La Jornada 25 de julio de 1997

Hostigan a los empleados electorales que testificaron sobre las ``prácticas fraudulentas'' del PRI en Campeche, acusa Sansores

Rosa Icela Rodríguez Ť La senadora Layda Sansores Sanromán, candidata del PRD a gobernadora de Campeche, denunció ayer el ``hostigamiento y actos de presión'' contra los tres testigos-empleados del Instituto Electoral Estatal que se atrevieron a denunciar ``las anomalías y prácticas fraudulentas en favor del candidato oficial'', José Antonio González Curi.

Informó que los campechanos Carlos Ferrer, Judith Esther Herrera y Marina Merodio han sido amenazados por poli-cías judiciales y por la lideresa priísta, Guadalupe Beltrán, quienes merodean sus domicilios, así como por funcionarios del organismo electoral que los amenazan ``con que retiren la denuncia o se atendrán a las consecuencias''. En conferencia de prensa la candidata campechana manifestó: ``No regreso al Senado hasta que no ganemos... ganar significa ser gobernadora''.

Acompañada de la directiva de Mujeres en Lucha por la Democracia, Layda Sansores adelantó que el domingo 3 de agosto grupos de mujeres asistirán a los aeropuertos internacionales de todo el país para entregar volantes denunciando ``el magno fraude de Campeche''.

Una vez más Sansores preguntó: ``¿Cuánto costó su fraude?'', y se respondió: ``Lo más difícil de creer es que la cuenca de la pobreza votó por el partido oficial; caramba, ya nos convertimos en suizos en las comunidades rurales: 300 votantes... 300 votos, todos para el PRI''. Para Layda Sansores ``hay muchos involucrados en el fraude, por eso dejaron cabos sueltos''.

Ana Lilia Cepeda, de Mujeres en Lucha por la Democracia, señaló que a pesar de que en las pasadas elecciones hubo una demostración clara de los avances ciudadanos y del reclamo democrático, en entidades como Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Oaxaca, además de Campeche, se reeditaron prácticas que distorsionaron los resultados electorales.

Después de haber acudido como observadora, sostuvo que en esta última entidad se detectó compra de votos, presiones a los electores, boletas excedentes, el cambio de la ubicación de casillas, además que cientos de personas fueron movilizadas para estas acciones ilegales.