedades latinoamericanas reclaman con su rechazo al llamado neoliberalismo.