37 sentenciados por Aguas Blancas

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 11 de julio Ť El ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, y el ex director operativo de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, fueron sentenciados hoy a 26 años y 6 meses de prisión, y 28 ex policías a 24 años, como responsables del homicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, de lesiones a 21, así como de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

El ex subsecretario de Protección y Tránsito del estado, Rosendo Armijo de los Santos, a quien el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó directamente la operación en Aguas Blancas --el 28 de junio de 1995-- para impedir que un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur realizara una manifestación en Atoyac, fue sentenciado a 5 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público.

Asimismo, fueron considerados culpables de ejercicio indebido del servicio público en la hipótesis de ocultar información y condenados a 3 años y 3 meses de prisión, cuatro ex peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado, el ex agente de Gobernación, Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura, Carlos Gruintal Santos y Gustavo Martínez Galeana, quien grabó el video de la matanza.

Otros involucrados

El ex agente de Gobernación estatal, Ramiro Orlando Soberanis Moreno, fue sentenciado a 8 meses, 7 días y 12 horas de cárcel, por el delito de falsedad en declaraciones ante autoridad.

En tanto, el ex fiscal especial del gobierno de Figueroa Alcocer, Adrián Vega Cornejo, y otro ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia, José Antonio Clavel Díaz, no fueron encontrados culpables ni penalmente responsables del delito de ejercicio indebido del servicio público del que los acusó la fiscalía, y el juez ordenó su inmediata y absoluta libertad.

El juez tercero penal de Acapulco, Adolfo Van Meeter, notificó hoy la sentencia condenatoria a los 37 ex funcionarios, de los cuales diez policías están en prisión desde julio de 1995, y 18 policías y dos ex funcionarios fueron recluidos en la cárcel de este puerto en febrero de 1996. Los 30 presos que hoy fueron condenados estuvieron en el vado de Aguas Blancas antes, durante y después de la matanza.

En tanto, siete ex funcionarios condenados a penalidades menores, acusados de ocultar información de los hechos y de desviar las primeras investigaciones ministeriales --aunque no estuvieron en el vado--, entre ellos el que ocupaba el segundo lugar en el área de Seguridad Pública del gobierno de Figueroa, Rosendo Armijo de los Santos, se encontraban en libertad bajo caución, beneficio que ahora pierden, pero el juez les concedió la posibilidad de cambiar la pena de cárcel por trabajo en favor de la comunidad, tratamiento en semilibertad o tratamiento en libertad.

Los 37 ex funcionarios y policías fueron condenados también al pago de multas entre mil 700 y 6 mil 900 pesos, y quedan inhabilitados para desempeñar algún cargo público en el tiempo que dure la pena.

En cuanto a la reparación del daño, que han solicitado desde hace dos años los agraviados --tanto los 21 lesionados como las viudas y madres de los 17 campesinos asesinados--, el juez resolvió en un punto de la sentencia que ``se dejan a salvo los derechos de los ofendidos'' para que los hagan valer por las instancias legales correspondientes.

Los 39 sentenciados este día no son todos los procesados por la matanza de Aguas Blancas. Están pendientes los casos del ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; del ex determinador de la agencia central del Ministerio Público de Acapulco, Elías Reachi Sandoval (señalado por la fiscalía como el principal responsable del ocultamiento de pruebas y desvío de la investigación, como la siembra de armas en los cadáveres de los campesinos para aparentar que ellos atacaron), y los ex agentes del Ministerio Público, Javier Reyes Grande y Jorge Rafael Reyes Serrano. A los cuatro no les pudo dictar sentencia el juez, porque tienen por resolver recursos de revisión de amparos que promovieron ante la justicia federal.

Se inconforman los policías

En la segunda secretaría del juzgado tercero penal, los policías encerrados tras la reja de prácticas de inmediato expresaron su inconformidad con la sentencia ante la secretaria del juzgado, María del Carmen Navarrete Meza. Uno de ellos pidió la palabra: ``No estamos conformes, ahí no tomaron en cuenta la prueba de Harrison, que a muchos nos salió negativa. ¿Por qué me están culpando a mí, si yo no disparé?''. Y advirtió: ``Va a haber problemas aquí en el Cereso, lo aseguro 100 por ciento''.

Cuando la funcionaria del juzgado les sugirió que hablaran con sus abogados para que interpusieran el recurso de inconformidad, otros policías dijeron que los abogados que les puso el gobierno del estado --encabezados por Andrés Osorio, ex director jurídico del Fideicomiso Acapulco-- ``están manejados desde arriba'', y agregó: ``Todo esto está manipulado por el gobierno, y por eso no nos dejaron poner abogados particulares''.

Otro policía pidió la palabra para agregar: ``El gobierno sabe quiénes son los responsables''.

Después, en entrevista, el ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, opinó que la sentencia que hoy se dio a conocer ``es producto de un linchamiento político más que resultado del proceso jurídico, porque creíamos que el proceso se había llevado a cabo con imparcialidad. Esta resolución nos parece totalmente absurda y sólo refleja el gran temor del gobierno, del juez, ante la posible crítica de la sociedad por los lamentables hechos de Aguas Blancas que siguen impactando al país''.

Agregó que por la presión de la opinión pública, ``el gobierno tiene interés en presentar culpables, aunque no lo sean'', y dijo que el juez en su resolución fue más allá que el mismo Ministerio Público, que en su acusación pedía que condenaran a los que estuvieron en el vado de Aguas Blancas por coautoría indeterminada en los delitos de homicidio y lesiones, para lo que está establecida una penalidad de 9 a 15 años de prisión.

El ex policía Hermilo Tacuba Alonso dijo: ``No sabemos hasta dónde quiere llegar el gobierno con nosotros. El es el que nos metió a nosotros en esto. No nos tomaron la prueba de Harrison, nada más nos dijeron: tú y tú y tú te vas. Algunos no estuvieron en el lugar de los hechos y muchos sí estuvieron. El gobierno siempre pensó que esto era fácil, a nosotros siempre nos trató de lavar el coco, de engañarnos''.

El ex policía, quien afirmó que él no disparó el 28 de junio de 1995, y que se encontraba a 150 metros de distancia del vado de Aguas Blancas, en una curva donde no alcanzaba a ver la camioneta en la que viajaban los campesinos, agrega: ``Vamos a darle 72 horas al gobierno para que dialogue con nosotros y resuelva nuestro problema. Y si no lo hace, yo voy a abrir la boca y voy a decir la verdad''.

Por la tarde fue reforzada la vigilancia, con más de 50 policías antimotines, adentro y afuera del penal.

Por otra parte, los dirigentes y militantes de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (a la que pertenece la OCSS) que están presos por motivos políticos, declararon esta tarde: ``Consideramos que al verdadero culpable, a quien ordenó la matanza, no se le ha tocado; sólo a funcionarios menores de su gobierno y a quienes jalaron el gatillo''.

Vía telefónica, el coordinador de la UOSS, Bertoldo Martínez Cruz, informó que los diez presos ``políticos'' recluidos en el Cereso de Acapulco, se reunieron esta tarde y acordaron manifestar que ``no se ha hecho justicia porque faltan Figueroa y los funcionarios de primer nivel de su gobierno. Sin embargo, reconocemos que la sentencia que se dictó hoy es buena, porque el pueblo se da cuenta de que los policías judiciales y los policías motorizados no son intocables''.

Agregó: ``Nosotros insistimos en que no se ha hecho justicia en el caso Aguas Blancas, hasta que esté en la cárcel Rubén Figueroa, que sigue teniendo poder en Guerrero aunque sea gobernador con licencia, y que para las elecciones recientes estuvo apoyando las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional como Héctor Vicario. También decimos que no hay justicia porque quienes protestamos por la matanza de Aguas Blancas estamos presos''.