Se está repitiendo, de otro modo, el drama de la embajada japonesa en Lima y un rehén corre peligro de ser ejecutado en el País Vasco por la organización independentista ETA si el gobierno de España no cede trasladando a todos los etarras presos a cárceles vascas o situadas cerca de Euskadi, donde puedan visitarles sus familiares (que son las principales víctimas de la actual dispersión de los reclusos por todo el Estado español que busca aislar a los presos políticos vascos).

No se trata sólo --como lo hacemos, al igual que todos los demócratas-- de condenar los secuestros, que violan los derechos humanos, ni tampoco de protestar contra la pena de muerte, que es bárbara cuando la aplican los estados e igualmente repudiable como método de guerra de una fuerza política. Se trata, en cambio, de ser realistas y de comprender que el resentimiento de un sector de la sociedad vasca, minoritario, quizás, pero numeroso e importante, contra el Estado español y contra los ciudadanos de éste que aparecen como enemigos, es un factor que hay que reducir apaciguando los ánimos y que no se puede enconar aún más el rencor con la política del ojo por ojo, de la escalada de la represión y del aislamiento frente a los repudiables métodos de los desesperados. Si ETA debe demostrar madurez y comprender que la independencia vasca no podrá conseguirse jamás sin aliados que debe conquistar en los pueblos españoles, en Europa y en el mundo --por lo tanto, deberá hacer todo lo posible para evitar asesinar a su rehén, entre otras cosas porque causaría un daño terrible a su lucha y a todos los vascos--, el Estado, como en el caso de Perú, tiene una responsabilidad mayor.

Demostrar intransigencia y un mero apego a la letra y no al espíritu de las leyes a costa de la vida de un inocente sólo conduce a dos cosas: al aumento del terror por ambos lados con gravísimos costos para todos los vascos, no sólo para los simpatizantes de ETA, y a crear un río de sangre entre los adversarios, los cuales están condenados por la historia misma a negociar si no quieren hundirse en la lógica aberrante de la escalada de la violencia.

El traslado de los presos vascos a sus tierras y la apertura pública de negociaciones para llegar por lo menos a una tregua y abrir el camino a la discusión civilizada de todos los problemas políticos, lejos de ser un síntoma de debilidad, reforzaría moralmente a un Estado que tiene cuentas históricas con las minorías nacionales y que, en el mismo País Vasco, incluso entre quienes no apoyan a ETA, recoge muchísimas críticas. Trasladar a los presos vascos a prisiones vascas, con policías vascos, podría reducir la presión de la cuestión nacional, disminuiría la tensión entre españoles y vascos y colocaría el problema de ETA como una cuestión meramente vasca, que se puede resolver sin las armas, la represión estatal ni el terror.

Es hora, pues, de la cordura, de la negociación pública, del valor tranquilo de los fuertes, que no temen discutir sus razones si piensan en el bien común. Sabemos que nuestra voz, la de los amigos del pueblo vasco y del pueblo español, posiblemente no llegará a quienes en estas horas pueden decidir sobre la vida de Miguel Angel Blanco, pero esperamos firmemente que esta exhortación a ETA a respetar la vida de su rehén y al gobierno de España a abrir un camino pacífico para el independentismo vasco no sea demasiado tardía ni tropiece con la ceguera política de los extremismos.