La decisión de Estados Unidos de reabrir la venta de armas a los países latinoamericanos no puede desvincularse del contexto geopolítico ni del geoeconómico y, por otro lado, engendra graves y legítimas preocupaciones. En el intento por fortalecer su industria de las armas, ante la competencia con Europa, Washington no vacila en contradecir las políticas neoliberales que propugna, las cuales condenan todo nacionalismo, al fomentar este nacionalismo extremo (el de las armas).

Pero el problema no termina con la producción de instrumentos de muerte y la reducción de los instrumentos de prolongación de la vida (hospitales, por ejemplo, o subvenciones para los más necesitados) como modo esencial de mantener altas las ganancias y de sostener una economía imperial. Junto a este elemento surgen también otros: vender armas a América Latina en el momento mismo en que Perú acaba de renovar su aeronáutica militar con el último modelo de los aviones rusos de guerra (Mig-29) a pesar de la protesta de Estados Unidos y de la presión de la embajada local de Washington, significa en realidad vender aviones, antes que nada, a Chile y a Ecuador, con efectos indudables no sólo sobre la economía de esos países, sino también sobre la paz en la región. Los militares argentinos, a su vez, después de la privatización y el cierre parcial de la industria aeronáutica y armamentista nacional, están planteando con urgencia la necesidad de rehacer la flota aérea casi desmantelada. Ahora bien, militares más armados quiere decir ejércitos con mayor autonomía política en el campo internacional y nacional; unificación de los armamentos es también unificación de las tecnologías, las ideologías y las técnicas, es decir, mayor dependencia del país que decide quién se arma o quién no lo podrá hacer. Este peligro debe ser vinculado, si se quiere mantener el espíritu alerta aun a costa de ser demasiado suspicaz, con la renovación de la teoría de la seguridad nacional a nivel de vastas regiones, planteada por los militares argentinos con acuerdo aparente del alto mando estadunidense, pues los mismos se arrogan el derecho de intervenir fuera de las fronteras en caso de disturbios políticos. ¿La conciencia de que se acaban los ``colchones'' de mediación ante los efectos sociales devastadores de la política económica preconizada por el Fondo Monetario Internacional y de que surgen cada vez más movimientos sociales de gran importancia política regional o continental (como el zapatismo, el Barzón, el movimiento brasileño de los Sin Tierra, las protestas sociales argentinas) provoca acaso un viraje hacia regímenes con fuertes hipotecas militares y conflictos locales desviacionistas de la atención pública? ¿Es fecundo el huevo de la serpiente?

Ayer se realizaron nuevos operativos contra la delincuencia en varias colonias de la ciudad de México. La movilización de casi tres mil agentes tiene un saldo de 240 detenidos hasta ahora. Ante la urgencia de solucionar la inseguridad urbana y con el argumento de que estas acciones se llevan a cabo con ``pleno respeto de los derechos humanos'', funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación anunciaron que continuarán por lo menos hasta terminar 1997 y que se extenderán al resto del territorio nacional. Esto será posible debido a que este año el presupuesto dedicado a combatir la delincuencia aumentará 700 veces.

Al mismo tiempo, las opiniones de expertos que alertan sobre los riesgos de la militarización de las funciones de seguridad pública también proliferan. La más sobresaliente, sin duda, es la del jurista Emilio Krieger. Desde su punto de vista, el actual gobierno de la capital estaría manipulando el rechazo de la ciudadanía a la delincuencia para conservar el control mediante el uso de la fuerza. Suposiciones como ésta descansan en antecedentes diversos. Es oportuno recordar que desde fines del año pasado se han realizado varios operativos similares y que en la delegación Ixtapalapa se asignaron soldados a las funciones de seguridad pública desde abril, en un ensayo que debía haber terminado hace dos meses, según el anuncio original, pero que en la práctica se ha extendido a otras demarcaciones.

Hace unos días, el procurador general Jorge Madrazo Cuéllar señaló que la participación del Ejército en el combate al narcotráfico es una medida transitoria que se lleva a cabo en tanto las fuerzas policiacas se capacitan para cumplir tales funciones. Sobre esta base, y ante la preocupación que ha despertado la utilización de efectivos militares en acciones contra la delincuencia urbana, debiera replantearse la estrategia en su conjunto.

Así lo imponen además los acontecimientos de la semana que termina. El juicio contra comandantes por presuntas asociaciones delictivas, las ejecuciones perpetradas en Guadalajara y las versiones del conocimiento del gobierno anterior sobre la infiltración del narcotráfico, señalan un preocupante deterioro de las instituciones del Estado. Ante ello, convendría poner fin a las medidas de fuerza y atender la opinión --y la razón-- de los diversos sectores de la población, tan preocupada como afectada por el poderío de las mafias en la política y la economía de México.