Entre las ausencias notables en la fiesta del pasado 6 de julio destaca una: la de los pueblos indios. Curiosa paradoja: quienes con su lucha durante los últimos tres años y medio abrieron amplios caminos para transitar a la democracia, no participaron en la celebración de la caída de una parte del muro autoritario.

Las razones que explican esta ausencia son diversas. Unas se refieren al marco electoral en el que se realizaron los pasados comicios. Otras tienen que ver con la naturaleza de las relaciones de dominación en los territorios indígenas. Una tercera se desprende del tipo de vínculos que los partidos políticos han construido con el movimiento indígena. Finalmente, otras más provienen de las posiciones políticas del nuevo liderazgo indio.

El 17 de enero de 1995, los cuatro partidos con registro firmaron los Compromisos para un Acuerdo Político Nacional, punto de arranque para negociar una nueva reforma electoral. Año y medio después, el 25 de julio de 1996, los mismos actores signaron en Palacio Nacional la iniciativa de cambios a la Constitución en materia electoral. A pesar de que entre estas dos fechas se habían aprobado los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena (16 de febrero de 1996), ninguna de las demandas de los pueblos indios allí plasmadas fue incorporada a la nueva legislación.

De la misma manera, el 31 de julio de 1996 el Consejo General del IFE aprobó por unanimidad una nueva redistritación electoral del país, que no contempló la necesidad de hacer coincidir los distritos electorales con los asentamientos poblacionales indígenas. Esto, a pesar de que en el Pronunciamiento Conjunto de los Acuerdos de San Andrés se establece el compromiso de ``legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales: incorporando nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas''.

Con una ley electoral que protege el monopolio de los partidos para participar electoralmente y para asumir la representación política de ciudadanos y pueblos, y que no permite la existencia de candidaturas ciudadanas ni otros mecanismos de representación, y una distritación electoral que diluye el peso específico de la población indígena, se impide que los pueblos indios tengan representantes en el Congreso.

Como lo muestran diversas evaluaciones de los pasados comicios, fue en el sur y en el sureste del país donde el proceso electoral tuvo los menores niveles de transparencia y limpieza. Estas son las regiones donde vive la mayoría de los pueblos indios. Allí se concentró la coacción y compra de votos (el voto del hambre). Allí actúan caciques y programas gubernamentales contra la pobreza, eficazmente aplicados en tiempos electorales. Allí se ha intensificado la militarización. Tradicionalmente, las elecciones para diputados y senadores están lejos de provocar el interés que tienen los comicios municipales. No en balde, este 6 de julio la abstención en Oaxaca fue de alrededor del 50 por ciento y en Chiapas de cerca del 65 por ciento.

En lo esencial, el tema indígena estuvo ausente durante la pasada contienda electoral. El incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés fue un tema soslayado por los candidatos. Prácticamente no se incluyeron indígenas en sus postulaciones, y quienes lograron una posición lo hicieron no como representantes del movimiento indígena como tal. El tiempo y la dedicación que los partidos invirtieron durante la campaña a entrevistarse con empresarios o clérigos, contrastó con el desinterés en reunirse con dirigentes indios. Aunque la actitud del PRD fue más abierta que la del resto de los partidos, estuvo muy por debajo de lo que una fuerza como la indígena merece.

En estas circunstancias, amplias franjas del movimiento indígena se mantuvieron al margen de los comicios. El Congreso Nacional Indígena --la organización india más amplia y representativa del país-- acordó ``no apoyar a ningún candidato, de ningún partido, en el actual proceso electoral'', dejando la decisión de participar o no a cada organización y pueblo en lo particular. Algunos, como, el Consejo Guerrerense 500 años, postuló un candidato con el PRD, mientras que otros, como el municipio de Ayutla mixe en Oaxaca, optó por no permitir que se instalaran casillas.

La Cámara de Diputados más plural en la historia reciente de México no contará, casi, con representantes indígenas. Ello debiera de ser motivo de preocupación. No habrá democracia (ni tampoco desarrollo) si se excluye de ella a una parte de la población. Un carro con una o dos llantas ponchadas no puede llegar muy lejos, por más entusiasmo que tengan algunos de sus pasajeros. La reforma indígena sigue siendo una asignatura pendiente.