El agro mexicano, gran perdedor por el Tratado de Libre Comercio

Patricia Muñoz Ríos Ť La propuesta de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) considera incluir el tema de migración y otros aspectos de carácter social, la aplicación de restricciones y castigos a las inversiones especulativas, así como revisar los tiempos de apertura en sectores que han resultado afectados por la liberalización como el ganadero, el hortofrutícola, el pecuario y la producción de granos básicos, entre muchos otros.

El proyecto de renegociación será impulsado a partir del nuevo Congreso legislativo y estará apoyado por la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Remalc), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), sindicatos independientes y otras 90 organizaciones.

El proceso para intentar la renegociación prevé, primero, discutir el proyecto con las autoridades comerciales; posteriormente, el intercambio con legisladores y, en septiembre, la propuesta formal al Congreso para su análisis, plantearon las representaciones sociales.

El proyecto de revisión del TLC ya está listo e implica revisar prácticamente todos los capítulos del acuerdo y, según sus objetivos, buscaría eliminar el carácter inequitativo del tratado y establecer una ``integración con justicia social''; respetar los derechos humanos; disolver la asimetría jurídica entre los tres países asociados y que el convenio genere condiciones que permitan la distribución de la riqueza, según la propuesta entregada por la Remalc.

Uno de los aspectos principales sería la entrada temporal de personas de negocios, ya que el proyecto de revisión del TLC buscará lograr un acuerdo global de migración temporal, no reducido a hombres de negocios y profesionales; crear una comisión bilateral sobre violencia en la frontera; garantizar la vivienda y el transporte para los trabajadores migratorios e incluir una agenda social que garantice el respeto a los derechos colectivos de los jornaleros.

Complementariedad en lo agropecuario

En lo referente al sector agropecuario y forestal se buscaría un tratamiento de complementariedad, y no de competencia y exclusión en producción y abasto de alimentos básicos; incluir un convenio sobre seguridad alimentaria; excluir del TLC los granos básicos; establecer la obligación de compensar a los productores que se vean afectados por las prácticas desleales; incluir los derechos de los campesinos, organizaciones civiles y pequeños y medianos agroempresarios.

En salvaguardas el proyecto señala que México debe recuperar como un derecho soberano la aplicación de estas medidas de protección de su mercado cuando lo considere conveniente; se tendrán que poner candados para que sólo los monopolios y las grandes empresas sean consideradas representativas y, por ende, calificadas para solicitar la aplicación de medidas de emergencia.

Al capítulo de inversiones se introducirían cambios para que se premiara la canalización de capital productivo y se castigara la inversión especulativa o de bolsa. La intención global sería ``renegociar para volver al espíritu original de la Constitución Mexicana en lo que se refiere a mantener sectores reservados al Estado''; eliminar los regímenes preferentes que se dieron a los inversionistas extranjeros y aplicar exigencias para que transfieran tecnología, se asocien con capital mexicano, prefieran insumos nacionales, generen empleo y cumplan con ciertos requisitos ecológicos.

En cuanto a telecomunicaciones en este proyecto se propone establecer ciertos requisitos a quienes inviertan en este sector en México, como sería generar beneficios a las poblaciones y usuarios donde se establezcan, y además se buscará precisar más claramente la definición de monopolios.

Sobre servicios financieros señala que la apertura ha permitido la entrada del capital extranjero en este sector en grandes proporciones, por lo que tiene que revisarse la gradualidad y reciprocidad que convenga para el país, así como crear una estructura competitiva saludable que sirva de contrapeso a los monopolios bancarios y financieros privados, tanto nacionales como extranjeros.

Falta precisión en seguridad y soberanía

Asimismo, falta en el TLC una definición precisa de las actividades tipificadas en el ámbito de la seguridad y soberanía nacionales como las funciones de la Tesorería de la Federación, el manejo del sistema de pensiones, etc., así como revertir el esquema de trato nacional, pues por ejemplo las instituciones financieras estadunidenses pueden ahora hacer en México lo que no se les permite en su país, que es operar como grupos financieros.

Otro aspecto fundamental a que se refiere este proyecto concierne al sector energético, ya que se permitió la inclusión en el tratado de ``contratos de desempeño'' que son un subterfugio para evadir la prohibición de la legislación mexicana de los contratos de riesgo; además deberán replantearse la modalidades de posibles inversiones en plantas de generación de electricidad, pues se ha dejado una puerta abierta para que en adelante empresarios extranjeros puedan prestar un servicio que según la Constitución original debe ser sólo del gobierno.

El proyecto de revisión prevé modificar todo el capítulo referente a las compras del sector público, para que al menos haya una apertura equivalente, ya que mientras México libera sus sectores de mayor peso como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para los proveedores de Estados Unidos y Canadá, estos últimos ofrecieron apenas una apertura muy limitada de sus sectores.

Las revisiones planteadas al acuerdo tocan prácticamente todos los temas e incluso se propone conformar una comisión de comercio de América del Norte, en la que se tomaría en cuenta a la sociedad en la vigilancia de este acuerdo.

Angélica Enciso Ť Los productores de granos básicos, oleaginosas y pecuarios son ``los perdedores netos'' del Tratado de Libre Comercio (TLC) a tres años de que entró en vigor. En este lapso se incrementaron 19 por ciento los volúmenes de importación de los principales granos así como de productos pecuarios, sector cuya balanza comercial en 1996 tuvo un saldo negativo por mil 430 millones de dólares.

Al negociarse el capítulo agropecuario en el acuerdo comercial, diversas organizaciones se opusieron a su ingreso y ahora demandan una revisión ante la acelerada apertura de la frontera para el maíz, el desplome en la producción nacional de carne de bovino y la creciente dependencia tecnológica del exterior.

La incorporación de la agricultura al TLC fue uno de los temas más polémicos en las negociaciones, y la previsión del sector social era que se profundizaría la dependencia alimentaria en granos, oleaginosas y productos pecuarios sobre los cuales existía una gran diferencia productiva en favor de Estados Unidos. Finalmente todo esto sucedió.

Por ejemplo, en estos tres años el promedio de las importaciones de maíz ascendió a mil 990 millones de dólares, lo que representa un incremento de 45.4 por ciento en relación con el promedio de las importaciones del periodo 1989-1993.

Además, en los productos donde México podría tener competitividad como tomate y aguacate, en los dos últimos años la posición estadunidense fue de una ``acre ofensiva'' proteccionista.

Lo anterior es resultado de un análisis de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Sector Social (ANEC), de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y de la Confederación Nacional Ganadera (CNG), así como del balance de sector agropecuario que presenta el texto Espejismo y realidad, el TLCAN tres años después, editado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Remalc).

Hace tres años...

Antes de que entrara en vigor el TLC, el investigador de la Facultad de Economía, José Luis Calva, advertía que este acuerdo ``generaría pérdidas netas devastadoras en el campo mexicano, que no sólo harían inmanejables nuestras cuentas externas por el dramático crecimiento de nuestras importaciones alimentarias, sino que provocarían efectos adversos como más de 15 millones de mexicanos que tendrían que abandonar sus campos''.

Señalaba las diferencias: en México se requerían 17.8 días-hombre para producir una tonelada de maíz, y en Estados Unidos bastaban 1.2 horas; en México había dos tractores por cada 100 hombres, mientras en Estados Unidos un hombre disponía de 1.5 tractores y en Canadá de 1.6 tractores.

Ante ese panorama, los objetivos de los negociadores del TLC fueron realizar una transición con plazos largos que permitieran el ajuste interno, garantizar el acceso libre de las exportaciones mexicanas a los mercados de Estados Unidos y Canadá, así como dar certidumbre al productor, indica la Remalc.

Se buscó dar protección a los granos básicos y para el maíz se estableció un periodo de 15 años para dejar las importaciones libres de aranceles. ``El trato especial exigido por México se concretó a que Estados Unidos abriría su mercado agropecuario más rápido y México tendría un periodo de protección más largo'', agrega la Remalc.

Resultados del TLC

En este momento se ha profundizado y se vuelve irreversible la desprotección y el desmantelamiento de la agricultura de granos básicos, además de que el país no cuenta ni con autosuficiencia alimentaria ni ventajas comparativas.

Sobre los granos básicos, la actividad de 3 millones de campesinos, la ANEC indica que en estos tres años el volumen de importaciones llegó a los 10.7 millones de toneladas, lo cual representa un incremento del 19 por ciento en relación con el periodo de 1992-1993.

Durante 1996 las importaciones de maíz fueron 59 por ciento superiores a la cuota de importación libre de arancel considerada para el año 14 de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Esto, señala la organización, demuestra que fue a tres años y no a 15 cuando se dio la liberalización total de las importaciones de Estados Unidos, uno de los presuntos logros de los negociadores.

Además, agrega, es significativo el hecho de que el valor de las importaciones de granos y oleaginosas se haya incrementado 104 por ciento en 1996 respecto a un año antes.

Para la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, el actual modelo implica la exclusión paulatina de los productores que no tienen ventajas comparativas, por lo que de los 12 millones de hectáreas cosechadas, 5 millones no podrían competir.

El Estado ha abandonado su función de garantizar la seguridad alimentaria y ha confiado en la incertidumbre y la volatilidad de las agriculturas y mercados mundiales para establecer sus políticas de precios, fomento, abasto y seguridad alimentaria, señala la Remalc.

También, indica, el TLC agrava la inseguridad alimentaria de la mayoría de los mexicanos, socava la red de seguridad y la base de la autosustentación de las familias campesinas, sobre todo en las regiones de agricultura campesina e indígena.

Para los productores del campo la situación cada año es más difícil: sin créditos, dificultades para la comercialización y sin lograr reincentivar el sector.

La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio menciona que el promedio de las importaciones en los primeros tres años del TLC fue de mil 990 millones de dólares, lo que representa un incremento de 45.4 por ciento con relación al promedio de las importaciones de 1989 a 1993.

Señala que mientras el valor total de las exportaciones de legumbres, hortalizas frescas, café y tomate ascendió a mil 952 millones de dólares en 1996, el valor de las importaciones de granos básicos fue de 3 mil 650 millones de dólares.

Los ganaderos se han quejado de la falta de sensibilidad de la banca para otorgar créditos, y son constantes los llamados de distintos sectores gubernamentales para que apoyen al sector, y además han demandado que el sector pecuario sea renegociado.

``Mientras se mantengan los altos niveles de apoyo gubernamental en los países con los que México .pretende llegar al año 2000 con un mercado libre, la posición de la ganadería es la de excluirse dado que las condiciones en que opera el productor mexicano y el nivel de los subsidios que recibe lo ponen en desventaja competitiva frente a las ventajas artificiales de los productos de importación'', indica la CNG en su informe anual.