Para los mexicanos que hemos seguido con atención el proceso de paz en el sureste mexicano, suena demasiado contradictorio pedir al EZLN la reanudación del diálogo, cuando la presente situación de crisis es atribuible al propio presidente Zedillo, por haber rechazado la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos indígenas planteada por la Cocopa. También resulta incomprensible cómo una ``rebeldía retórica'' puede estar rodeada por más de 30 mil efectivos militares en la denominada zona de conflicto y en múltiples regiones indígenas de nuestro país.

De igual manera es ofensivo que el señor Zedillo se siga mostrando ciego ante las iniciativas indígenas y persista en su afán de continuar confundiendo a la sociedad nacional e internacional. ¿O quién con todo rigor ha planteado trastocar y pretender modificar los principios de la soberanía, la integridad del territorio y la unidad nacional? Nadie, a excepción de los fantasmas que el gobierno federal ha creado artificialmente para justificar su falta de voluntad.

Ante esta situación vale la pena seguir aclarando dos cuestiones fundamentales:

1. Los pueblos indígenas mexicanos hemos dicho ``sí a la autonomía indígena'' como la fórmula eficaz para que seamos tomados en cuenta en el ámbito de las entidades federativas y de la Federación. En esta dirección planteamos la autonomía indígena en el marco del Estado mexicano y no fuera de él. Aquí es donde resulta fundamental distinguir la autonomía con el concepto de soberanía, pues mientras el primero es una facultad que corresponde a los pueblos dentro del ámbito de un Estado, el segundo se refiere básicamente a la potestad suprema que tienen los Estados nacionales.

Debe estar seguro, señor Zedillo, que no pretendemos modificar el principio de la soberanía nacional, sino reforzarla de una manera profunda y benéfica mediante la propuesta de autonomía, que vista de otra manera no es más que un auténtico proceso de descentralización y descentralismo que su gobierno tanto ha anunciado.

2. A la par, nuestra demanda autonómica ha ido acompañada con una fuerte exigencia relacionada con el espacio físico en el cual reproducimos nuestra vida y cultura. En términos globales, el Convenio 169 de la OIT ha categorizado esta exigencia mediante el concepto de ``tierras y territorios'' y la ha definido jurídicamente como ``la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera''. Estas conceptualizaciones se recogen fielmente en los acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de la Cocopa, y no plantean, de ninguna manera, la desintegración territorial puesto que se acota claramente el ejercicio de este derecho a todo aquello cuyo dominio directo corresponda a la nación, tal como lo estatuye el actual artículo 27 de la Constitución.

Bajo esta argumentación, nadie plantea ni ``negociar la soberanía nacional'', ni la desintegración territorial, ni existe en el fondo pretensiones de divisiones o balcanización nacional. Por el contrario, se propone el fortalecimiento de la soberanía nacional, el acrecentamiento de una auténtica integración territorial y de una renovada unidad nacional basada en el reconocimiento de la diversidad.

Si el señor Zedillo y las fuerzas mayoritarias del Estado no han comprendido la razón y fuerza de estos argumentos, nuestra esperanza reside en el futuro panorama político que hoy se pinta más o menos alentador para todos los mexicanos. Una auténtica separación de los poderes del Estado y, en consecuencia, un juego más democrático al interior del Congreso, deberá permitir que impere la fuerza de la razón y de los argumentos fundados, y no de la retórica incongruente, prepotente e insultante.

Por eso el gran reto de los nuevos legisladores de los diversos partidos políticos que habrán de integrar el Congreso de la Unión, consistirá en retomar con seriedad los acuerdos de San Andrés para convertirlos en principios constitucionales, tal como lo ha planteado la Cocopa. De igual manera, tendrán que reflexionar y plantearse seriamente la representación indígena en el seno del Poder Legislativo, bajo fórmulas y procedimientos que vayan acordes a la realidad de los pueblos indígenas. De lo contrario, el pensamiento y la voz indígena en las instancias de debate y decisión nacional seguirán siendo la ``voz muerta del siglo y la parte roja de la conciencia nacional''.

De esta manera, el movimiento indígena independiente y, seguramente el EZLN, no habremos de permitir que se renegocien acuerdos ya suscritos y compromisos de reformas constitucionales ya adquiridos. Tampoco habremos de permitir que las pretensiones de confusión de la opinión pública sigan avanzando para tergiversar nuestras auténticas demandas. El camino que ya se recorrió es eso, un camino recorrido. La palabra cumplida es para nosotros regla de oro. Y en esta ocasión, no podemos negar la palabra consensada en San Andrés, sino que la habremos de defender hasta las últimas consecuencias.