Cualquier trabajador indocumenta- do, en riesgo de ser víctima de una virtual esclavitud, opinan activistas sindicales y de derechos en EU

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 22 de julio Ť No se tiene que ser mudo para verse forzado a trabajar en condiciones de virtual esclavitud en la ciudad de Nueva York o cualquier otro centro urbano de Estados Unidos, afirmaron activistas sindicales y de defensa de inmigrantes, y señalaron que los cambios recientes en las leyes hacen que ese tipo de explotación extrema sea más común y menos visible.

``Vemos ese tipo de cosa todos los días'', comentó Jenny Coughlin, organizadora nacional del Sindicato de Empleados de la Industria de la Confección y Textil (UNITE, por sus siglas en inglés). En entrevista, Coughlin indicó que su sindicato se reúne con un flujo constante de indocumentados víctimas de abusos de sus patrones.

``Hoy mismo me reuní con un grupo de 50 trabajadores que podían hablar y oír perfectamente bien, pero que no estaban recibiendo el salario mínimo legal en una fábrica de confección y cuyo patrón se había rehusado a pagarles sus sueldos durante varios meses'', informó. ``Vemos a gente como ésa todos los días. Uno de los que vi hoy admite que vino desde México de forma ilegal. Pero dice que vino para trabajar duro, para ganarse la vida y en vez de eso su patrón le ha robado todo''.

En 1995, UNITE defendió a 72 trabajadores inmigrantes tailandeses que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas, laborando todos los días menos el Año Nuevo tailandés, algunos jornadas de 22 horas y sin permiso de salir del taller en ningún momento (allí dormían), y ganando sólo 62 centavos la hora (el salario mínimo ese año fue de 4.25 dólares la hora).

Según Steve Nutter, vicepresidente de UNITE en Los Angeles, los trabajadores y la comunidad en que vivían estaban aterrorizados y no informaban de esas condiciones por temor a ser deportados. Cuando se descubrió ese taller fueron inmediatamente enviados a un centro de detención del SIN (Nutter comentó que fueron llevados ``de una cárcel a otra''), pero después de protestas del sindicato y la comunidad tailandesa a esos trabajadores indocumentados se les otorgó un estatus especial de inmigrante para permanecer en el país.

Nutter informó que su sindicato intenta publicitar ese tipo de casos para forzar a que las empresas a que rehúsen adquirir los productos de esos ``ultraexplotadores''.

El líder sindical también señaló que ese tipo de esfuerzo por sí solo no es suficiente. ``Las propias comunidades tienen que involucrarse más y asumir la responsabilidad'', dijo. ``No importa si uno habla de la comunidad tailandesa o la latina, ese tipo de casos surgen del aislamiento en que los inmigrantes se encuentran''. Agregó que para muchos trabajadores indocumentados los temores de denunciar esas situaciones tienen buen fundamento.

Explotación y leyes

Según Susan Gzesh, abogada especializada en asuntos migratorios que trabaja con el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Gremio Nacional de Abogados, los cambios en las leyes de inmigración en este país, promulgados en 1996, podrían resultar en un incremento en la explotación extrema de indocumentados. ``Esas leyes están llevando a que la gente viva todavía más subterráneamente'', dijo a La Jornada desde Chicago.

De acuerdo con Susan Gzesh, antes de 1996 al SIN se le permitió cierta flexibilidad para manejar casos en los que había sospecha de abusos a los derechos laborales de los indocumentados. Pero tras los cambios, esa discrecionalidad desapareció y ahora obliga al Servicio de Inmigración a deportar a todo trabajador indocumentado en un plazo de seis meses, aun si tienen una demanda legal ante su patrón por salarios no pagados u otras violaciones de las leyes laborales.

Gzesh y otros abogados que trabajan estos asuntos indican que cuando los trabajadores comienzan alguna protesta por condiciones laborales injustas, sus patrones simplemente pueden llamar al SIN para deportarlos. ``Hoy más que nunca hay una contradicción directa entre dos objetivos explícitos de la ley estadunidense: deportación y protección universal de los derechos laborales, incluyendo a los indocumentados'', explicó Gzesh.

Pero un vocero del representante federal Lamar Smith, autor de la ley de inmigración de 1996, dijo hoy a este diario que la nueva legislación podría proteger, de hecho, a los trabajadores indocumentados.

Luego de señalar que varias autoridades de Nueva York habían observado las condiciones de vida de ``los muditos'' meses antes de que finalmente fueran liberados, el vocero de Smith, Allen Kay, afirmó que ``si esos funcionarios tenían una política de cooperar con el SIN sobre los ilegales -y no la tienen-, entonces esa situación no habría durado tanto como duró''. Agregó que, tarde o temprano, serán deportados de todas maneras, y que esa falta de respeto a la ley sólo prolongó el sufrimiento.

El consulado investiga el caso

En Nueva York, los mexicanos sordomudos fueron hoy a recoger sus pertenencias a su antiguo domicilio; luego regresaron al hotel en el que están bajo custodia de la ciudad y donde se espera serán puestos bajo la responsabilidad del SIN mientras avanza la investigación del caso.

Jorge Pinto, cónsul general de México en Nueva York, y su equipo han mantenido una estrecha comunicación con las autoridades de la ciudad y las víctimas. Informó que han comenzado su propia investigación del caso, al que calificó de ``extraordinario ya que no hay otro de carácter colectivo'' como éste.

Señaló además que se buscará determinar si es algo aislado o parte de un fenómeno más amplio, ya que ello ``apoyará un objetivo de ambos gobiernos: combatir el tráfico de inmigrantes''.

Pinto también mencionó que un problema grave que afecta a gran número de inmigrantes es que no están informados de sus derechos en este país, y que el consulado a través de diversos medios intenta difundir esa información.

``Por eso tenemos una relación con el Departamento de Trabajo, donde sí contamos con una cooperación para informar y defender a inmigrantes'' ante abusos de sus derechos laborales, como la falta de pago de salarios y otras violaciones, manifestó el diplomático.

Pinto agregó que parte de esa campaña de información es precisamente para aclarar que el Departamento de Trabajo no es el SIN y, por lo tanto, denunciar violaciones laborales no necesariamente lleva a la deportación.