ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Los diputados chiapanecos de oposición le ofrecen al gobernador Julio César Ruiz Ferro la oportunidad de aclarar a plenitud la manera como gastó el dinero público durante el año de 1996.

``Por ahora'', según expresaron en la tribuna del recinto camaral de Tuxtla Gutiérrez, se pide que seis funcionarios informen a detalle y comprueben satisfactoriamente el ejercicio presupuestal realizado en sus oficinas.

``Por ahora'' sólo seis: los secretarios de Educación, Obras Públicas, Hacienda, Salud, Seguridad Pública y el coordinador de Comunicación Social.

De los secretarios se espera que comprueben la correcta aplicación de su presupuesto original y de la ampliación que recibieron fundamentalmente por partidas federales extras.

De la oficina de Comunicación Social se pretende saber el monto de los recursos manejados y la comprobación exacta y detallada de los gastos hechos, sobre todo a partir de las evidencias documentales de que una cascada de desplegados a favor de que Ruiz Ferro continuara como gobernador coincidieron con elevados pagos de ``gacetillas'' a diarios locales.

La solicitud fue presentada ayer por escrito en la Cámara de Diputados chiapaneca por Jesús Gilberto Gómez Maza, Francisco Antonio Rojas Toledo y Nein Farrera Gómez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PT, respectivamente.

``Con fundamento en la ley orgánica, en el reglamento interno del Congreso, y asumiendo nuestra responsabilidad como representantes populares, insistimos en analizar el gasto público'', dice de entrada el documento conjunto.

Frente a esa petición formal de los representantes del pueblo chiapaneco, el gobierno del estado puede responder cuando menos de tres maneras distintas: atrincherán- dose en maniobras legaloides, y en otro mayoriteo camaral priísta, para negarse a informar a detalle el manejo de los dineros públicos; o enviando documentos genéricos e inservibles a los peticionarios, como sería el propio dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda aprobado a la carrera y por mayoriteo el pasado 8 de julio; o instruyendo a los funcionarios solicitados para que, públicamente y sin reticencias, informen cuanto sea necesario hasta que se agoten las dudas que hubiere.

De la opción que se escoja dependerá el juicio que la opinión pública se forme con respecto a las verdaderas intenciones del gobierno de Ruiz Ferro: informar abiertamente o escamotear la información.

Sin embargo, anoche, la oficina de Comunicación Social --cuyo titular, Manuel Zepeda Ramos, es uno de los invitados a comparecer ante los diputados-- aún no tenía información oficial con respecto a la manera como respondería a la solicitud de los diputados de oposición.

Ciertamente, el gobierno de Ruiz Ferro, la oficina de prensa de Zepeda Ramos y las oficinas administrativas de varios periódicos se ahorrarían muchos problemas mediante una fórmula sencilla y de comprobados buenos resultados: informando abiertamente, sin trampas y con claridad.

Así los chiapanecos se evitarían tener en el futuro vergüenzas administrativas y contables como las detectadas por la Comisión Conasupo.

La PGR y la prensa

Es posible que el único director de periódico en el país que no estuviera al tanto de su edición en la víspera y en el propio día de las históricas elecciones del pasado 6 de julio haya sido el de Momento, de San Luis Potosí.

Ni el sábado 5 ni el domingo 6 cuidó Pedro Lucero Hernández lo que se publicaría en el periódico que por ser propiedad de un presunto narcotraficante sujeto a proceso, ahora es administrado por la Procuraduría General de la República, en cuya dirección de bienes asegurados laboraba el habilitado director periodístico.

Pues resulta que el sábado 5 se publicó en Momento una especie de encuesta en la que se daba como triunfador al candidato priísta a gobernador por dos votos a uno contra su adversario panista.

Y en la PGR se dieron cuenta de que el único diario del país que había publicado encuestas era el que esa misma dependencia administraba.

Y corrieron al director, que apenas el lunes regresaba de México a San Luis Potosí, pero también al subdirector FranciscoMartínez, con siete años de antigüedad, a la jefa de información Elvia Duque, con 13, y al reportero Everardo Hernández, con tres años y medio.

¿Por un delito electoral? No, porque la legislación local no sanciona la publicación de esas encuestas.

Más bien como medida ejemplar, y como desagravio al honor de la PGR mancillado por su propio comisionado en San Luis Potosí.

Ahora, los periodistas despedidos sin causa legal justificada, es decir los tres que siempre han sido periodistas y siempre han vivido en San Luis Potosí, no el burócrata enviado por la PGR, han recibido la adhesión de sus compañeros potosinos, y seguramente entablarán una demanda laboral por su despido.

Comuneros desalojados

No por frecuente es menos indignante la actitud de los cuerpos policiacos uniformados y de civil que presionan de diversas maneras, hasta insinuar la propia agresión física, a manifestantes instalados en lugares públicos a donde de manera natural llegan quienes tienen problemas e inconformidades.

Tal fue el caso vivido por otros potosinos, éstos provenientes de la comunidad de San Juan de Guadalupe, quienes demandan atención presidencial a un añejo problema de tierras.

El miércoles por la noche fueron obligados a moverse de las afueras del Departamento del Distrito Federal, desde donde acompañaban a don Pedro Jasso que con su burro Chaparro a un lado se ha instalado frente al Palacio Nacional en demanda de audiencia, por policías que les llevaron a un centro deportivo oficial a pernoctar.

Los comuneros han decidido instalarse durante el día tanto en el Zócalo como en el DDF, pero por la noche prefieren buscar alojamiento solidario y no el obligado confinamiento en una instalación gubernamental.

Dicen que seguirán solicitando la audiencia con el presidente Zedillo porque la Procuraduría Agraria no actúa con diligencia y porque en su propio estado no les atienden.

Astillas: Luego de comentar que Astillero se dice Cuajimalpa en náhuatl, Nikito Nipongo comparte con esta columna la siguiente reflexión: ``¿Dónde están las fotos que por fuerza tuvo que tomarle su cirujano plástico a Amado Carrillo antes de que intentara reconstruirle la cara? ¿Las tiene el hospital donde lo operaron --y asesinaron--? ¿Están en poder de Gómez Mont o las incautó la Procu? Es obvio que tales documentos gráficos resultarán las mejores pruebas de la identidad del operado. A lo mejor tales fotografías se encuentran hoy en los archivos de la DEA''... En relación con las pasadas elecciones, don Amado Avendaño Figueroa recuerda por fax que ganar el Distrito Federal no es ganar México, pues falta el Palacio Nacional y todos los palacios de gobierno. Dice el periodista chiapaneco que los habitantes de la capital del país ``están embebidos por el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas'', mientras en otras entidades se viven los viejos vicios del sistema. En Chiapas, agrega, los paquetes electorales procedentes del interior del estado llegaron ``con boletas falsas y actas apócrifas'', pues ``las auténticas fueron echadas al río Novillero y a la corriente de tantos ríos a lo largo y ancho de la geografía chiapaneca''. Avendaño Figueroa también señala que ``se doblegó al sistema en la zona urbana, pero le quedan todos los bastiones de la inmensa zona rural, y no porque los campesinos quieran votar por su propia desgracia, sino porque ahí el único que recauda, cuenta y trafica con los comicios es el sistema''..