Confía Colombia en que se reanude la cooperación antidroga con EU

Ap, Efe, Dpa y Reuter, Santafé de Bogotá, 10 de julio Ť Colombia expresó hoy su esperanza de llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reanudar su ayuda para el combate antinarcotráfico, pero advirtió que no la aceptará si se presenta cualquier condicionamiento en relación con asuntos sobre derechos humanos.

``Lo importante es ver cómo el Congreso de Estados Unidos empieza a entender el problema de la lucha antinarcóticos, y ver que sin cooperación es imposible ganar esta batalla'', señaló la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, luego de que el miércoles fue analizado en Washington el caso colombiano.

Se le preguntó a la funcionaria si su gobierno rechazaría tal ayuda en caso de estar condicionada a que las fuerzas militares se comprometan a respetar los dere- chos humanos, a lo que respondió: ``Sí, sobre todo si viene condicionada a una simple denuncia o a una simple investigación, y no a hechos concretos''.

La víspera, el embajador estadunidense en Santafé de Bogotá, Myles Frechette, y el subsecretario de Estado para América Latina, Jeffrey Davidow, comparecieron ante un subcomité de seguridad nacional del Congreso de Estados Unidos para explicar el retraso en la reanudación de la ayuda militar a Colombia. Ambos afirmaron que la ayuda está estancada porque las autoridades del país sudamericano no ofrecen seguridades de que no se cometerán atropellos en materia de derechos humanos. Washington estima que la justicia militar colombiana ``tiene un récord casi absoluto de impunidad'', y que los escuadrones de la muerte actúan al amparo de las fuerzas armadas.

El ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, indicó que el diferendo con el Departamento de Estado no radica ``en que no queramos cumplir con los derechos humanos, sino en la apreciación del procedimiento''. No obstante, puntualizó que a Colombia le interesa tener una buena relación con Estados Unidos.

Insistió en que su posición y la de su ministerio, así como la del ejército y la del gobierno, es de compromiso total por el respeto a los derechos humanos. Pero subrayó que Colombia quiere que quede en claro cualquier mecanismo para verificar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, y que cuando se formule una acusación, se demuestre.

La cúpula castrense colombiana negó que las tropas violen los derechos humanos, al rechazar la aseveración de que la ayuda militar está trabada a causa de atropellos cometidos por los militares. El comandante del Ejército, general Manuel Bonett, dijo que ellos no podían librar esta guerra política que está planteando el Departamento de Estado con sus condicionamientos.

El ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, al referirse a la carta enviada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cuatro líderes empresariales, indicó que para el gobierno es muy importante que estos sectores ``participen activamente en la construcción de la paz'' en el país.

El gobierno de Samper emitió una declaración en la que lamentó un ataque lanzado la víspera por presuntos guerrilleros del ELN en contra de soldados venezolanos, y señaló que con ese hecho se busca perjudicar las relaciones bilaterales, y demuestra, según dijo, ``la doble faz de la subversión''.

Entre tanto, la justicia colombiana rebajó de más de cinco años de cárcel a tres años y medio, la condena que pesa sobre el ex ministro de Defensa, Fernando Botero, por el caso de los dineros del narcotráfico en la pasada campaña electoral, por lo que podría quedar libre en breve.

Otro de los implicados en el mismo escándalo, Juan Manuel Avella, fue en cambio sentenciado a 78 meses de prisión.