Pretenden tipificar en Guanajuato el terrorismo como delito común

Manuel Carrillo, corresponsal, Guanajuato, Gto., 1o. de agosto Ť El Congreso local comenzó el análisis para establecer un nuevo Código Penal en el estado.

Legisladores de PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión de Régimen Interno, firmaron un documento de 25 artículos que abrogaría al código en vigor. En su exposición de motivos, los diputados aseguraron tener por objetivo realizar ``una reestructuración cualitativa, acorde con la realidad del quehacer cotidiano de la procuración de justicia''.

De aprobarse las propuestas, se derogaría la figura de infanticidio, que en el actual código aparece como ``homicidio atenuado''. En lo sucesivo, aquella mujer que para ocultar un nacimiento privara de la vida a su hijo, cometería ``homicidio calificado'', penado hasta con 30 años de prisión.

También se derogaría el aborto ``por honra'', y no recibiría pena atenuada la mujer que provocara o permitiera la muerte del producto de la concepción ``para ocultar su deshonra''.

En este caso, la sanción sería de hasta tres años de cárcel, misma que recibirían los médicos que en estos casos prestaran sus servicios para llevar a cabo la interrupción del embarazo.

En cuanto al delito de terrorismo, se establecería como tal a la ``realización de actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor o terror en la población para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad''.

En este caso la sanción sería de hasta 30 años de cárcel.

Por otra parte, se aprobó en forma unánime la autorización para que el gobierno del estado y los municipios se adhieran al Acuerdo de Beneficios Adicionales, firmado por la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Banqueros de México.

Como se recordará, el gobierno federal suscribió el pasado 28 de abril un Acuerdo de Beneficios Adicionales para todos los créditos reestructurados en el marco del Programa de Apoyo Crediticio a Entidades Federativas y Municipios.

Con esto se logra ampliar el plazo de la reestructura del crédito hasta en doce años adicionales, a través de fideicomisos. Además, se disminuye en términos reales el endeudamiento.