Miguel Concha
Democratización y pueblos indios

Si es verdad que la paz depende de la democratización del país, también es cierto que ésta se relaciona con el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Sin embargo, hoy sabemos que, en contraste con lo que sucedió en otras partes de la República, los comicios en Chiapas no brillaron precisamente por su legalidad y transparencia el pasado 6 de julio, y que los propios partidos no se hicieron eco en sus campañas de las reivindicaciones y demandas legítimas de nuestros indios. Tal parece que por razones estratégicas o tácticas electorales, se cayó deliberadamente en la trampa injusta y prefabricada de asociar éstas con la violencia, lo que no deja de ser un escándalo en un país constitucionalmente pluricultural, integrado por 56 etnias indígenas en más del 10 por ciento de su población.

Por ello también preocupan las últimas declaraciones del jefe (¿o simplemente ``representante''?) de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas, en el sentido de elaborar un nuevo texto jurídico de la reforma indígena, diferente al de la Cocopa, ``bajo el espíritu (sic) de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y con el ánimo de lograr una propuesta consensada por las partes'', convocando para ello a una nueva consulta nacional.

No hay que olvidar que los acuerdos de San Andrés fueron muy bien vistos en el seno de la OIT, justamente porque fueron negociados y discutidos entre el gobierno y los pueblos indígenas, como lo exige el artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y que, como lo declaró Ian Chambers, director de la oficina para la región del mencionado organismo internacional, es el gobierno mexicano el que está obligado a explicar dentro y fuera del país por qué no los aplica, tomando en cuenta que ``si hay acuerdo legítimo, hay que respetarlo'', como fundamento de todo derecho. Es pues el gobierno el que está obligado a cumplir con su palabra como un acto mínimo republicano. No hacerlo constituye un acto violento, que lesiona la voluntad del pueblo de resolver los conflictos por las vías del derecho, la democracia y la paz.

No hay que olvidar tampoco que dichos acuerdos fueron también firmados por todos los partidos políticos representados en el Congreso y en la Comisión de Concordia y Pacificación, en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, del 11 de marzo de 1995, la que por cierto reconoce en su artículo 1, párrafo 2, la legitimidad de las causas que originaron el levantamiento, y se compromete a promover dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales ``soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico''.

No hay que olvidar finalmente que la iniciativa de la Cocopa fue también consensada con el Congreso Nacional Indígena, y que tuvo en cuenta las conclusiones de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, convocada desde octubre de 1995 por la propia Secretaría de Gobernación. Por todo lo anterior, será muy mal vista, y podrá incluso sonar como insulto, una nueva consulta entre las comunidades indígenas, como lo propone el negociador para Chiapas.

De otra manera esta buena intención, por lo menos así en principio lo queremos creer, puede ser otra vez con razón interpretada como una nueva táctica dilatoria para no cumplir los compromisos con nuestros pueblos indios, más allá de la retórica jurídica, democratizadora y modernizadora.

Más bien pensamos que desde el Ejecutivo, quien después del 6 de julio puede reivindicarse como actor de la transición pacífica hacia la democracia en el país, tienen que darse señales claras de que se impulsará el cambio constitucional sobre derechos y cultura indígena, tomando muy seriamente en cuenta los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Pensamos también que deben anularse en Chiapas los resultados electorales en todos aquellos distritos en los que no se garantizó la legalidad, representatividad y universalidad de los comicios. Y que por encima de todo tienen que tomarse medidas concretas y unilaterales de distensión y desmilitarización, creando así condiciones verdaderas para la reanudación del diálogo.