En sobrevivencia, la mayoría de las 34 universidades estatales del país

Claudia Herrera Beltrán/I Ť Endeudadas, con 80 por ciento de su presupuesto destinado al pago de sueldos y desesperadas por conseguir dinero, están la mayoría de las 34 universidades públicas de los estados, que atienden a 70 por ciento de la población escolar del país, con un subsidio casi equivalente al que reciben juntas la UNAM, el IPN, la UAM y la UPN.

Cifras de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP señalan que en 1997 los gobiernos federal y estatales destinaron inicialmente a las 34 universidades públicas de los estados una bolsa de 10 mil 591 millones 495 mil pesos, frente a los cerca de 9 mil millones de pesos que se repartirán a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional.

Pese a que esta cifra se incrementará con la suma de los recursos de tres programas compensatorios, las cuentas para las universidades estatales seguirán siendo bajas; el año pasado, el dinero adicional para estas instituciones apenas representó 662.5 millones de pesos.

La ausencia de criterios para la distribución de los recursos gubernamentales ha generado abismos económicos entre las universidades. Según el informe de Datos Básicos de Educación Superior que la SEP editará próximamente, en 1996 el alumno más barato fue el de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que costó en promedio 3 mil 200 pesos, mientras el estudiante más caro fue el de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que se invirtieron 49 mil 400 pesos.

Rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) consideran que el reparto del subsidio gubernamental a las universidades públicas es discrecional, obedece a la inercia y es una forma de presionarlas para que sigan una política sustentada en la reducción de la población escolar con el pretexto de mejorar la calidad educativa.

La reciente movilización de 60 mil universitarios por las calles de Jalisco en protesta por la deuda de 29 millones de pesos que tiene el gobierno estatal con esa institución, sacó a flote el añejo conflicto financiero entre las instituciones de educación superior y el Estado, pero agregó un ingrediente nuevo, el descontento con la política educativa seguida por el Partido Acción Nacional (PAN).

Para el rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, la crisis económica que enfrenta esa institución, y que en unos meses ``será insostenible'', es la muestra de que la postura del PRI y del PAN en el terreno educativo es la misma: ``dejar que sobreviva la educación superior pública sin valorar su función social''.

Por otro lado, los recursos extraordinarios provenientes del Fondo de Modernización para la Educación Superior (Fomes), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y los Estímulos Académicos también se han convertido en otro instrumento del gobierno federal para dirigir el gasto de las instituciones públicas de educación superior.

Una muestra del desequilibrio entre el financiamiento y las necesidades económicas de estas instituciones es que el año pasado las 34 universidades estatales atendieron a más de 918 mil alumnos y en conjunto, la UNAM, la UAM, el IPN y la UPN tuvieron una población de 410 mil 512 estudiantes. Además, las universidades estatales trabajaron con 64 mil 457 académicos y 5 mil 840 investigadores, mientras las otras cuatro instituciones mantuvieron una planta de 32 mil 871 profesores y 6 mil 979 investigadores.

Sin embargo, la distancia que hay entre las universidades públicas estatales y las instituciones nacionales se agranda aún más cuando se analiza la situación particular que viven los centros educativos más pobres en recursos. En 1996, diez universidades estatales destinaron a cada alumno menos de los 9 mil 300 pesos que en promedio gastaron sus similares y se ubicaron aún más lejos de los 19 mil 800 que en promedio invirtieron en cada uno de sus estudiantes las instituciones nacionales.

Ubicada entre las tres universidades con más bajo financiamiento por alumno, la Universidad de Guadalajara enfrenta este año la peor crisis económica de su historia. Los causantes, según el rector, son los gobiernos estatal y federal que ven en las universidades a los ``hijos retrasados mentales que mientras no provoquen problemas deben mantenerse y cuidarse, pero que no se espera nada de ellos''.

También doctor en ingeniería química, el rector de la UdeG dice que en los últimos seis años los gobiernos federal y estatales han repartido el dinero de forma discrecional, siguiendo la inercia de los años anteriores, y no han querido fijar reglas claras para la distribución de los recursos por temor a que las necesidades educativas se pongan por encima del presupuesto educativo.

Explica que la mayoría de las universidades estatales tienen deudas y en muchos casos impagables, además de que gastan 80 por ciento de su presupuesto en remuneraciones, lo que significa que 20 por ciento lo destinan a gastos operativos (dinero que se utiliza desde la compra de gises hasta financiamiento a la investigación). Esta proporción está lejos de la que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a sus miembros --entre ellos México--, que es de 60 por ciento para la nómina y 40 por ciento para gastos operativos.

Según González Romero, el modelo educativo heredado por Carlos Salinas de Gortari se basó en la restricción de la población estudiantil, y provocó la profundización de las diferencias entre las instituciones de educación superior, porque en cada ciclo escolar son más los alumnos que no pueden hacer estudios universitarios.