Durante estos días poselectorales, un bosque de ocho hectáreas de Villa Verdún es arrasado para transformarlo en un lujoso fraccionamiento. Con los permisos oficiales en la mano, la fraccionadora Aztlán y/o Gustavo A. Madero ha iniciado ahí la construcción de 2l0 viviendas en condominio. El acto demuestra la incongruencia del actual gobierno del DDF que, por una parte, difunde un discurso sobre la defensa de los bosques y las áreas verdes, y por otra autoriza la licencia de construir sobre ellas.

En el fondo, se trata de un típico caso de especulación urbana con terrenos de propiedad pública convertidos, como por arte de magia, en terrenos de propiedad privada. Por muchos años, ese paso de propiedad ha brindado redituables beneficios económicos a las fraccionadoras, a costa de destruir de la naturaleza de la ciudad. Esta es la historia de la especulación.

En marzo de l972, los fraccionadores de Villa Verdún entregan al DDF el bosque en cuestión, pero éstos lo siguen aprovechando como un señuelo para incrementar el valor de los terrenos. A partir de entonces, los colonos utilizan el bosque y hasta se hacen cargo de su reforestación; era lógico, pues así se entiende el uso de una propiedad pública. Pero en julio de l978, el DDF cede sorpresivamente el predio a otra inmobiliaria a cambio de terrenos afectados por la construcción del Metro en Lindavista. Ya como propiedad privada, tales fraccionadores deciden engordar sus plusvalías 14 años más.

Es hasta l99l cuando se inician los primeros intentos de urbanizarlo. Ante las fuertes protestas vecinales, la delegación política de Alvaro Obregón, a cargo del actual asambleísta del PRI Oscar Levín Copel, suspende temporalmente la obra. Pocos años después, entre l994 y l995 los nuevos fraccionadores obtienen nuevos permisos. La licencia, y por supuesto la legalidad, fue brindada por las autoridades del DDF basadas en un uso de suelo habitacional (H-1) aprobado desde l987. Hay que precisar, sin embargo, que en aquel entonces los usos del suelo eran aprobados exclusivamente por las fantasmales Juntas de Vecinos.

Hoy el conflicto tiene dos vertientes. Por un lado, el cuestionable traslado de una propiedad pública a favor de los fraccionadores, y por otro el cambio de uso de suelo, de habitacional a espacio abierto (EA). Esta modificación fue aprobada en enero pasado por la Asamblea que prohíbe expresamente construir sobre tal predio. Esto es, antes se podía construir, hoy no. Esta es la contradicción jurídica del bosque en Villa Verdún.

El caso anuncia una difícil prueba de fuego de los recién aprobados planes delegacionales que heredará el nuevo gobernador y la próxima Asamblea. Al parecer, por la enorme protesta vecinal que agrupa a más de diez colonias de la zona, tales planes de usos de suelo autorizados no recogieron suficientemente la opinión vecinal. Así, de alargarse el conflicto después del 6 de diciembre, el gobierno perredista, que en más de una ocasión ha reiterado su apego a las leyes, no tendrá más remedio que permitir la construcción del fraccionamiento. A menos, claro, que se modifiquen sustacialmente las reglamentaciones para suprimir su fuerte discrecionalidad. Les espera un difícil trabajo a los próximos asambleístas.

Conozco el bosque y me parece de una riqueza invaluable. Especialistas sustentan la existencia de mil 480 árboles, entre cedros blancos, fresnos, nísperos, acacias, eucaliptos y hasta encinos; además de aves, liebres, ardillas y conejos. Pero la Secretaría del Medio Ambiente, a través de su Dirección de Prevención, dice a los vecinos: ``el predio es propiedad privada, por lo que el propietario tiene la libertad de utilizarlo siempre y cuando se sujete a un uso autorizado...''. Además de que ``...la gran mayoría de sujetos forestales son eucaliptos... árboles que no benefician de ninguna manera al medio y, por lo contrario, lo afectan.....''. ¡Con tales criterios habría que arrasar todos los eucaliptos que rodean a la ciudad! ¡Imaginemos tal crimen ambiental sugerido por nuestros funcionarios públicos encargados de preservar el ambiente!

El conflicto de Villa Verdún tendrá que resolverse más allá de sus intrincados embrollos jurídicos. La autoridad tendrá que decidirse por un solo camino. Imponer el valor inmobiliario productor de rentabilidades amparadas en la siempre efímera legalidad de los planes, o bien la preservación del valor de la naturaleza que brindan los bosques, independientemente de que sean de propiedad privada. Nosotros, con los vecinos, estamos a favor de este último valor. Habrá que esperar la congruencia gubernamental para aplicar el interés público sobre el particular.