Policías jaliscienses desalojan a campesinos de un predio que pretende adquirir el magnate Goldsmith; 18 detenidos

Matilde Pérez U. Ť Por tratar de impedir que sir James Goldsmith --uno de los hombres más ricos del mundo-- siguiera ampliando ``su reserva de la biosfera'' Cuixmala-Chamela --cercana a la costa sur del estado de Jalisco--, campesinos de los poblados Ley Federal de Reforma Agraria, Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron desalojados violentamente por autoridades del gobierno estatal del predio Piratas, 18 de ellos fueron encarcelados y hay órdenes de aprehensión en contra de sus dirigentes, Pedro León Corrales y Jesús Castolo.

Pedro León Corrales, dirigente del Consejo Indígena Campesino, informó que el operativo --en el que participaron cerca de 200 elementos de la policía preventiva y judicial de Jalisco, los agentes del Ministerio Público de Cuautitlán, Rogelio Ruiz Ocampo; de Autlán, José de Jesús Saltillo Corona, y de La Huerta, Jaime Landeros Lozano, y David López Rubio, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-- comenzó el día 8 y terminó el 10 del mes en curso. ``Por la persecución de las autoridades no dimos nuestra versión'', agregó.

Los policías utilizaron gases lacrimógenos y golpearon a niños, mujeres y ancianos, que seguirán tratando de impedir que Goldsmith se apropie de 712 hectáreas del predio Piratas, cercano a la playa, aún virgen, de 5.5 kilómetros y colindante a las 9 mil hectáreas que adquirió el magnate y que actualmente forman parte de la reserva de la biósfera Cuixmala-Chamela, con una extensión de 13 mil 142 hectáreas, declarada como tal en 1993 por el presidente Salinas de Gortari.

Los detenidos que ya fueron trasladados al penal de Guadalajara son: José Cuevas Mejía, Jesús Cortés Ortega, Pascual Naranjo Rodríguez, José Flores Mejía, Felipe López Ramírez, Francisco Morfín Olivares, Dimas Zavala Alanís, J. Guadalupe Ríos Rodríguez, Félix Juárez, Pedro Ríos, Silvia, Ofelia y Fernando Méndez Gordillo, acusados de despojo, daños, ataques a las vías agenerales de comunicación, robo, abigeato, lesiones, motín y pandillerismo.

Fueron gravemente lesionados, detenidos y liberados bajo fianza: María de Jesús Gordillo Caro, Margarito Verduzco Gálvez, Miguel Barragán, Maximino Méndez Mendoza y Custodio Flores Méndez. El reporte policiaco que se dio a conocer en la prensa local indicó que el grupo ``pasaba por la zona y se dio cuenta de un enfrentamiento entre los ejidatarios, por lo que tuvieron que intervenir''.

Por una acción poco clara de la Secretaría de la Reforma Agraria, el predio Piratas, municipio La Huerta, es ahora disputado por los pobladores de Emiliano Zapata, pero de acuerdo con la resolución presidencial de 1962 corresponde a Ley Federal de la Reforma Agraria. Los ejidatarios de Emiliano Zapata que disputan ese predio pertenecen a un grupo ajeno a los beneficiarios y que ``introdujo la SRA hace más de 30 años'', según versión de León Corrales.

No sólo es un problema agrario que no ha resuelto adecuadamente el secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, sino una protección poco clara desde el inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid hasta la fecha a favor del magnate empresarial franco-inglés. Según la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la reserva está dentro del marco del ``desarrollo sustentable'', por lo que los habitantes de la zona tienen que formar parte de los proyectos para la región; sin embargo, el proyecto Costa Grande --que pretende destinar al turismo 700 mil hectáreas, la mayoría terrenos ejidales, desde Barra de Navidad hasta Bahía de Banderas en Puerto Vallarta-- excluye a los campesinos e indígenas, añadió.

El pasado 21 de abril el Consejo Indígena Campesino interpuso una demanda en contra del titular de la SRA, Arturo Warman, y de James Goldsmith y su administrador, Luis de Rivera, por los delitos de despojo, falsificación de documentos y los que resulten.

Por lo pronto, Pedro León Corrales solicitará a las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y Reforma Agraria, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su intervención imparcial.