Juicio político a Figueroa, posible en la 57 Legislatura

Alma E. Muñoz y Elizabeth Velasco C. Ť Con la actual correlación de fuerzas políticas en la 57 Legislatura, la oposición puede solicitar otra vez la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sujetar a juicio político al gobernador con licencia Rubén Figueroa, pues nuevos elementos lo implican como presunto responsable de la matanza de Aguas Blancas, sostuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Oscar González.

Por su lado, organismos no gubernamentales consideran que a poco más de dos años de los cruentos hechos en el vado es de ``suma gravedad'' que los gobiernos federal y estatal establezcan ``medidas anticonstitucionales para intensificar las agresiones y el hostigamiento de militares, policías y bandas paramilitares contra la población civil'', pese a las evidencias del asesinato de 17 campesinos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sostuvo que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccatti, debe insistir en el cumplimiento puntual y pleno de la recomendación 104/75, surgida de las observaciones que en 1995 hizo esa comisión que pedía someter a juicio político al gobernador con licencia.

González Yáñez sostuvo que las afirmaciones de los ex policías sentenciados -quienes aceptaron ser encarcelados a petición de sus superiores que les prometieron una sentencia corta, así como casas y dinero- aportan nuevos elementos para investigar al gobernador y a su secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán.

Pese a que ``la SCJN ya intervino a petición del presidente Ernesto Zedillo, su resolución fue muy tibia y tímida, pues no se hizo nada y todo se dejó en manos de las autoridades estatales'', pero hoy la oposición tiene la oportunidad de retomar el caso en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Comité Nacional Independiente (CNI), integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos-Desaparecidos ante la ONU, destaca entre sus informes que en el estado más de 45 mil soldados establecieron Bases de Operaciones Mixtas, campamentos, retenes móviles y fijos para realizar detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas sin considerar edad o género. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció desde el principio, una investigación ``viciada y una impunidad dominante'' que comprueba la falta de voluntad política del gobierno para aclarar el caso.

Las declaraciones de los organismos no gubernamentales coinciden en que se agrava la violación a los derechos humanos con el incremento de la militarización no sólo en Guerrero sino a nivel nacional, lo que denuncian ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar su intervención en esos asuntos.

De acuerdo con la CNI que, según uno de sus coordinadores, Joel García Ruiz, recibe denuncias de agrupaciones campesinas de aquella entidad, principalmente de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS), la falta de esclarecimiento de los hechos comprueba una ``guerra no declarada contra las organizaciones políticas, campesinas e indígenas, sociales y populares, que sustentadas en los derechos que otorga la Constitución exigen solución civilizada a los graves problemas económicos, sociales y políticos del país''.

En su último informe sobre Guerrero recuerda que de 1988 a la fecha, más de 600 campesinos e indígenas fueron asesinados. De ellos, más de 500 eran militantes del PRD y ``más de cien ciudadanos han corrido la misma suerte a partir de la llegada de Angel Aguirre Rivero, actual gobernador del estado, quien se comprometiera a resolver los casos de desaparición forzada''.

Las respuestas que exigen para el caso, coinciden con las planteadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: establecer un juicio político y penal contra Rubén Figueroa Alcocer -gobernador en turno cuando ocurrió la masacre-, presentación con vida de detenidos-desaparecidos, principalmente de la OCSS; libertad a los presos políticos del país; desmilitarización inmediata en la República; cancelación de órdenes de aprehensión contra dirigentes y luchadores sociales, y respeto a los derechos humanos en México.

La OCSS denunció que en 1995 en Guerrero se registraron 113 acciones represivas y de violencia, sobre todo en la Costa Grande: 37 situaciones violentas, 88 violaciones individuales y 17 colectivas.

Carta a Zedillo para reabrir expediente

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 27 de julio Ť Más de 40 organizaciones campesinas, indígenas, magisteriales, partidistas y de derechos humanos, así como ex funcionarios de ayuntamientos de oposición y comisarios municipales y ejidales de todas las regiones del estado enviaron al presidente Ernesto Zedillo un oficio en el que exigen reabrir el caso Aguas Blancas ``para que se enjuicie y se castigue a los verdaderos responsables'' de la matanza.

La misiva, con copia para el gobernador Angel Aguirre -sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, a quien imputan la autoría intelectual del asesinato de 17 campesinos- demanda también la presentación con vida de desaparecidos políticos, desistimiento de órdenes de aprehensión contra disidentes, castigo a militares y policías que han violado las garantías individuales y esclarecimiento de homicidios de líderes que siguen impunes.