Los resultados de las elecciones marcan el fin del régimen de partido hegemónico y el principio de uno nuevo, probablemente democrático y plural, donde el gobierno, las elecciones, los partidos y los ciudadanos jugarán un papel distinto.
En primer lugar hay que destacar el papel tan importante que jugó en esta coyuntura el Instituto Federal Electoral ciudadanizado, por dos razones: a) se logró una gran transparencia en el proceso electoral, y b) se dio confianza y se despertó el interés de muchos ciudadanos. Como ha dicho Demetrio Sodi, las escaleras siempre se barren de arriba para abajo; por eso el cambio de dirección en el IFE dio un nuevo carácter al proceso electoral. Los resultados en líneas generales ya están a la vista: el triunfo indiscutible de Cárdenas y del PRD en el Distrito Federal y en el estado de México, el triunfo del PAN en Querétaro y Nuevo León, elecciones competidas en San Luis Potosí, Sonora, Colima y Campeche; y una Cámara de Diputados con tres fuerzas políticas importantes: PRI 36 por ciento, PAN 28 por ciento, y PRD 26 por ciento (datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares). Hay problemas pendientes que deberán resolverse, no sólo en estricto apego a la ley, sino también con un genuino interés por atender los reclamos sociales. Chiapas es quizás el caso más notable. Desde antes del 6 de julio varias organizaciones civiles habían advertido que no existían las condiciones para celebrar elecciones en algunas regiones debido a la presencia militar, a la impunidad con que han actuado grupos armados de sectores que parecen recibir protección del gobierno local, a la presión que se ejerce sobre las comunidades zapatistas, a que los acuerdos de San Andrés quedaron en suspenso; sin embargo, esas consideraciones no fueron atendidas. Hoy el resultado en los distritos Primero, con cabecera en Palenque, y Tercero (con cabecera en Ocosingo) arrojan resultados que obligarían a anular las elecciones, para dar la oportunidad de realizar un proceso electoral legítimo. Para poner un ejemplo, en Ocosingo de las 288 casillas, 101 no fueron instaladas, fueron robadas o destruidas. Atender estos y otros problemas todavía está en manos del IFE y del Tribunal Electoral del poder Judicial.
El papel de los medios de comunicación en general, y en especial el cambio que se advirtió en la televisión, tuvieron un gran impacto en un cambio de actitud de los ciudadanos. Por primera se vieron todos los candidatos con voz y con imagen, y se generó interés en el público al presentar las diversas opciones políticas con relativa equidad.
Hoy sí se puede hablar de una cultura política emergente, que rescata la dignidad de los votantes y la significación de su decisión individual. Cuando menos en el Distrito Federal y en los distritos conurbados del estado de México se puede afirmar que fracasaron los operativos del PRI para comprometer el voto a cambio de bienes y servicios, muchos de ellos presumiblemente administrados por las respectivas autoridades locales.
Los resultados de las elecciones del 6 de julio pasado demuestran que una nueva lógica puede imponerse en las elecciones, el reto es consolidar a las instituciones y la cultura política en esa dirección: a) deberán cambiar las leyes electorales de los estados para plegarse a las nuevas disposiciones de la Constitución, a fin de ofrecer las mismas garantías de transparencia que las elecciones federales. Asimismo, habrá de imponerse la convicción de que la legitimidad electoral es el más alto valor al que deben responder todos los funcionarios electorales; b) ningún partido tendrá la certeza del triunfo en una elección, por eso todos, incluyendo al PRI, deberán revisar sus estrategias de lucha electoral, para seleccionar a los candidatos y desde luego en el desempeño del poder; c) los funcionarios públicos de cualquier partido deberán ganarse las simpatías de los electores con una gestión honrada y eficiente, y evitar las prácticas clientelares; d) los mexicanos podrán usar su voto para elegir a sus gobernantes, pero esto conlleva también responsabilidades, no caer en relaciones clientelares, informarse sobre las opciones que ofrecen los partidos y organizarse para tener un peso específico en la consolidación de la democracia.