La Jornada 22 de julio de 1997

Asesinaron a 30 personas en región selvática de Colombia

Dpa, Reuter, Ansa, Afp y Efe, Santafé de Bogotá, 21 de julio Ť Por lo menos 30 personas fueron asesinadas este fin de semana en la localidad colombiana de Mapiripán al parecer por un grupo de paramilitares, informaron las autoridades del departamento de El Meta; 16 de las víctimas fueron degolladas.

La matanza ocurrió en una región selvática del municipio de Mapiripán, departamento de El Meta, entre el sábado y el domingo, y las primeras noticias de la misma se conocieron hasta esta mañana, cuando versiones periodísticas procedentes de Villavicencio, la capital, dieron cuenta de la muerte de entre 20 y 30 pobladores.

La cifra exacta de muertos aún no se ha podido establecer, pues la Cruz Roja señaló que 16 cuerpos degollados fueron encontrados en el casco urbano de la población, mientras que los lugareños aseguran que otros tantos están cerca del río Guaviare.

El gobernador de El Meta, Alfonso Ortiz, indicó que los autores de la matanza serían paramilitares provenientes de la región de Urabá que se habían desplazado ``para poner orden en la región'', tras indicar que según las versiones de pobladores locales, los atacantes formaban un grupo de cien hombres.

Pero el comandante del ejército, coronel Manuel José Bonet, atribuyó la matanza a a la insurgencia o a grupos de narcotraficantes, que, señaló, operan en esa sureña región.

En Mapiripán no hay policía ni ejército ni autoridad desde hace dos años, ``y allá se vive como a la deriva, sin protección alguna'', dijo el párroco de la localidad, Marcos Vinicio Pérez. La Cruz Roja colombiana e internacional se desplazaron hasta Mapiripán para ayudar a los atemorizados pobladores a huir del lugar, por vía aérea, luego de la extrema violencia registrada.

Mientras, legisladores coincidieron en que más allá de las buenas intenciones del presidente Ernesto Samper en materia de derechos humanos, es necesario tomar medidas concretas. El mandatario propuso anoche a la insurgencia firmar acuerdos para humanizar la guerra y evitar que el conflicto, de casi cuatro años de duración, siga provocando víctimas entre la población civil.

El legislador conservador Manuel Ramiro Velázquez dijo que en el discurso de Samper hubo una cantidad de expresiones de buena voluntad, pero consideró que al final no va a haber ninguna acción firme. Para el senador Eduardo Pizano, del Partido Nueva Fuerza Democrática, el respeto a los derechos humanos se ha quedado atrás no solamente por parte de los militares, sino por la ausencia total de justicia en el país.

Por otra parte, el Ejército Revolucionario Guevarista exigió un rescate de medio millón de dólares por un helicóptero secuestrado el sábado anterior con cinco tripulantes a bordo.

En otro ámbito, unos 45 mil empleados de la rama judicial iniciaron un paro de 24 horas para presionar al gobierno por el incumplimiento del acuerdo firmado en enero pasado respecto a la nivelación de sueldos.

En tanto, por órdenes del presidente Samper, Ramiro Osorio se convertirá en el primer ministro de Cultura del país.

Asociación entre el cártel de Cali y la banda de Amado Carrillo

En Miami, el ex tesorero del cártel de Cali, el chileno Guillermo Pallomari, afirmó que esa organización se asoció en 1994 con los narcotraficantes mexicanos del cártel de Juárez, dirigido por el fallecido Amado Carrillo Fuentes, para utilizar a ese país como trampolín del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En testimonio ante una corte federal, Pallomari dijo que la sociedad fue ideada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, luego de que el gobierno estadunidense logró desmantelar la célula que la banda había montado en Miami. Añadió que el cártel de Cali contrabandeó unas 30 toneladas de cocaína a México, utilizando aviones Boeing propiedad de Miguel Rodríguez Orejuela.

Pallomari involucró como jefe de la operación mexicana a José Luis Pereira, uno de los seis acusados en este proceso, que tiene como blancos principales a dos abogados que han sido imputados de excederse en sus funciones de defensa de los narcotraficantes.