La nueva correlación de las fuerzas políticas impone a la próxima legislatura una inmensa tarea de reconstrucción institucional. En el dominio particular de la política y la gestión presupuestarias, esta tarea obligará a la Cámara de Diputados a sentar nuevos fundamentos y principios en sus relaciones con el Ejecutivo. Como se sabe, una de las funciones legislativas más atrofiadas por el régimen presidencialista con partido casi monopólico fue la relativa al proceso presupuestal.

La aprobación de las leyes de Ingresos y Egresos de la Federación, lo mismo que las tareas de seguimiento y evaluación de los ejercicios fiscales, fueron hasta ahora simples trámites burocráticos cuya rápida expedición fue asegurada por la mayoría absoluta que históricamente detentó el PRI en la Cámara de Diputados. Este hecho garantizó al poder Ejecutivo la posibilidad de diseñar y ejecutar en solitario la política presupuestaria de la nación. Es realmente mínimo el número de modificaciones sustantivas (e incluso de modificaciones irrelevantes) impuestas a los proyectos presupuestales que el poder Ejecutivo sometió en los últimos 50 ó 60 años a la consideración de ese cuerpo legislativo. Durante todo este periodo, las atribuciones hacendarias que le son conferidas por la Constitución en sus artículos 73 y 74 sólo fueron asumidas formalmente por la Cámara de Diputados, y la única y verdadera legislación en esta materia se realizó en la Presidencia de la República y sus dependencias especializadas.

Desde luego que será ya una ganancia neta para el buen funcionamiento de las instituciones republicanas que la próxima legislatura ejerza plenamente sus atribuciones político-constitucionales en materia presupuestal. Este solo hecho permitirá que las grandes decisiones sean producto de la negociación y el acuerdo entre poderes que se reconocen mutuamente como tales. Pero será mejor si, además, la próxima legislatura refuerza la autoridad y la autonomía de la Contaduría Mayor de Hacienda. A las funciones de fiscalización del gasto de este organismo especializado, los diputados podrían añadir otras de carácter técnico, como el análisis y cuantificación de los probables impactos económicos o financieros de los proyectos presupuestales y fiscales que presenten el gobierno y las fracciones parlamentarias.

La proyección de costos y efectos potenciales de las diversas medidas de política fiscal, así como de las propuestas legislativas referentes al gasto y el ingreso federales, alimentaría con mejores insumos informativos, analíticos y técnicos el trabajo de los diputados. Esto además permitirá elevar la calidad del debate presupuestario, al poder ser evaluadas las implicaciones de mediano y largo plazo de los diversos proyectos. También haría posible fijar la responsabilidad política de las decisiones presupuestales, impidiendo --como ocurrió hasta la fecha-- que esta responsabilidad sea simplemente trasladada a futuro. Considerar las decisiones presupuestarias y fiscales del presente no sólo en función de las necesidades más ingentes, sino en relación con sus implicaciones ulteriores introduciría, por último, una dimensión estratégica en este ámbito de la política pública en donde el Ejecutivo y el Legislativo son, en teoría, corresponsables.

La pasividad con que la Cámara de Diputados participó hasta ahora en los procesos de elaboración y ejecución de la política presupuestal de la Federación quizá explique la inexistencia de un mecanismo institucional que suministre al conjunto de los legisladores y a los comités especializados del Congreso información y análisis fácticos, técnicamente acreditados y no partidistas. Para equilibrar el terreno de juego con el poder Ejecutivo (que dispone de todo tipo de recursos técnicos) y al mismo tiempo hacer más eficiente su labor, el Congreso deberá dotarse de una estructura de soporte que alimente, con información especializada, profesional y técnicamente solvente, la fijación de posturas y la toma de decisiones de sus miembros en materia fiscal y presupuestal.