La Jornada 2 de agosto de 1997

Libera Washington el apoyo antinarco destinado a Bogotá

Reuter, Efe, Dpa, Afp, y Ap, Washington, 1o. de agosto Ť Estados Unidos desbloqueó hoy la ayuda antinarcóticos destinada a Colombia, luego de obtener el compromiso del gobierno de Bogotá de que supervisará su utilización por los militares para evitar violaciones a los derechos humanos.

El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Esguerra, y la asistente del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos, Jane Be-cker, firmaron un acuerdo que desbloquea una ayuda por 45 millones de dólares que otorgará esa dependencia, y 40 millones más del Pentágono en equipo para las fuerzas armadas y la policía colombiana para la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, despeja el camino para la asignación de otros 30 millones para equipar a la policía de colombiana, basado en un mandato especial que le otorga la ley de ayuda internacional estadunidense.

En Santafé de Bogotá, el presidente Ernesto Samper aseguró que no se negoció la soberanía de su país a Estados Unidos.

``Luchamos más de 60 días porque que- ríamos que quedara muy claro que Colombia está dispuesta a aceptar cualquier ayuda para ayudarnos a combatir el tráfico de drogas y que no se opone a los derechos humanos'', dijo.

Explicó que serán las autoridades colombianas las que denuncien y sancionen las violaciones a los derechos humanos y no las extranjeras.

Las exigencias estadunidenses habían sido rechazadas por el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, quien en su oportunidad advirtió que prefería no recibir la ayuda si ello equivalía a entregar la justicia colombiana a intereses foráneos.

Hoy, luego de la firma, el funcionario aseguró que no se cedió en el pacto, porque eso, dijo, no es un compromiso con Estados Unidos sino con Colombia.

Esguerra, de su lado, se mostró satisfecho con los términos del acuerdo y señaló que si hubiera denuncias de violación de los derechos humanos relacionada con la ayuda antinarcóticos, deberán investigarse y juzgarse por las autoridades colombianas y de acuerdo a las leyes colombianas.

En declaraciones desde Washington a la radio colombiana Caracol, Esguerra subrayó que en el memorando de entendimiento quedó claro que los derechos humanos son una preocupación común, y que deben ser las leyes de los dos países las que se apliquen a funcionarios de cada uno de ellos si incurriesen en delitos.

No obstante, la canciller María Emma Mejía admitió a la Afp que las condiciones para suscribir el acuerdo están enmarcadas dentro del espíritu de una ley estadunidense que ``impone condiciones de derechos humanos y su cumplimiento''.

``Por ley no podemos dar equipamiento ni unidades militares o de la policía en cualquier parte del mundo, a menos que tengamos la seguridad de que esas unidades no van cometer violación de los derechos humanos'', dijo Susan Sneyder, de la Unidad Internacional Antinarcóticos del Departamento de Estado.

Precisó que conforme con el documento firmado, Colombia se comprometió a cumplir ese objetivo y permitir el seguimiento por Estados Unidos del material suministrado. Bogotá, de su lado, deberá comunicar a Washington dónde se encuentra el material y cómo lo están utilizando.

Para el portavoz del Departamento de Estado, James Folye, el acuerdo fortalecerá los objetivos antinarcóticos y de derechos humanos en Colombia, mientras que el zar estadunidense antinarcóticos, general Jeffrey McCaffrey, comentó que es un paso positivo para el logro del éxito en la lucha común contra el narcotráfico que mantienen Estados Unidos, como país consumidor, y Colombia, como país productor.

Mientras, Colombia desmintió los rumores en el sentido de que la destitución del general Harold Bedoya como comandante de las fuerzas armadas se relacione con el acuerdo firmado hoy en Washington.

Samper dijo esta mañana, en el marco de una visita a Guatemala, su interés por aprovechar la experiencias en el proceso de paz guatemalteco, en su esfuerzo por resolver los conflictos internos de su país.

Durante un desayuno con su colega Alvaro Arzú, descartó que los procesos de paz sean iguales, pero señaló que en Colombia se pueden negociar los problemas sobre la reforma agraria, la humanización de la guerra y el petróleo en el futuro de la economía colombiana.

No descartó que en el proceso de paz colombiano participen las Naciones Unidas, como en el caso de Guatemala y tras señalar la urgencia de la paz en Colombia, planteó al necesidad de la participación de los países amigos, como sucedió en Guatemala.