El empantanamiento de las gestiones pacificadoras en Chiapas entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo que parece haber sido la decisión política de mantener el impasse hasta los comicios del 6 de julio, tuvieron ya un grave costo, parte del cual se evidenció el día mismo de la elección, que no pudo realizarse con normalidad en la llamada zona de conflicto. Por otra parte, muchas de las causas profundas de la insurrección del 1o. de enero de 1994 se han ahondado y han surgido a la luz nuevas y peligrosas confrontaciones --vinculadas o no con la rebelión indígena-- en diversos puntos del territorio chiapaneco.

Tomando en cuenta lo anterior, es certero el comentario formulado el miércoles pasado por el jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, en el sentido de que la interrupción del diálogo de San Andrés --ocurrida luego de que el Ejecutivo federal rechazara la propuesta de modificaciones legales sobre derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa-- obligará a realizar un intenso trabajo previo para el restablecimiento de condiciones y contactos entre las partes como paso previo a la reanudación del diálogo en sí.

Con todo, las circunstancias actuales son particularmente propicias para reactivar las gestiones pacificadoras y conducirlas a la conclusión de acuerdos de largo alcance que garanticen una paz con justicia y dignidad y que ofrezcan soluciones de fondo a los fenómenos de opresión, injusticia, impunidad, marginación, racismo, miseria y violencia que originaron la rebelión indígena.

Por una parte, el propio delegado oficial ha expresado la disposición del gobierno federal a retomar el diálogo de San Andrés. Por la otra, a raíz de los resultados electorales del 6 de julio, la próxima Legislatura tendrá una composición más equilibrada y plural, y cabe esperar que ello se traduzca en mayores márgenes de acción e iniciativa para la Cocopa, la cual estará, en adelante, mucho menos sujeta a vetos priístas a la hora de presentar iniciativas de reformas legales orientadas a resolver el conflicto chiapaneco. Un tercer elemento que no debiera soslayarse es el fortalecimiento que experimenta la Conai al llegar a su fin el acoso y la hostilidad de que era objeto su presidente, el obispo Samuel Ruiz por parte del nuncio anterior, Girolamo Prigione. Es significativo, a este respecto, que el nuevo representante vaticano, Justo Mullor García, haya externado ayer su respaldo a la labor del religioso en pro de la pacificación chiapaneca.

Así, sin ignorar los esfuerzos y la voluntad política que habrán de empeñar todas las partes involucradas para retomar y llevar a buen fin las gestiones pacificadoras, ni desconocer que ahora habrán de atenderse, adicionalmente, nuevas ramificaciones del conflicto original, los elementos de juicio disponibles indican que hoy la paz en Chiapas, además de urgente, es posible, y que no es necesario ni conveniente recurrir a entidades extranjeras, y menos aún a otros gobiernos. El conflicto chiapaneco es y habrá de seguir siendo un asunto interno y deberá, por consiguiente, ser solucionado por mexicanos y mexicanas. Para ello existen en el país las fuerzas cívicas y políticas, las instituciones y organizaciones, las personas, la determinación y la convicción requeridas para retomar y concluir en forma satisfactoria las tareas de pacificación.