Indagan si hubo apoyo policiaco en el tráfico de sordomudos a NY

José Antonio Román, David Aponte y Rosa Elvira Vargas Ť El Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional abrió ya una investigación para determinar si agentes policiacos o de migración están involucrados en el tráfico de los inmigrantes discapacitados encontrados en la ciudad de Nueva York. Además, la Secretaría de Gobernación comenzó sus pesquisas para establecer el modus operandi de la red de polleros que trasladó a 55 sordomudos al barrio de Queens, señalaron fuentes de la dependencia.

En tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Angel Gurría, giró instrucciones a los 42 consulados mexicanos en Estados Unidos para tratar de ``detectar casos similares'' en otras regiones del vecino país.

Los diplomáticos del área de protección consular visitarán hospitales, centros de reclusión y los barrios de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos. ``Estaremos muy atentos para encontrar si existen en otro punto de Estados Unidos más mexicanos en situación similar a la de los connacionales sordomudos encontrados en Nueva York'', dijo la directora de Protección de la cancillería, Mónica Mora.

Entrevistado en Los Pinos, Gurría dijo que el gobierno de México ha solicitado al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos que no proceda de inmediato a la aplicación de los mecanismos de deportación expedita en el caso de los 55 sordomudos.

El consulado de México en Nueva York ha estado pendiente de la salud del grupo y en general todos parecen en buenas condiciones y no haber sufrido maltratos de carácter físico, explicó. Además, añadió, se están protegiendo sus derechos humanos. ``Actualmente están en situación digna bajo el control de la autoridad de Nueva York'' y la Cruz Roja local.

Gurría indicó que la SRE se encuentra muy pendiente de lo que pueda declarar el grupo de emigrantes, pues se está ``en presencia de un caso penal y otro de tipo migratorio''. Se trata, destacó, de dos vertientes diferentes y cada una debe desahogarse de manera apropiada.

También hay contactos con las autoridades policiacas mexicanas ``para ver si existen pistas o elementos que pudieran aprovecharse''. Aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) instruyó a su agregado en Washington para que se traslade a Nueva York y entre en contacto con las autoridades de ese lugar, con el fin de detectar alguna pista o información adicional que se pueda proporcionar.

El subsecretario de Población y Asuntos Migratorios de Gobernación, César Bécker Cuéllar, solicitó a la SRE todos los elementos de prueba y testimonios de los sordomudos, con el propósito de determinar el modus operandi de los enganchadores, que tenían sus bases en la ciudad de México (colonia Narvarte y el aeropuerto internacional), así como en en un departamento en Tlalnepantla, estado de México.

``Queremos conocer la forma en que fueron trasladados hacia Nueva York y si intervino una red de traficantes de ciudadanos mexicanos, como indican las primeras pesquisas'', manifestó el coordinador de Protección y Asuntos Consulares de la SRE, Enrique Loaeza Tovar.

El Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional inició sus pesquisas para determinar la responsabilidad de algunos funcionarios mexicanos, principalmente entre cuerpos policiacos. Luego decidirá si es procedente enviar la información a la PGR para que ésta solicite el ejercicio de la acción penal contra quien resulte responsable por el delito de tráfico de personas.

De acuerdo con el artículo 138 de la Ley General de Población, la pena por ese ilícito es de 6 a 12 años de prisión y una multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esas penas aumentarán hasta en una mitad cuando las víctimas sean menores de edad o se ponga en peligro la salud, la integridad o la vida de los migrantes, o cuando el autor del delito sea servidor público.