A Carlos Payán

La pasada reunión de Cárdenas y Zedillo --lunes 14-- abre perspectivas que van más allá de los acuerdos adoptados durante su conversación. Es obvio que el secretario de seguridad, el procurador local y los presupuestos respectivos, deben hacerse por el Jefe del DF, pues son instrumentos esenciales de su gobierno, y así tendrá que suceder legalmente en la medida en que la capital, ahora independiente del Ejecutivo por efecto de la democracia electoral, sea restituida como entidad estatal.

Para entender en profundidad las connotaciones implicadas en ese lunes 14, ``extremadamente cordial'' y ``sin condicionamientos'', hay que preguntarse por la naturaleza de la crisis política que ha excluido, durante no pocas décadas, democracia, legalidad y legitimidad de la vida del país, cuestión que salta a la vista cuando un representante elegido por el libre voto ciudadano se halla de cara, en sitio oficial, con otro representante hecho y comprometido en el marco del ahora tambaleante presidencialismo autoritario y corporativo. ¿Qué significa este presidencialismo? La respuesta es tan clara como las exigidas por Descartes en sus Meditaciones metafísicas, hacia el siglo XVI, a saber: la edificación de un gobierno de facto negador del Estado de derecho, o sea una institución violatoria de la ley fundamental y desvinculada del pueblo que falsamente dice administrar.

El Estado de derecho es una aspiración histórica de la sociedad mexicana desde la revolución de independencia, en la inteligencia de que nuestra idea del Estado de derecho ha buscado explicitarse a través de una asamblea constituyente que lo organice, defina sus funciones y también su posición ante la sociedad civil, al reconocer los derechos del hombre en sus distintas gradaciones individuales, sociales y humanas, en el papel de escudos de la libertad contra las acciones arbitrarias del aparato gubernamental. Así fue como el Congreso de 1916-17 sancionó los principios y ordenamientos jurídicos del Estado de derecho mexicano en la Constitución política.

¿Cuál ha sido la relación del gobierno con la Constitución? Una relación transgresora de la Carta, es la respuesta. El sufragio efectivo y la no reelección, son objetos de burla en comicios fraudulentos y la práctica del dedazo, cuya protohistoria hay que localizar en el maximato callista; y esta burla acompañada de un ritornelo de opresión y represión de personas y masas, purgadas en lo que hace a sus derechos básicos, fueron unos y otros el efecto de la metamorfosis, sin escarabajos de Kafka, del gobierno constitucional en un presidencialismo comprometido con la protección y el enriquecimiento de élites locales y extranjeras. Probablemente Alemán y su secretario Beteta, izando las banderas de la capitalización nacional, no advirtieron que al ubicarse en tal situación lanzarían a México a órbitas de un trasnacionalismo capitalista destructor del empresariado nacional, succionando el mercado interior, y de la autonomía del propio presidencialismo, ahora sujeto férreamente a la lógica del desarrollo de élites financieras internacionales, ajenas a los valores materiales y espirituales del pueblo reconocidos en su ley suprema.

¿Cómo podría solucionarse tan grave crisis política? Llevando adelante lo iniciado el pasado 6 de julio, que en mucho simbolizan cardenismo, perredismo y zapatismo chiapaneco. Es decir, adoptando medidas para crear condiciones que propicien el triunfo total de la democracia electoral, aún manchada por el clientelismo presidencial y los representantes que procreó en el Congreso y gubernaturas de algunos estados. ¿En qué consistiría ese triunfo total? En la sustitución del presidencialismo autoritario y corporativo por un gobierno de derecho acorde con la Constitución sancionada en 1917. Esto es precisamente lo que significa la entrada de Cuauhtémoc Cárdenas a Los Pinos y los acuerdos con el presidente Zedillo.

Ahora bien, ¿la buena voluntad mostrada por el titular del Ejecutivo a las solicitudes del gobernador electo será expresión de una innovada voluntad política a colaborar en la compleja tarea de aniquilamiento del presidencialismo autoritario, a fin de abrir las puertas a un flamante renacimiento de la Patria? Ahora el rumbo de la historia de México es la democracia, y tarde o temprano tendrá que caer el gobierno de facto. ¿No es mejor que sea ahora y no mañana?