Huelga en apoyo a magistrados cesados en Ecuador; el sistema judicial, prácticamente paralizado

Ansa, Reuter, Efe y Dpa, Quito, 10 de julio Ť Diversos sectores sociales ecuatorianos se manifestaron hoy contra los mecanismos del Congreso para reformar el sistema judicial, mientras que los empleados judiciales se declararon en huelga por tiempo indefinido ante la decisión del Legislativo de destituir a los magistrados.

De esta manera, la administración de la justicia quedó prácticamente suspendida, y en juzgados y tribunales la actividad era mínima. Pese al apoyo de los trabajadores judiciales, los magistrados cesados desalojaron de inmediato sus oficinas en medio de un amplio resguardo policial.

El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, también cesado, poco antes de salir de Ecuador por cinco días ``para no prestarme al sainete dictatorial'', acusó al presidente Fabián Alarcón de ser ``un simple títere'' al afirmar que ``cumple órdenes del dueño del país, León Febres Cordero''.

El ex presidente Febres Cordero actualmente es el alcalde de la mayor ciudad del país, Guayaquil, y Solórzano lo acusó directamente de haber orquestado el cese de todos los magistrados del máximo tribunal del país para remplazarlos con ``jueces dóciles, que estén a sus órdenes''.

Solórzano acusó al Congreso de haber atropellado el resultado del plebiscito del 25 de mayo, en el que se aprobaba la tesis de la despolitización de la justicia; sin embargo, indicó, la Cámara interpretó esa votación como un mandato para cesar a la actual Corte, surgida de un pacto político.

Tras dos sesiones, el Congreso únicameral decidió la renovación de la Corte, y como mecanismo para sustituir a los magistrados propuso la participación de doce sectores de la sociedad, incluyendo universidades, prensa, Iglesia y asociaciones de derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, tal proceso no ha sido bien visto por amplios sectores de la sociedad, y la Asociación Ecuatoriana de Prensa se negó hoy a participar, al considerar que a ese gremio no le corresponde asumir tales responsabilidades de Estado.

La prensa, que se sumó así a similares decisiones de rechazo a participar en la nominación de magistrados adoptadas por las fuerzas armadas y la Iglesia católica, también lanzó fuertes críticas contra los legisladores en torno a la función judicial.

Los trabajadores del sector judicial decidieron ir a la huelga pese a las amenazas del presidente Alarcón de prohibir este tipo de medidas. En términos similares se había pronunciado el ministro del Trabajo, Edgar Rivadeneira, quien afirmó que los empleados que falten a sus labores por tres días consecutivos pueden ser cesados.