La incipiente discusión en torno de la disminución del IVA es un indicador de los tiempos nuevos. El equilibrio de poderes como la señal más importante que produjo el 6 de julio, pronto habrá de ser sustentada por los principales actores. Y para ello hará falta un acelerado proceso de maduración. Reglas claras y búsqueda responsable de acuerdos, parece ser la receta. Veamos. En primer término es necesario que pronto se arribe a fórmulas que permitan adecuar las instituciones, de manera destacada al Poder Legislativo, a la nueva realidad política. Pero no únicamente se trata de acordar diseños, es necesario también ir encontrando maneras y métodos para desmontar conflictos.

Por ejemplo, si la aprobación del presupuesto -facultad exclusiva de la hoy dividida Cámara de Diputados- será la eterna espada de Damocles que puede paralizar el gasto público, y no se encuentran mecanismos de contingencia que no lesionen las facultades fiscalizadoras de la Cámara, pero tampoco vuelvan inoperante al sector público, tras la llegada de la pluralidad habrá llegado también una exagerada capacidad de veto legislativo que nos instale cíclicamente en el dilema de la gobernabilidad. Ese es sólo un ejemplo de los dilemas por venir.

Todo parece indicar, sin embargo, que hoy existe un ánimo constructivo en los principales actores políticos. El paso que habría que dar para darle sustentabilidad a la nueva pluralidad es que los actores hicieran pasar su discurso y discusiones del diseño a las políticas, y de la denuncia a la corresponsabilidad. Arribar pronto a diseños adecuados no parece una empresa muy difícil (aunque no está exenta de riesgos), sin embargo poco sabemos aún de cómo irán procesando los partidos sus diferencias en el caso de las políticas que les tocan decidir.

Ahí hay un reto para los partidos políticos: traducir su caudal de votos en políticas responsables. Y, del otro lado, el Ejecutivo federal también deberá hacer un esfuerzo para adecuarse a la nueva circunstancia del poder legislativo, de manera que existan más incentivos para la colaboración que para la confrontación. Atrás quedaron los tiempos en que las únicas cuentas válidas eran las que se hacían en las agencias del gobierno federal y se aprobaban en el Legislativo con el voto priísta. Ahora la racionalidad del gasto público deberá someterse al escrutinio de otros partidos bajo el ánimo de llegar a consensos. Ya no hay que consultar, ahora hay que convencer.

En ese sentido, respecto del IVA habría que esperar reacciones más asentadas en los nuevos tiempos. Si se impone la lógica de ejercer los candados y controles que aún conserva la mayoría, se estaría eligiendo la ruta de la confrontación que tarde o temprano terminaría siendo un lastre para todos los actores y, por supuesto, un desastre para la sociedad. La otra ruta, ciertamente inédita en materia económica, puede ser más accidentada pero sin duda conduce a mejores resultados. Las descalificaciones en automático de todas las opciones no puede ser el camino.

No estamos ante una discusión simple: quienes dicen que es irresponsable bajar el IVA, y quienes dicen que es posible hacerlo tendrán que esgrimir sus argumentos considernado todas las complejidades del caso, y un debate racional con toda seguridad producirá una deliberación sobre la política fiscal más informada y una mejor conciencia de todos los actores políticos sobre los alcances y limitaciones de las finanzas públicas. Para ello hacen falta nuevas actitudes de diálogo. Los partidos están educados en un debate legislativo en muchos sentidos perverso, en la medida que la mayoría nunca estaba en riesgo; el Ejecutivo de alguna manera tiene la misma escuela.

Ahora partidos y gobierno tendrán que reeducarse en la nueva realidad. Si lo logran tendremos políticas públicas más corresponsables. Si fracasan lo que tenemos es una bien trazada ruta de confrontaciones en la que a final de cuentas saldremos perdiendo todos. Ojalá la sensatez sea el ingrediente dominante en estos nuevos tiempos.