Bajo arraigo, el abogado de Amado Carrillo; no hay cargo alguno, acusa
Juan Manuel Venegas Ť Sergio Aguilar Hernández, abogado de Amado Carrillo Fuentes, burló la vigilancia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, y ansioso por declarar a los reporteros que hacían guardia frente al edificio aprovechó el descuido de un policía, lo empujó, se instaló en plena banqueta y ante los estupefactos agentes federales improvisó una conferencia de prensa.
Vestido con pants azul, tenis blancos, el propio Aguilar Hernández se sorprendió de lo que había logrado, y en los primeros instantes, al ver a los comunicadores que lo rodearon, dio dos pasos para atrás, como en posición de guardia, como esperando que los agentes se le fueran encima.
Nervioso mantuvo su posición, y atropellando las palabras habló ante las grabadoras: ``Soy el abogado de Amado Carrillo... Estoy bajo arraigo desde el 24 de junio y hoy (ayer) desde las ocho de la mañana me trajeron aquí... Soy el abogado de Amado Carrillo, ¡sí, y qué, ése no es ningún delito! ¡Que me digan cuáles son los cargos contra mí...!''
El abogado, de tez morena y cabello chino, se quejó de que ha sido ``torturado sicológicamente'' desde que lo detuvieron el 24 de junio. ``Ya va un mes y nadie me ha dicho qué cargos hay en mi contra... yo tenía una obligación que cumplir con mi profesión... desde que me agarraron me preguntaban por el paradero de Amado Carrillo: `¿Dónde está? ¿Dónde está Amado?', me preguntaban, pero yo no sabía; además tengo ética profesional, soy abogado y me protege el artículo quinto constitucional''.
-¿Tuvo usted contacto con Amado?
-No, no, para nada. Yo trabajaba a partir de lo que me decía mi socio, el abogado José Angel López Laurenzana (también detenido en la fiscalía). Les repito, yo estaba cumpliendo con mi obligación y mi profesión. Yo no trataba con Amado Carrillo, todo era a partir de mi socio.
``Aquel 24 de junio me detuvieron y me trajeron a los separos de la fiscalía. Aquí estuve hasta el 29''. La insistencia de sus interrogadores era que les dijera dónde estaba Amado. ``Pero yo no se los iba a decir, por mis obligaciones como abogado''.
-¿Cuál es su situación legal, qué funcionario lo ha estado interrogando?
-A mí nadie me ha dicho nada, nadie me ha hecho ningún cargo... Estoy recién operado de la rodilla y de la mano... No hay ninguna orden de aprehensión en mi contra ni contra mi media hermana (Hilda Hernández Hernández) ni contra mi socio ni contra nadie. Están cateando mi casa ilegalmente. Ya llevo 30 días en arraigo y no proceden; que en todo caso procedan.
-¿Desde cuándo trabajaba para Carrillo?
-¿Cómo abogado? Bueno, desde que le promoví un amparo contra una solicitud de extradición...
Aguilar Hernández ya no contestó más. Cuando habían transcurrido unos 10 minutos fue rodeado por un grupo de agentes federales que, prácticamente a rastras, lo condujeron nuevamente a las instalaciones de la fiscalía antinarcóticos.
Sus familiares (madre, esposa, hermanas y hasta un sobrino), que habían convocado a los medios hasta la fiscalía, gritaban: ``¡Ya no le peguen, está enfermo; por favor, ya no le peguen...!''
Entre la confusión, su cuñado Salvador Flores González se quedó afuera, confundido entre los reporteros, y ya no lo dejaban entrar en la fiscalía: ``¡Yo también estoy detenido, déjenme pasar!'', gritaba mientras los policías de seguridad lo bloqueaban. Pudo escapar y nadie notarlo, pero fue tal su insistencia que, finalmente, al darse cuenta de su error, los agentes le abrieron la puerta...
Pide Aguilar acogerse al programa de protección de testigos: Herrán
Los abogados de Amado Carrillo y los funcionarios de la PGR arraigados a raíz de la muerte del capo serán consignados por delitos contra la salud, en su modalidad de fomento al narcotráfico, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, informó el fiscal Mariano Herrán Salvatti.
Asimismo, anunció que Sergio Aguilar Hernández pidió ``los beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada'', con lo que -en caso de ser aceptado- podría convertirse en la primera persona que se acoge, por iniciativa propia, al programa de protección de testigos en México, e incluso reducir su pena si colabora con las autoridades en las pesquisas sobre las operaciones del cártel de Juárez.
Indicó que se investiga a funcionarios del juzgado noveno de distrito en materia penal, incluida la juez Teresa Irma Fragoso Pérez y el secretario Jorge de Jesús Hernández Morales, para determinar si tuvieron alguna participación en el pago de 30 mil dólares que los abogados de Carrillo Fuentes depositaron en esa sede judicial, con el propósito de evitar una orden de cateo en una de sus casas ubicada en el perímetro de Xochimilco.
``En caso de que determinemos alguna responsabilidad de los servidores del Poder Judicial de la Federación y estemos en posibilidades de imputarles algún cargo, se procederá conforme a derecho'', advirtió Herrán Salvatti.
Reunido con algunos medios para informar sobre la situación de los allegados a Carrillo que permanecen bajo arraigo domiciliario, el fiscal antinarcóticos detalló lo que al parecer puede tratarse de una red de infiltración dentro de la PGR, toda vez que los abogados del capo del cártel de Juárez resultaron tener familiares trabajando dentro de la dependencia.