Retira el Pentágono tropas de la frontera sur por ``falta de protección legal''

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 29 julio Ť El secretario de Defensa, William Cohen, ordenó hoy el retiro temporal de todas las tropas estadunidenses empleadas en actividades de reconocimiento y monitoreo a lo largo de la frontera con México, en respuesta al incidente ocurrido en mayo pasado, cuando un marine de Estados Unidos mató a un pastor de cabras de 18 años cerca de El Paso, Texas.

El anuncio del Pentágono llega justo un día antes de que un gran jurado en el poblado de Redford, Texas, comience a considerar si presenta cargos de homicidio contra los marines involucrados en el incidente en el que Esequiel Hernández, ciudadano estadunidense, fue acribillado. Los familiares de Hernández y los ciudadanos de Redford han dicho que aunque sí es importante que los responsables de la muerte sean sometidos al proceso judicial, la raíz del problema son las políticas diseñadas en Washington, que han llevado a una creciente militarización de la frontera.

El vocero del Pentágono, Ken Bacon, dijo hoy que la preocupación principal de los militares estadunidenses es que las tropas, que apoyan a las agencias de seguridad pública para proteger la frontera, carecen de una protección legal para realizar sus actividades. Como resultado, el jefe del Pentágono, Cohen, declaró hoy que ``hasta aviso próximo estoy retirando temporalmente la autorización para las misiones de reconocimiento terrestre y de detección, monitoreo y comunicación terrestre antidrogas por las fuerzas armadas de Estados Unidos a lo largo de la frontera suroeste''. Funcionarios en el Pentágono no ofrecieron precisiones sobre qué tan larga será la suspensión de estas operaciones así como su evaluación.

El teniente coronel Bill Reichert, un vocero para la Fuerza Conjunta de Tareas Seis en El Paso, que coordina las operaciones militares fronterizas, informó hoy a La Jornada que esta orden se traducirá en el retiro de todo el personal militar asignado en operaciones de reconocimiento y monitoreo a lo largo de la frontera. Unidades militares involucradas en actividades de ingeniería y construcción (construcción de bardas, instalación de lámparas y reparación de carreteras) continuarán con sus tareas. Reichert señaló que tres misiones programadas que involucran a 38 militares se cancelaron ya como resultado de la orden de Cohen y otras 12 misiones más programadas para las próximas dos semanas tendrán que ser canceladas si se mantiene vigente la nueva orden.

Las misiones canceladas involucran a grupos pequeños de soldados que llevan a cabo operaciones -de dos a tres semanas de duración- de reconocimiento y monitoreo en áreas particulares de la frontera donde se sospecha actividad relacionada con el narcotráfico. Fue precisamente una de estas unidades la que se encontró con Hernández el pasado 20 de mayo, cuando -según los marines- dispararon y mataron al joven pastor después de que éste supuestamente disparó dos veces su arma calibre .22 en su dirección.

Cuestionan reporte oficial

Los residentes de Redford rechazan esta versión, y hoy presentaron el informe sobre el caso elaborado por un investigador privado que contrataron y que contradice el reporte militar, citando a varios residentes que dijeron que no escucharon ningún disparo antes del disparo que mató a Hernández.

En una carta enviada al procurador local, un vocero de la comunidad de Redford, el reverendo Mel LaFollette, expresó su preocupación de que la investigación oficial del caso no incluyó entrevistas con residentes apropiados de la comunidad. Además, con la carta se le presenta al gobierno una copia del informe del investigador privado y LaFollette declara que ``la comunidad siente que hay otros altos funcionarios en la cadena de mando en las varias agencias superiores a estas personas de bajo rango que deberían de ser buscadas y hechas aceptar su responsabilidad''.

Scott Campbell, un vocero del Pentágono en Washington, confirmó hoy a La Jornada que la decisión para retirar las tropas de la frontera sí fue resultado del incidente en Redford. De hecho, las agencias de seguridad públicas locales de Texas han provocado la ira de los militares al sugerir que el cabo Clement Bañuelos, de los marines, quien disparó el tiro mortal contra Hernández, podría ser culpable de homicidio; fue este asunto el que forzó a que el Pentágono ordenara el retiro de su gente.

``Estamos preocupados de que los soldados y marines operando ahí cuenten con una protección legal adecuada'', explicó Bacon, el vocero del Pentágono, y precisó que ``de lo que estoy hablando se trata básicamente de su responsabilidad ante acción legal civil o criminal al desempeñar sus tareas... asignadas a ellos por los militares, y eso se tiene que aclarar''. Otro oficial del Pentágono explicó a La Jornada que los militares están preocupados porque sus soldados pudieran estar sujetos a las leyes civiles aun cuando estén cumpliendo de forma correcta con los procedimientos militares.

La vocera del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), Eyleen Schmidt, resaltó que las unidades militares y de la Guardia Nacional situadas en la frontera continuarán asistiendo en la construcción de bardas en las regiones de San Diego y Nogales, así como con un nuevo proyecto asociado con estas operaciones en la zona del río Grande en Texas. El SIN aún evalúa el posible impacto de un retiro total de los militares y, hasta hoy, no había asignado a más de sus agentes para asumir las tareas de los militares, las cuales, por ahora, quedan suspendidas.

El debate en Washington

La decisión del Pentágono, implementada sin anuncio desde fines de la semana pasada, ya está nutriendo aquí de nuevo el intenso debate sobre el uso de militares en la frontera para funciones de seguridad pública civil. El representante Lamar Smith, autor de la nueva ley de inmigración de 1996, sugirió hoy que esta nueva decisión del Pentágono sólo es una prueba más de que la administración del presidente Bill Clinton en verdad no está comprometida en proteger las fronteras del país.

Pero María Jiménez, del proyecto de monitoreo fronterizo del Comité Americano de Amigos (cuaqueros) en Houston, calificó la decisión como ``un primer paso'' hacia una posible desmilitarización de la frontera. Pero advirtió, en entrevista con La Jornada, que se trata por ahora de un retiro ``temporal'' y dijo que su organización cree que se necesita separar por completo a los militares de las funciones de seguridad pública civil.