Acusan a Rubén Figueroa 10 de los ex policías condenados

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 13 de julio Ť Diez ex policías motorizados sentenciados como culpables de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, revelaron este domingo que aceptaron ser encarcelados a petición de sus superiores, quienes les prometieron a cambio casas y apoyo económico, con el fin de proteger a los ``verdaderos'' responsables. También les aseguraron que sólo estarían en la cárcel hasta diciembre de ese año: ``sólo para taparle el ojo al macho'', y que lo tomaran ``como un servicio''.

-¿Quiénes eran los meros meros? -se le pregunta a uno de los diez policías que decidieron ``abrir la boca'' y que en el penal de esta ciudad habla en nombre de Ignacio Benítez Carbajal, Dustano Vargas Hernández, Jesús Medina Mora, Hermilo Tacuba Alonso, Benito Cruz Hernández, José Manuel Rodríguez Pino, Alfonso Díaz Jiménez, Alberto Navarrete Nava, Marco Antonio Villamar Arguello e Hilario Piedra Orozco.

-El gobernador Rubén Figueroa Alcocer; el secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; el subsecretario de Protección, Rosendo Armijo de los Santos, y el negociador político de Figueroa y actualmente diputado federal electo por el PRI, Héctor Vicario Castrejón -afirma.

Los diez ex policías fueron los primeros encarcelados por el caso Aguas Blancas, en julio de 1995, y hoy decidieron hablar ``con la verdad'', como lo anunciaron el viernes, tras conocer la sentencia de 24 años de prisión a la que los condenó el juez tercero penal, Adolfo Van Metter.

El vocero hizo declaraciones acerca de lo ocurrido en el vado totalmente distintas a las que los diez firmaron en los expedientes, y más parecidas a los testimonios de campesinos sobrevivientes que nunca fueron recogidos en la investigación ministerial ni en el proceso penal.

Afirmaron que en la operación policiaca de ese día, para detener a un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigía a una manifestación en Atoyac, participaron 480 efectivos de la motorizada, antimotines y judicial del estado, y no 30, como se indica en todos los expedientes oficiales.

``Para ser más específicos, eran 30 comandantes con 10 elementos bajo su mando cada uno, siete grupos de policías judiciales y dos camiones con antimotines, incluso un helicóptero, que llegó después del incidente, de donde bajaron Héctor Vicario Castrejón, Rubén Robles Catalán y Rosendo Armijo de los Santos''.

Afirmaron que el entonces subsecretario de Protección y Tránsito estatal, Rosendo Armijo, fue quien habló directamente con ellos para hacerles la propuesta, ``por órdenes del gobernador Rubén Figueroa'', para que aceptaran declararse culpables: ``Nos metieron a un cuarto, y luego llegó Rosendo Armijo, y nos dijo que se nos iba a presentar como culpables a los diez, por órdenes de arriba, porque era necesario proteger a los meros meros''.

El vocero agregó: ``Nosotros nos preocupamos y le preguntamos qué nos iba a pasar, y Armijo nos aseguró que pronto iban a caer los policías responsables y que nosotros seríamos liberados, y nos dijo: `Es que ustedes son los de confianza, sabemos que no van a decir nada y es que no podemos meter a la cárcel a los que dispararon para que no sean señalados'''.

El ex policía informa que aquel 28 de junio les avisaron que se prepararan para un operativo por la sierra: ``Ya antes los habíamos hecho; recorríamos algunas poblaciones, si nos encontrábamos con algún vehículo lo deteníamos y revisábamos a los tripulantes, como parte de los operativos de despistolización y combate a la delincuencia''.

Otra diferencia con las operaciones usuales es que el 28 de junio de 1995 los ``obligaron a ir'' a ese operativo, porque los amenazaron con darlos de baja.

Quien habla en nombre de los diez primeros detenidos dice que ellos estaban a distancias que van de 100 a 150 metros del vado, algunos desde su posición en una curva no podían ver la camioneta que fue baleada, ni dispararon ni saben cómo se desencadenaron los hechos.

Sin embargo, después de que fueron detenidos, los diez fueron convencidos de firmar declaraciones prefabricadas en las que responsabilizan a los campesinos de la agresión, y se dice que los policías no recibieron alguna orden de disparar, que sólo actuaron por instinto. También, se falsificaron las pruebas de Harrison que aparecen en el expediente.

Ahora los sentenciados dicen que ``todo fue armado por los abogados que contrató Figueroa'', entre ellos uno que se llama Samuel Campos.

Aseguran que Armijo de los Santos, en nombre de Figueroa, les hizo varias promesas: ``que nos iban a tratar bien en el Cereso, que nos iban a dar casa, apoyos económicos, becas para nuestros familiares y que en diciembre de 1995 a más tardar estaríamos liberados, que lo tomáramos como un servicio''.

Ninguna promesa se cumplió; por el contrario, en enero de 1996 fueron encarcelados otros 18 policías motorizados, a quienes el gobierno de Figueroa hizo ofrecimientos similares, y que afirman que tampoco son los que dispararon contra los campesinos. ``Ahora nos dicen que nos acostumbremos porque nosotros somos los culpables de lo de Aguas Blancas''. Por eso decidieron hablar, y afirman: ``fuimos obligados, amenazados y engañados''.

Informaron que a partir del viernes, cuando se les dictó sentencia, llegaron antimotines al Cereso que los vigilan todo el tiempo, y que, incluso, el miércoles por la noche llegaron judiciales federales a inspeccionar los dormitorios.