Condena de ocho años a Ana Vera y Felipe Canseco, del Procup-Pdlp

José Gil Olmos Ť Ana María Vera Smith y Felipe Edgardo Canseco, acusados de formar parte del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (Procup-Pdlp), fueron sentenciados a ocho años de prisión por asociación delictuosa.

En protesta, anunciaron que harán una huelga de hambre para demandar que los trasladen del penal de Puente Grande, Jalisco --a donde fueron llevados el 5 de septiembre de 1996, acusados de formar parte también del EPR-- al Reclusorio Norte de la ciudad de México, donde estuvieron casi siete años.

Aurelia Pérez Cano, del Centro de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en México, y Monserrat Canseco Ruiz, informaron que el juez de la octava sala del Tribunal Superior de Justicia dictó la sentencia desde el 12 de junio pasado y que ante la apelación del Ministerio Público, fijó una fianza de 100 mil pesos para cada uno de ellos.

Pérez Cano informó que se envió una carta a Nilda Patricia Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo, a fin de darle a conocer la situación ``ilegal'' que vive Ana María Vera en el penal de Puente Grande, donde fue recluida en un área destinada sólo para hombres y en la sección donde están los presos con problemas psicológicos.

Según la copia de la respuesta que emitió la oficina de la esposa del Ejecutivo federal el 20 de junio, se remitió el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se pidió apoyo a su presidenta, Mirreille Roccatti, ``en razón de las anomalías que se suscitan en el mismo''.

Ana María Vera y Felipe Edgardo forman un matrimonio que desde hace 7 años y un mes fueron detenidos bajo los presuntos delitos de asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad. De este último fueron absueltos. Ahora, señala la hermana de Felipe Edgardo, les fijan una fianza que es muy alta y que, según los jueces, no se puede rebajar.

Además, señala que se estableció la posibilidad de ofrecer como garantía un inmueble. Sin embargo, al acudir al Tribunal Superior de Justicia les informaron que por el momento no los podían atender, porque ``estaban de vacaciones''.

Indicaron que han tratado establecer, por medio de diputados del PRD, comunicación con la Secretaría de Gobernación, pero que hasta el momento se les ha negado.

Sobre la huelga de los detenidos, Aurelia Pérez advirtió que podría haber represalias, como en otros actos de protestas que han realizado.