Ayer se informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) recibió 204 avisos de interposición de juicios de inconformidad por los comicios del 6 de julio en 121 distritos, de los cuales 63 fueron enviados a la Sala Regional en Jalapa. Podemos apostar que entre éstos seguramente se encuentra el distrito 3 de Chiapas, con cabecera en Ocosingo, y que comprende toda la zona de conflicto (Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Sintalá y Cancuc), que fue tan oportuna y ampliamente discutido con sólidos argumentos jurídicos el pasado 10 de julio en la sesión permanente del Consejo General del IFE, sobre todo por los consejeros Emilio Zebadúa, Jaime Cárdenas y Jesús Cantú.

Con el propósito de cumplir con el compromiso de respetar y hacer valer las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y bajo el principio de que los actos relativos al poder deben ser públicos y no privados, ese día estos tres consejeros electorales expusieron, con fundamento en los artículos 116, 174, 212 a 241 y sobre todo 247 párrafo I, iniciso H del Cofipe, que en su opinión el Consejo de ese distrito no debió declarar válida la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, porque por causas ajenas a la estructura y competencia del IFE, no fue posible garantizar en 101 casillas (más de un tercio de las autorizadas) las formalidades y procedimientos previstos de instalación y apertura de casillas, recepción de la votación, escrutinio y cómputo de casillas, clausura y remisión del paquete electoral.

Como se recordará, el Consejo General del IFE aprobó la lista de lugares para la ubicación de 288 casillas en ese distrito, integrado por 150 secciones electorales, tomando en cuenta el acuerdo del 14 de mayo del Consejo Distrital. Para el 27 de junio ya se contaba con la imposibilidad física de poder instalar 21 casillas correspondientes a 13 secciones electorales, que representaban el 8.7 por ciento de las secciones y el 7.3 por ciento de las casillas. El día de la jornada electoral se reportaron 41 casillas no instaladas, correspondientes a 27 secciones electorales, y la mayor parte de la prensa nacional informó además del incendio y robo de 60 casillas.

Como según la versión estenográfica, que tan amablemente nos fue proporcionada por la Coordinación Nacional de Comunicación del IFE, concluyó el consejero Zebadúa el 10 de julio, es indiscutible que las casillas electorales que fueron afectadas por actos ajenos a la responsabilidad del Instituto, ``alteran en su integridad la votación emitida en el distrito electoral 3 del estado de Chiapas, no sólo por el número de casillas afectadas, sino por el ambiente generado en torno al propio desarrollo de la jornada electoral en este distrito, tal como lo prueba el número de casillas no instaladas o destruidas en los distintos municipios que integran este distrito''.

Sin entrar en la discusión de si de acuerdo con el actual Cofipe el Consejo Distrital está facultado para declarar la nulidad relativa de esas elecciones, es del todo procedente que de conformidad con el artículo 50, inciso B, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria del artículo 60 de la Constitución, se impugne ante el Trife, a través de un juicio de inconformidad, la declaración de validez de las elecciones del distrito 3 de Chiapas y el otorgamiento de las constancias de mayoría, y que con base en el inciso F del artículo 56 del mismo ordenamiento jurídico, se pida su revocación.

De otra manera no quedarían salvaguardados los principios de certeza, legalidad, representatividad, imparcialidad y objetividad en ese distrito electoral.

No olvidemos que en ese distrito las organizaciones independientes agrupadas en la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAC), que han venido demandando un régimen de autonomía indígena dentro del Estado nacional y del propio estado de Chiapas, postularon como candidato a la diputación federal al indígena tzeltal Nicolás López Gómez, quien sin duda defendería en la próxima Cámara de Diputados las reformas constitucionales y legales que se desprenden de los Acuerdos de San Andrés.