La reunión efectuada ayer entre el presidente Ernesto Zedillo y el gobernador electo del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, es un hecho de importancia para el futuro próximo, pero también un corolario positivo de la conflictiva historia política reciente.

Aunque, en rigor, Cárdenas no acudió a Los Pinos en representación de su partido sino como gobernador electo, el encuentro marca implícitamente el fin de un largo periodo de relaciones conflictivas entre el gobierno federal y el Partido de la Revolución Democrática. Tal periodo se inició desde la fundación de ese instituto político, durante el primer año del régimen salinista, en el cual el PRD fue sistemáticamente excluido e ignorado como interlocutor, y en el que el poder gubernamental se empeñó en la liquidación política de los perredistas, centenares de los cuales fueron asesinados en diversas regiones del país. Si bien la llegada de Zedillo a la Presidencia significó un cambio sustancial en la actitud oficial hacia el PRD, persistió, hasta el 6 de julio, una hostilidad verbal -que en ocasiones llegó a ser altisonante- entre el Ejecutivo federal y la dirigencia perredista.

Pero desde la noche misma de la histórica jornada electoral, el mandatario expresó su felicitación y su respeto a Cuauhtémoc Cárdenas y a sus compañeros de partido que resultaron electos a puestos de representación popular, y manifestó su decisión de trabajar con ellos en un marco de colaboración. La reunión de ayer es la traducción en hechos concretos de ese propósito.

En otro sentido, en la perspectiva del gobierno urbano que asumirá Cárdenas Solórzano en diciembre, uno de los principales motivos de inquietud e incertidumbre había venido siendo el marco legal en el que habrá de desempeñarse el primer gobernador electo de la capital, marco que impone severas -y acaso improcedentes- acotaciones al Ejecutivo local, especialmente por lo que se refiere a su incapacidad de nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Se infería, y con razón, de esa limitación, la posibilidad de conflictos institucionales entre el poder local y el federal, el cual mantiene atribuciones sobre la fuerza pública.

En la reunión sostenida ayer en Los Pinos, el presidente Zedillo se comprometió a nombrar para el cargo mencionado a la persona que proponga el gobernador electo, y ha despejado con ello los temores mencionados. Este compromiso es un gesto de gran valor político y cívico. Con él, el mandatario ha puesto por encima de cualquier otra consideración la necesidad de resolver los agudos problemas que agobian a los capitalinos; ha mostrado su plena comprensión hacia los requerimientos del próximo gobierno urbano, y ha realizado una valiosa aportación a la gobernabilidad y estabilidad de la ciudad de México.

No debe omitirse el hecho de que el deficiente desempeño en materia de seguridad pública y procuración de justicia ha sido, tradicionalmente, un factor central en el descrédito y el desgaste político de las administraciones urbanas; que, por lo mismo, la adopción de medidas eficaces en estos ámbitos es uno de los más importantes desafíos para el gobierno de Cárdenas y que, por ello, es pertinente y necesario que disponga de las facultades y condiciones favorables para enfrentarlo.

Otros aspectos por demás positivos y auspiciosos son la decisión presidencial de poner a la cabeza del equipo de transición al propio regente en funciones, Oscar Espinosa Villarreal, y los propósitos de su sucesor de conocer la visión de éste y de su equipo sobre la problemática urbana y de dar continuidad a los proyectos y programas en curso.

Estos actos y actitudes demuestran que la transición a la plena democracia y al régimen de partidos no tiene por qué conllevar inestabilidad, conflictos institucionales ni ingobernabilidad. Enhorabuena