Luis Hernández Navarro
El nuevo Congreso y la paz

¿Cuál es el significado para el proceso de pacificación en Chiapas de los resultados electorales del pasado 6 de julio? ¿Abre la nueva composición del Congreso la posibilidad del restablecer las pláticas de San Andrés?

El hecho es importante para el futuro de la transición hacia la democracia en el país. Andrés Manuel López Obrador anunció que la paz en Chiapas será el primer punto de la agenda legislativa del PRD, y distintos legisladores han señalado que es necesaria una iniciativa del Congreso para avanzar en la solución del conflicto.

Desde la perspectiva chiapaneca los pasados comicios fueron un claroscuro. Por un lado, desde su dimensión nacional, la existencia de una nueva correlación de fuerzas dentro del Congreso, el triunfo de Cárdenas y el ascenso del PRD son factores positivos en la creación de condiciones para impulsar la pacificación en la entidad. Por el otro, el absurdo de que Chiapas siga apareciendo como uno de los estados más priístas del país, un abstencionismo del 65 por ciento, el voto militar y la militarización (que abarca 48 municipios), la coacción y compra de votos, la realización de comicios donde no había condiciones para hacerlo, el desarrollo de una jornada electoral llena de incidentes graves, son elementos negativos en la búsqueda de la distensión. A ello habría que añadir la práctica inexistencia de representantes indígenas en la próxima Legislatura.

La posibilidad de que el nuevo Congreso juegue un papel más eficaz en la pacificación de la entidad dependerá, en el corto plazo, de tres factores: el futuro de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, la relación con el Ejército y la posibilidad de afectar los intereses de la oligarquía chiapaneca.

El diálogo de San Andrés se suspendió el 28 de agosto de 1996, casi un año antes de la realización de los comicios federales, por causas no relacionadas con la coyuntura electoral. Cinco fueron las razones que el EZLN esgrimió para explicar la interrupción de las conversaciones con el gobierno. Una de ellas era el incumplimiento gubernamental de lo firmado el 16 de febrero de ese año en materia de derechos y cultura indígena.

Han pasado 17 meses desde la firma de esos Acuerdos y el gobierno sigue sin honrar su palabra. Reiniciar el diálogo en Chiapas pasa, necesariamente, por hacer las reformas constitucionales. El espíritu de esas conversaciones es dialogar para acordar, y acordar para cumplir. Si no se cumple lo pactado, el diálogo se desnaturaliza. La nueva composición del Congreso pudiera ayudar a destrabar el impasse del diálogo, pero ello sólo será posible si los partidos que forman la nueva Legislatura hacen a un lado su visión particular de las reformas indígenas y asumen como propia la propuesta de ley elaborada por la Cocopa.

Una iniciativa de ley presentada en solitario por el PRD (con el posible apoyo del PT y del PVEM) no tiene posibilidades de éxito. Y cualquier acción de este partido en ésa ruta deberá superar tanto el veto presidencial contra la reforma como el rechazo panista al reconocimiento de los derechos indígenas.

El segundo punto clave en el proceso de negociación de la paz en Chiapas es el Ejército. ¿Podrá el nuevo Congreso hacer que éste regrese a sus cuarteles, o al menos establecer una relación estrecha con él? El hecho es relevante. El Ejército ha ganado autonomía en sus movimientos y ha expandido su presencia en Chiapas. No parece requerir el consultar al Presidente para decidir muchas de sus acciones. Su protagonismo es creciente. No sólo corta el pelo o hace labor social, sino también reparte tierras en Jaltenango. ¿Por qué habría de negociar su presencia y actividades en la entidad con el Congreso?

Finalmente, tampoco son muy claras las posibilidades de que el Legislativo pueda afectar los intereses de la oligarquía chiapaneca que la solución del conflicto requiere. Hasta ahora el Ejecutivo no ha tocado a esa fuerza ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, sus aliados nacionales recibieron en la pasada contienda electoral un serio descalabro.

Aunque el proceso de pacificación estaba suspendido por causas ajenas a la cuestión electoral, los resultados de los comicios afectan el marco en el que se desenvuelve. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso y el ascenso electoral del cardenismo son, simultáneamente, el resultado de un voto por el cambio y por la paz. El país necesita de un nuevo pacto político que pasa por la solución del conflicto chiapaneco. El nuevo Legislativo deberá retomar, de inmediato, un papel más activo en la búsqueda de soluciones pacíficas. Pero para ser exitoso requerirá, al menos, de tres condiciones: hacer cumplir los Acuerdos de San Andrés, crear mecanismos de distensión y afectar los intereses de la oligarquía local. De no hacerlo, fracasará en el intento.