Investigan en el penal de Tijuana denuncias sobre tráfico de niños

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 27 de julio Ť La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una investigación relacionada con el posible tráfico de infantes en el interior de la Penitenciaría del Estado, donde aproximadamente 180 menores comparten el reclusorio con sus progenitores, además de unos 3 mil 700 delincuentes y criminales.

La investigación ordenada por el subprocurador general de Justicia en esta frontera, Jesús Alberto Osuna Lafarga, se lleva a cabo a partir de una denuncia interpuesta por una de las internas ante el director del penal, Alfredo de la Torre Márquez, en la que asegura que su hijo, de apenas tres días de nacido, fue vendido a un abogado que pagó a la madre de la reclusa, también detenida en ese mismo penal, 500 pesos por la criatura.

La investigación trata de determinar si en la presunta compra del menor están involucradas autoridades judiciales del estado pues pese a que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público del Fuero Común en la delegación de La Mesa por el propio director del penal el pasado 1o. de octubre de 1996, bajo el acta administrativa 712/11468, y recibida en la agencia ministerial a las 20 horas de ese mismo día, pasaron casi 10 meses sin que la querella fuera tomada en cuenta y se mantenía en el archivo muerto.

En su denuncia, la interna Maribel Mendoza Angulo, detenida en diciembre de 1995 por los delitos de robo calificado y daño en propiedad ajena, asegura que estando recluida en ese penal procreó un niño sano.

Una vez que nació el infante, en septiembre de 1996, un abogado que identifica como Eduardo Fontes la fue a visitar para proponerle ofrecer a su hijo en adopción con argumentos tales como que la criatura tendría un mejor hogar.

Ante la negativa de la madre le ofreció dinero, que también fue rechazado, por lo cual Fontes decidió tratar con la abuela del recién nacido la cual aceptó 500 pesos a cambio de su nieto.

Cuando el supuesto profesionista se llevó al menor, éste tenía apenas tres días de nacido y no estaba registrado. De hecho, las mismas autoridades penitenciarias desconocían del alumbramiento en el interior del penal y hasta la fecha tampoco ha quedado claro cómo el abogado logró sacar a la criatura del reclusorio.

El subprocurador de Justicia en la localidad, Jesús Alberto Osuna Lafarga, desconocía de esta denuncia y fue enterado apenas hace unos días cuando, a través de la corresponsalía de La Jornada, obtuvo una copia de la misma.

Al leer el documento, el funcionario de inmediato ordenó una investigación al respecto y turnó además el caso a la Visitaduría General del Estado para que esa instancia determine la sanción que por la omisión de sus responsabilidades tendrá que enfrentar el agente del Ministerio Público estatal que recibió la querella y nunca procedió a ordenar una investigación como correspondía.

Para activistas como Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, la denuncia representa una evidencia documentada de lo que por años ha sospechado, ``el tráfico de infantes mexicanos es una realidad'', afirma.

Según Clark Alfaro, durante el gobierno panista de Ernesto Ruffo Appel el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia entregó de manera sospechosa varios menores que eran atendidos en adopción en orfanatorios locales.

Casi todos los casos se hicieron de manera expedita y por un mismo grupo de abogados que, según el activista, ``parecían tener la concesión del negocio'', pero esa situación tampoco fue investigada nunca.