Juan Angulo Osorio
La sentencia de Aguas Blancas
La sentencia dictada ayer por el juez Adolfo Vanmeeter contra 28 policías de la Motorizada y dos funcionarios medios encarcelados, que incluye severas penas hasta por 26 años y seis meses de cárcel, es ciertamente ejemplar y tiene que ser vista como un precedente de aplicación de la justicia, que contribuirá a erradicar de la política nacional la represión, que llega hasta el extremo de quitar la vida a los opositores.
Emitido en el contexto del nuevo México que se avizora desde la jornada electoral del domingo pasado, el dictamen judicial alentará esperanzas de que lo político no siga imponiéndose sobre lo jurídico, según estima que ha sucedido en este caso el ministro Humberto Román Palacios, uno de los dos enviados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia a investigar los infaustos acontecimientos a petición del presidente Ernesto Zedillo, cuando se levantó una ola de indignación nacional a partir de la exhibición por televisión de aquel video de la matanza.
Por lo mismo, la rigurosa sentencia también puede ser vista por otros como una cortina de humo, como una decisión diseñada para que la sociedad agraviada se diga satisfecha y considere que la investigación no tiene por qué continuar.
Y, sin embargo, quedaron varios cabos sueltos. Ayer mismo algunos de los policías sentenciados afirmaron que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Y está el caso del ex director de Gobernación sentenciado, Esteban Mendoza Ramos, un licenciado en historia titulado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien se movía por todo el estado recogiendo información, intimidando o convenciendo a opositores de desistir de sus protestas, y que nunca fue visto que desempeñara estas funciones armado. Y resulta que ese 28 de junio de 1995, día de la matanza de Aguas Blancas, Mendoza no sólo llegó armado sino que es el hombre alto y delgado que aparece claramente en el video disparando su pistola hacia la camioneta azul en la que venían los campesinos victimados. ¿Qué suponía él que iba a suceder allí como para actuar de un modo radicalmente distinto al habitual?
Recuérdese que el desatendido informe de los ministros de la Suprema Corte de Justicia hablaba de que ``una obsesión'' del gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer era que en Guerrero no se repitiese una guerrilla como la de Chiapas. También, que las autoridades por él encabezadas habían ``engañado a toda la sociedad'', según dijo el ministro Juventino Castro y Castro en entrevista publicada en estas páginas el pasado 1o. de julio.
No se trata aquí de actuar por revanchismo, sino en todo caso de abonar el crecimiento de un país de leyes, con una justicia realmente independiente. Tampoco iban a sacrificar a Figueroa, nos comentó hace poco un político cercanísimo al gobernador con licencia. Tiene razón. Se trata solamente de no cerrar la investigación por razones políticas, de que la misma se conduzca de manera profesional y permita reconstruir lo que realmente pasó en el vado de Aguas Blancas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la versión de que existió un provocador? ¿Qué de aquella reunión en el palacio de gobierno en que participaron jefes policiacos, algunos empresarios y el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro?
Solamente se pide que actuemos para aislar a quienes todavía consideren que es posible impunemente asesinar a ciudadanos que luchan por sus reivindicaciones básicas, que ejercen simplemente su derecho a disentir.
Famosas fueron aquellas palabras de don Rubén Figueroa de que en Guerrero no pasaba nada; menos famosas se volvieron otras que reconocieron en público lo que en privado siguen diciendo, a estas alturas del partido, prominentes miembros de la clase política estatal: que las matanzas son algo normal en nuestra entidad suriana, como lo dijo el secretario de Gobierno de Figueroa, Zótico García Pastrana, cuando le preguntaron su opinión sobre el asesinato de nueve ciudadanos de la sierra cometido por un comandante de la Policía Judicial el 18 de febrero de 1996, exactamente siete días antes del video exhibido en el programa de Ricardo Rocha y tres semanas antes de que Figueroa dimitiera.
Esta ``normalidad violenta'', condenada asimismo por los ministros de la Corte, es una falacia de los grupos gobernantes locales. El 6 de julio pasado más de 700 mil guerrerenses fueron a votar en paz por sus candidatos, pese a las matanzas, la militarización y la persecución que se ha acrecentado desde la aparición del EPR.
La nación toda debiera honrar esta actitud civil, civilista y civilizadora que en la adversidad mostraron los ciudadanos y el pueblo de Guerrero, apoyando sus iniciativas para erradicar la impunidad y, con ello, quitar uno de los principales argumentos para el resurgimiento de la guerrilla en nuestro estado.