Discriminan a embarazadas en maquiladoras del norte, acusan ONG

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal /II y última, Tijuana, BC, 19 de julio Ť Patricia Meza Martínez, de 26 años, está embarazada y la criatura que lleva en el vientre nacerá en septiembre, pero desde hace seis semanas los médicos le advirtieron que su hijo vivirá sólo unos 15 minutos. Ella trabaja hace ocho años en una industria maquiladora, expuesta a sustancias químicas, y ahora sabe que su caso se suma al de las 27 mujeres que en los últimos cinco años han transmitido los efectos de la anencefalia, enfermedad que evita el desarrollo del cerebro en el feto.

Su esposo, Antonio Hernández, de 25 años, trabaja también en una maquiladora, expuesto a sustancias peligrosas sin la adecuada protección, por eso los médicos consideran que la malformación de su hijo puede tener relación con la contaminación que se genera por la falta de un control adecuado en las plantas manufactureras de esta frontera.

Planta Metales y Derivados, clausurada y abandonada en
Mesa de Otay. Foto: Elsa Medina

Ambos jóvenes están convencidos de que el contacto con químicos en su trabajo en la empresa IKA es la causa de su desgracia. Según dicen, ellos ya habían escuchado de los riesgos de trabajar sin ninguna protección, pero pensaron que se trataban de denuncias infundadas.

La industria maquiladora en el país ofrece 800 mil empleos (principalmente a mujeres) en más de 2 mil 500 plantas distribuidas por toda la República, princi- palmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, y genera un intercambio comercial internacional que el año pasado se calculó en casi 48 mil millones de dólares, según datos oficiales.

En esta ciudad, activistas como Maurilio Sánchez Pachuca, del Comité Ciudadano Pro-Restauración del Cañón del Padre y Servicios Comunitarios en la colonia Chilpancingo, aseguran que la contaminación generada por esas plantas maquiladoras ha sido la causa de múltiples casos de enfermedades dermatológicas y gastrointestinales entre los trabajadores y sus familias, principalmente entre mujeres, por ser éstas las que permanecen más tiempo expuestas a solventes y otros químicos peligrosos, en ocasiones sin la más mínima protección.

La queja en contra de las maquiladoras también ha sido encabezada durante varios años por Jaime Cota, director del Centro de Información para Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila, un organismo no gubernamental dedicado a brindar asesoría a los obreros sobre sus derechos laborales.

Niegan trabajo a las mujeres o les exigen métodos de control de la natalidad

Como consecuencia de las constantes quejas de ese tipo por parte de organismos que relacionan la alta incidencia de casos de anencefalia en la ciudad con la exposición de las madres a sustancias peligrosas en las maquiladoras, las empresas han optado ahora por negar el trabajo a las mujeres embarazadas y, en algunos casos, a obligar a sus empleadas a someterse a métodos de control de la natalidad, como el consumo de pastillas anticonceptivos.

Ante esta situación, organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, demandaron al Departamento del Trabajo de Estados Unidos que realice una investigación al respecto.

De acuerdo con información obtenida por La Jornada, la dependencia estadunidense tiene programado realizar durante este año inspecciones en plantas maquiladoras ubicadas en territorio mexicano, principalmente en las fronteras de Tijuana y Ciudad Juárez, para constatar las múltiples quejas que se han recibido desde que se puso en marcha, en enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio, firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

El subsecretario del trabajo del vecino país, Andrew Samet, aseguró que las quejas sobre la discriminación de las mujeres embarazadas en las plantas maquiladoras de Tijuana representan una seria preocupación para el gobierno de su país.

Samet expresó que, cuando una empresa maquiladora establecida en el territorio mexicano condiciona la contratación de una empleada a que ésta no esté embarazada o no espere estarlo en un futuro próximo, se están violando las leyes laborales de México y los acuerdos en materia de derechos humanos y seguridad en el trabajo que han pactado los integrantes del TLC.

Para los defensores de los trabajadores de la maquila, la intervención de las autoridades laborales de un país extranjero representa una victoria a medias, pues se requiere, según Sánchez Pachuca, la intervención del gobierno mexicano mediante un programa integral laboral y de ecología, que atienda y resuelva el problema que durante años ha causado en esta frontera el manejo de sustancias peligrosas en las maquiladoras, sin un adecuado control regulado por las autoridades.