SRE: ``especulación'', la lista de etarras del ABC

David Aponte, José Antonio Román, Juan Manuel Venegas y Rosa Elvira Vargas Ť Las autoridades mexicanas no tienen ninguna lista de miembros de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) residentes en México ni han abierto investigación alguna para su detección. El gobierno mexicano no va a actuar por la publicación de ``versiones temerarias o simples especulaciones'', manifestaron ayer funcionarios de la cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

Las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno de España en contra de personas acusadas de cometer delitos en aquel país, han sido atendidas conforme a los instrumentos de cooperación bilateral. Desde 1992, jueces mexicanos han girado siete órdenes de captura de ciudadanos españoles, dos de las cuales han sido cumplimentadas, explicaron.

Por su parte, el ministro del Interior de España, Jaime Mayor Oreja, comunicó al canciller José Angel Gurría que cancelaba su visita oficial a territorio mexicano por razones de seguridad nacional.

Argumentó que no podía dejar en estos momentos su despacho en Madrid, debido a los recientes ataques armados de ETA. Las autoridades de España consideran que la organización vasca podría lanzar un atentado de grandes magnitudes antes de que concluya el presente mes.

La visita oficial de Mayor Oreja a México, programada del 28 al 30 de julio, podría postergarse ahora hasta los meses de septiembre y octubre.

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Pujalte Piñeiro, detalló que desde 1992 jueces mexicanos han girado siete órdenes de aprehensión en contra de ciudadanos españoles. De las mismas, la policía mexicana ha detenido a Oscar Cadenas Lorente, presuntamente vinculado con un comando etarra, y otra persona acusada de defraudación, cuya identidad no ha sido revelada.

Los cinco restantes --presuntamente relacionados con ETA-- están prófugos y han sido acusados de delitos que van desde asesinato frustrado, estragos y portación de arma prohibida, de acuerdo con la información de la cancillería.

En entrevista colectiva, Pujalte Piñeiro consideró que ``son temerarias'' las versiones de medios de comunicación españoles en el sentido de que hay más de 130 miembros de ETA en nuestro país. El gobierno de México no va a actuar por ``simples versiones, sospechas o especulaciones'', dijo.

El funcionario explicó que todos los extranjeros residentes en México tienen un expediente migratorio. De tal manera que las autoridades mexicanas cuentan con información de las actividades de los migrantes de otras nacionalidades.

``Los flujos migratorios españoles siempre han existido y la colonia española en México es muy grande, es muy productiva, está muy integrada y hace grandes aportaciones, y no se justificaría que sin elementos e indicios o pruebas, se pudiera empezar a sospechar de todas estas personas como delincuentes'', agregó.

Los periodistas preguntaron si existía justificación para asegurar que las autoridades mexicanas han actuado con ``debilidad'' frente a los requerimientos legales de España.

Pujalte Piñeiro respondió que ``existe toda la firmeza para cumplir con nuestras obligaciones internacionales, porque también tenemos el interés de que las personas que estamos requiriendo nos sean entregadas para ser juzgadas en México. Es un interés mutuo. Tenemos que cooperar para evitar que las personas que cometen delitos en México queden sin castigo y las que cometen delitos en otros países utilicen a México como refugio''.

En el Instituto Nacional de Migración (INM) explicaron que la lista de 130 presuntos miembros de ETA que radican en territorio nacional, dada conocer por el diario hispano ABC, ``sólo dificulta al gobierno mexicano cualquier intento de investigación''.

De ser verídica la información periodística, los presuntos miembros de dicha organización buscarán refugio ya sea en territorio nacional o el extranjero. Mientras que si son falsos los datos, sólo crean incertidumbre entre los ciudadanos españoles que radican en el país, dijeron las fuentes consultadas.

Funcionarios del INM, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, consideraron que la filtración de la lista de presuntos etarras que radican en territorio nacional, de hecho complica cualquier acción, ya que pesquisas de esta naturaleza llevan tiempo, se realizan con mucha discreción y no pueden ventilarse a la opinión pública.

Además, ante la gravedad de los presuntos delitos que se les imputa, las investigaciones propiamente dichas no las realiza personal del INM, sino agentes de la PGR.

En este caso, lo que corresponde a las autoridades del Instituto Nacional de Migración es la aportación de datos sobre las características migratorias de los ciudadanos españoles involucrados.

Los funcionarios consultados señalaron que el gobierno mexicano no tiene ninguna lista de presuntos miembros de ETA, debido a que cuando ingresa al país un ciudadano español, lo hace sólo bajo esa característica.

Por otra parte, de acuerdo con los datos estadísticos del INM, durante el lapso 1990-1996 han sido expulsados y rechazados un total de 233 ciudadanos españoles, ya sea porque se les canceló su calidad migratoria por la comisión de alguna violación a la Ley General de Población o no se les autorizó su ingreso al país por no reunir los requisitos establecidos en la ley mexicana.

Por separado, la Procuraduría General de la República informó que no ha recibido por parte del gobierno español ninguna solicitud para investigar la presencia de presuntos etarras en México.

La dependencia aclaró que el conducto para su intervención --en caso de que así lo requirieran las autoridades de España-- sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esta instancia ``no ha presentado de manera oficial'' ninguna lista de posibles integrantes de ETA que residan en México.

La autoridad mexicana desconoce si el gobierno de España cuenta con la lista de presuntos militantes etarras en México, como lo publicó un diario madrileño. Cuando se ha dado el caso, cuando existen solicitudes de detención presentadas por el gobierno de España, o cualquier otro gobierno, es obligación de la policía federal mexicana averiguar el paradero de estas personas y detenerlas para presentarlas ante un juez.

En la residencia oficial de Los Pinos, el canciller José Angel Gurría Treviño reiteró que los extranjeros que viven en México están registrados por su condición migratoria y no por su pertenencia a determinada asociación.

Al término de una comida, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que cuando algún extranjero es requerido desde su país de origen, México procede a los convenios de extradición en vigor, ``y se aplican estrictamente en su espíritu y en su letra''.

De ahí se deriva la decisión o no de extraditarlos o simplemente de aplicar los reglamentos migratorios, concluyó.