Cada vez se conocen mejor los efectos adversos ocasionados en la salud de la población y el ambiente por el funcionamiento de las maquiladoras en la frontera norte de México. La presencia de estas empresas fue impulsada por el gobierno desde mediados de los años 60, como una forma de urbanizar e industrializar esa parte del territorio nacional, crear empleos y obtener divisas.

Con esa finalidad se permitió que diversas empresas se instalaran en sitios estratégicos a lo largo de los tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. En sus estudios sobre el tema, el investigador Jesús Tamayo sostiene que las maquiladoras han tenido importantes efectos positivos, pero también depredadores en la urbanización, la conformación demográfica, económica, social y política; en el ambiente y los recursos naturales de las regiones donde funcionan.

Baste, al respecto, señalar cómo la tasa de urbanización ha sido mayor que la creación local de infraestructura necesaria para el desarrollo. El deterioro es innegable y la demanda de vivienda, servicios públicos y equipamiento urbano es superior a la oferta que existe. Por otra parte, las maquiladoras han sabido aprovechar no solamente los bajos salarios de la mano de obra, sino que han incumplido las leyes ambientales, de salud y del trabajo. Con frecuencia importan temporalmente sustancias peligrosas, algunas prohibidas en su país de origen; además, pueden ser un riesgo para el entorno por sus sistemas tecnológicos ``sucios'', escasamente vigilados por nuestras autoridades, y que se expresan en la peligrosidad de los materiales utilizados, los residuos que se generan y el destino final de los mismos. Hay suficientes evidencias de la forma como en Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, algunas maquiladoras acumulan, a cielo abierto, o abandonan en terrenos baldíos sustancias tóxicas y peligrosas o las envían a las corrientes de agua.

Pero la tolerancia hacia las plantas maquiladoras también daña seriamente uno de los componentes que le dan vida: la mano de obra femenina, de preferencia joven, que labora en la producción, ensamblaje y manejo de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos. Debido a las sustancias utilizadas en los procesos tecnológicos y a la carencia de medidas que garanticen su calidad de vida, junto con sus hijos terminan afectadas en su salud. Es un asunto sabido por los dueños de las plantas, los líderes sindicales y el gobierno mexicano.

Un triste ejemplo de daño data de principios de los años 80: la Mallory Capacitor Company.

Cuando las madres trabajadoras de esta empresa, filial de Duracell International, dieron a luz a 42 niños con malformaciones, nunca pensaron que se debía a los bifeniles policlorinados (PCBs) a los que estuvieron expuestas sin protección ni advertencia en una maquiladora de Matamoros. La planta, demandada ante los tribunales de Texas por los daños ocasionados, abandonó el país sin que fuera llamada a cuenta por nuestras autoridades. Por su parte, Catalina Dennman demostró cómo de los 63 productos tóxicos con mayor riesgo utilizados por las maquiladoras de Nogales, 27 estaban severamente restringidos en el vecino país del norte.

Podría alegarse que eso fue en el pasado, que la legislación ambiental, de salud y de trabajo se aplica ya estrictamente. No es así, como lo ilustró nuestro corresponsal en Tijuana, Jorge Alberto Cornejo, en sus envíos del 19 y 20 de julio pasado. A las mujeres se les discrimina, les niegan el trabajo si están embarazadas, las obligan a someterse a métodos de control natal, y laboran sin las normas de protección obligatorias cuando se trata de sustancias tóxicas y peligrosas. También Cornejo describe la alta contaminación registrada en algunas áreas ubicadas al sur de la zona industrial tijuanense y que se expresa en deterioro del medio, la salud y la calidad de vida de la población.

Llama la atención que mientras las autoridades de Estados Unidos dicen que lo que sucede en Tijuana es una violación a las leyes laborales de México y a los acuerdos en materia de derechos humanos, seguridad en el trabajo y medio ambiente pactados por los integrantes del TLC, las nuestras toleran una situación que contradice el consabido discurso oficial de garantizar la salud, el empleo y la calidad de vida de la población, de crecer sin deteriorar. ¿Cuándo será realidad?.