En capilla, otro ex comandante en Sonora: fuentes castrenses

Jesús Aranda Ť Además de los 34 militares y ex militares sujetos a proceso judicial por sus posibles vínculos con el narcotráfico, están bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, Antonio Ramón Mimendi y Raúl Morales Morales, ex comandantes de guarnición de San Luis Río Colorado, Sonora, por su posible participación en delitos contra la salud, confirmaron fuentes castrenses.

En tanto, la publicación de archivos confidenciales del Ejército Mexicano en el que se mencionan oficiales de alto rango que en su momento fueron compañeros en el Heroico Colegio Militar, o a quienes en el medio castrense se les atribuye relación de amistad con el titular de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, generó reacciones encontradas entre altos oficiales cuestionados al respecto.

Para unos, el enjuiciamiento y señalamiento de altos mandos castrenses de estar vinculados con el narcotráfico revela la voluntad del secretario de la Defensa Nacional de combatir este problema ``caiga quien caiga''. En este contexto, subrayaron que el simple hecho de que se investigara internamente su posible partici- pación en ese tipo de delitos es un avance en sí mismo.

Para otros, sin embargo, resulta inédito el señalamiento público, porque contraría los métodos tradicionales en el Ejército Mexicano de ocultar problemas de corrupción para evitar dañar la imagen del instituto armado. De esta forma, destacaron los informantes la mención que se hace en la información publicada respecto del ex secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, sobre todo por el cargo que ocupó y por las consecuencias que tendría un señalamiento en su contra de parte de las autoridades militares.

Al respecto, se comentó que en medios castrenses la información señala que el militar en retiro no está involucrado en acciones ilícitas, aunque en su momento corrieron rumores incriminatorios contra uno de sus hijos cuando fungió como Ministerio Público en una ciudad fronteriza.

Sin embargo, precisaron las fuentes que dichas versiones no fueron confirmadas por ninguna autoridad.

De acuerdo con la información difundida por la Sedena sobre los nombres de militares involucrados en información publicada por el semanario Proceso, se asegura que ``ninguna de las personas mencionadas cumple función alguna de mando en el Estado Mayor y que en los casos conducentes prosiguen las investigaciones''. Sin embargo, datos oficiales de la dependencia revelan que algunos de éstos cumplen altos cargos.

Llama la atención el caso del general de división José Angel García Elizalde, quien según datos oficiales se desempeña en la Dirección General de Personal y es ``uno de los generales consentidos'' del ex secretario Arévalo Gardoqui.

Destacan también el general de división Francisco Quiroz Hermosillo, de la Dirección General de Transportes Militares, y el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, quien de acuerdo con información de la propia dependencia está asignado a funciones en el Campo Militar número 1.

Por otro lado, en la información mencionada se menciona a los ``generales'' Demetrio García Rojas y ``Tapia'', sin embargo en la lista oficial de personal del Ejército no aparece ningún elemento de ese rango con esos nombres.

Respecto de los generales de brigada, Antonio Ramón Mimendi y Raúl Morales Morales, ambos son investigados en relación con la ``desaparación'' de cerca de cuatro toneladas de cocaína de la delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con la información obtenida, el proceso en su contra tiene como finalidad establecer si alguno de ellos incurrió en alguna falta, particularmente en el caso de Ramón Mimendi, quien de acuerdo ccon criterios establecidos, al ser comandante en ese entonces de la guarnición, debió mantener la droga decomisada en el cuartel para su seguridad.

En el caso de Morales Morales, éste es investigado en virtud de que había dejado el cargo apenas mes y medio antes de los hechos.

Podrían purgar dos años de prisión los militares que sustrajeron información

En otro orden de ideas, trascendió que el coronel Pablo Castellanos García y el capitán Miguel Angel Hernández Torres, acusados en la causa penal 251/97 de ha-ber sustraído información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, podrían acreditar sólo dos años de prisión.

De acuerdo con el artículo 338 del Código de Justitica Miltar, ambos oficiales habrían incurrido en el ilícito de revelar información oficial reservada y la pena prevista es de dos años de prisión en tiempo de paz, mientras que en tiempo de guerra, que no es el caso, esa falta se sanciona hasta con la pena de muerte.

Asimismo, fuentes oficiales rechazaron que con motivo de la publicación de militares involucrados con el narcotráfico se haya celebrado en la sede de la Defensa Nacional una reunión ``extraordinaria'' de los comandantes de región y zonas militares del país. Negaron también que se haya suspendido el domingo pasado el día franco del personal que labora en la sede principal de la dependencia.