En gestación, una cultura para la paz, expresa Samuel Ruiz
José Gil Olmos Ť Para el presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), Samuel Ruiz, el mensaje político del jefe de la delegación gubernamental para el diálogo de paz con el EZLN, Pedro Joaquín Coldwell, no es exclusivo para este grupo sino que se trata de ``una comunicación más abierta''.
Luego de recibir el pronunciamiento Democracia por la Paz, hecho por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad --formado por 180 organizaciones sociales, universitarias, políticas y eclesiásticas de 17 estados--, el obispo manifestó que ``hay gente que quiere la paz y otros que se oponen a ella''.
Asimismo señaló que contra la violencia se está generando en el país una ``cultura por la paz'' y en ese sentido pidió cambiar la ``carga afectiva'' a los términos de aquel lenguaje que se ha impregnado de un significado violento.
El obispo Ruiz declinó comentar las declaraciones de Joaquín Coldwell, de que los recientes resultados electorales establecen las condiciones para que el EZLN se transforme en una ``fuerza política organizada e institucionalizada''.
Sin embargo, reiteró la postura de la Conai dada a conocer en su último comunicado --fechado el 8 de junio--, en el cual establece seis medidas para alejar el ``espectro de la guerra y la confrontación violenta'' en el país. Estas son el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas; liberación de los encarcelados por cuestiones políticas y sociales; establecimiento de la mesa de coyuntura para solucionar los conflictos regionales de Chiapas; retomar la negociación en el tema de democracia y justicia; reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, y respeto al sufragio ciudadano emitido en las pasadas elecciones.
Se presenta un cambio benéfico
El obispo de San Cristóbal reconoció que ahora se está presentando un cambio benéfico para la paz, porque se da sobre ``nuevas estructuras y nuevos corazones''. Por ende, abundó, no se puede omitir cualquier signo que incida en el proceso de pacificación.
Por su parte, Miguel Alvarez, secretario técnico de la Conai, consideró como ``prematuro'' el pronunciamiento de Joaquín Coldwell. Ello, explicó, porque se requiere de otras condiciones como la confiabilidad en la negociación y la desmilitarización de comunidades indígenas de Chiapas, para que el Ejército Zapatista se convierta en una fuerza política ``institucionalizada''.
En ese sentido señaló que la respuesta para continuar con el proceso de pacificación no sólo es del EZLN, sino del gobierno federal.
Como presidente de la Conai, el obispo Ruiz García recibió el pronunciamiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el cual se exige el respeto a los acuerdos del diálogo de San Andrés.
Tras anunciar la realización de jornadas por la paz los próximos cuatro meses, los integrantes de este movimiento --formado entre otros por Alianza Cívica, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Consejo Interreligioso de México, Provenzal Jesuita, estudiantes de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y de la Autónoma Metropolitana-- señalaron que los resultados electorales anuncian la posibilidad de que ``por fin las elecciones sean parte de la solución de los conflictos y no fuente generadora de ellos''.
Incluso señalaron que si se desea que la democracia no sea ``flor de un día'' es necesario pasar de la simple consideración de qué partido ganó y cuántas curules le corresponden, a ver cómo este resultado puede o no modificar las condiciones concretas de la población. ``La dimensión electoral de la democracia no puede perder el fin para el cual existe: la resolución pacífica de los conflictos desde sistemas de representación cada vez menos excluyentes'', señalaron los integrantes de este movimiento, donde además participa el representante de la comunidad judía en México, Enrique Movshovich.
Empero, cuestionaron si puede haber un avance democrático en el país cuando existe un ``lastre moral'' con la militarización en amplias zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De la misma manera con constantes violaciones a los derechos humanos y hostigamiento a los campesinos. Las 180 organizaciones avalaron el pronunciamiento donde exigen el cumplimiento de los acuerdos de paz y el restablecimiento del proceso de negociación, interrumpido desde septiembre de 1996.