La Jornada 19 de julio de 1997

La inseguridad pone en riesgo la estabilidad social, evalúa Coparmex

Humberto Ortiz Moreno Ť La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó a las autoridades un paquete de propuestas en materia de seguridad pública, en cuyo contenido advierte que la situación al respecto es ya ``insostenible'', pues la estabilidad social está en peligro.

Asevera que el gobierno está pagando un alto costo político que conlleva la pérdida de posiciones, como la gubernatura del Distrito Federal. ``Sin calificar si la medida es positiva o negativa'', la cúpula patronal considera que las autoridades ``se la han jugado'' con la militarización de la policía, pero advierte que dar excesivas responsabilidades a los soldados ``puede resultar peligroso''.

Más aún, abundó, ``estamos de acuerdo con la autoridad en que era necesaria la renovación de la policía. El método es cuestionable y solamente el tiempo dirá si la medida fue buena, mostrando resultados positivos.''

La Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, autora del documento, es escéptica ante los datos que sobre delitos reportan las autoridades, aclarando que es necesario esperar más tiempo para ver si son ciertos o constituyen ``un espejismo provocado por datos maquillados''.

El organismo del sector privado argumenta que sus propuestas podrían ser establecidas en el corto plazo y con bajos recursos.

Y aquí aborda el grave problema de la falta de colaboración de la ciudadanía con la autoridad en seguridad pública, que viene precedida por una ausencia total de credibilidad en la misma.

El policía, lamenta, ha perdido su imagen de servidor público para convertirse, en muchos casos, en una amenaza.

Por lo tanto, recomienda la profesionalización de los elementos policiacos y elevar considerablemente sus percepciones.

Derechos humanos, privilegio del delincuente

El documento de la Coparmex denuncia que el sistema judicial mexicano provoca, en muchos casos, que el delincuente sea un privilegiado.

Y es que, deplora, cuando el caso llega a la Comisión de Derechos Humanos el ombudsman está ``muchas veces'' de parte del infractor quien, a su vez, cuenta con información de la persona que lo delató. Por ello, el delincuente tiene acceso a la venganza.

``Esto debe cambiar. La autoridad está obligada a hacer un esfuerzo considerable para mejorar el sistema, pero nosotros, que somos parte de él, también debemos cooperar. El gobierno debe conseguir que en el cuerpo de policía haya personas honradas y capaces.''

Las propuestas de Coparmex en la materia, centradas esencialmente en los terrenos educativo y de los valores, aclara que resultaría ilógico dejar a un lado la necesaria mejora económica de cada uno de los mexicanos.

En el campo legislativo postula elevar a rango constitucional las garantías de la víctima u ofendido por un delito. Al efecto, reformar el artículo 20 con dos fracciones que amplíen los derechos del agraviado.

Cambio de actitud en los agentes del Ministerio Público, proponen

También propone reglamentar el cuarto párrafo del 21 constitucional para hacer efectivo el derecho de impugnar, por vía jurisdiccional, las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. En cuanto al funcionamiento del Ministerio Público, señala Coparmex, debe promoverse un cambio de actitud en el sentido de que él es quien dirige la investigación, busca comprobar los elementos del tipo penal, ordena diligencias para acreditar la presunta responsabilidad de acuerdo a su averiguación previa, y no es el denunciante el que lleva esta carga de trabajo y, sobre todo, la responsabilidad de que el asunto avance o se quede en la reserva.

Entre otras recomendaciones, considera necesario crear un fondo para las necesidades más urgentes de las víctimas, sobre todo aquellas que sufren de violencia física como en los delitos sexuales.