En su carta a AI, el general preso se declara ``perseguido de los narcofuncionarios''

Gustavo Castillo García, enviado, Almoloya de Juárez, Méx., 10 de julio Ť La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido probar los cargos de acopio de armas, como tampoco que el general Jesús Gutiérrez Rebollo habitara un departamento propiedad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, aseguró la defensa del militar luego de la audiencia realizada ayer en el penal de máxima seguridad de este lugar.

Asimismo, se informó que la carta enviada por Gutiérrez Rebollo a Amnistía Internacional ya fue entregada, por lo que se espera que el organismo defensor de los derechos humanos comience sus investigaciones.

En la misiva, Gutiérrez Rebollo hace cuatro peticiones: ``primero, que se me tenga presentando formal denuncia de la violación de los derechos humanos del suscrito, de mis coacusados Horacio Montenegro Ortiz y Javier García Hernández, de 129 personas más cuyos nombres habré de aportar en su mayoría dentro de la investigación de la presunta queja''.

Segundo, ``solicito se admita, se investigue y una vez agotada en todos sus trámites se determine que el gobierno mexicano violó nuestros derechos humanos más elementales y se dicte opinión favorable al suscrito''.

Tercero: ``se deje de acosar a mi familia y se les respeten sus derechos fundamentales y cuarto, hago responsable de mi seguridad, la de mi familia y personas a mí cercanas al general secretario de la Defensa Nacional de mi país, Enrique Cervantes Aguirre, pues al parecer todo indica que él es el autor intelectual de toda la injusticia llevada en mi contra, y tal parece que a este individuo lo único que le interesa es dañarme y no sé cuál es el objeto que lo motiva''.

Durante la audiencia, Grabriel Mendoza Grimaldo y José Luis Valle Hernández, conserje y administrador del edificio Quadrum, en el que habitaba la ``compañera sentimental'' de Gutiérrez Rebollo --calificación que dio el abogado a Lilia Esther Pliego--, éstos dijeron que sólo sabían que ``ahí vivía el general Rebollo, pero nunca lo vi''.

Valle Hernández aseguró sólo haber visto a Lilia Esther Pliego, ``un niño y dos jóvenes de los que nunca supe su nombre, pero nunca vi al general; de él supe por el reporte que me pasaba vigilancia, pues él --el general-- llegaba después de las 23:00 horas y salía antes de las 9:00 horas, que era mi hora de entrada''.

Sostuvo que como administrador residente del edificio localizado en Lomas Chalchihuite 215 sabe que los departamentos 2-A y 6-A son propiedad de Cipriano Corona y Roín Sandoval, ``nombres que no checan con los de Eduardo González Quirarte, quien se supone era personal de Amado Carrillo Fuentes y quien le habría dado el departamento al general, como lo dijo ayer --el miércoles--, Humberto Capelleti'', indicó el abogado González Velázquez.

El administrador dijo al juez que ``una persona desconocida, que siempre llegaba en taxi, vestido de manera sport, pagaba el mantenimiento de los departamentos 2-A y 6-A y me decía que no cobrara nada al general'', costo que ascendía mensualmente a 4 mil 500 pesos.

Durante la audiencia, según informaron los abogados defensores de Gutiérrez Rebollo --pues no se dejó pasar a la prensa hasta la declaración de González Velázquez-- ``se suscitó una fuerte discusión entre el Ministerio Público Federal y el juez primero de distrito cuando el general preguntó al testigo si la ascendencia o religión de la familia que habita el departamento 6-B era judía''.

Indicaron que ``el Ministerio Público Federal se opuso, pese a que para las investigaciones es importante saberlo, pues se dijo que una familia de ascendencia judía era quien supuestamente se había quejado con el presidente Zedillo de que ahí podrían habitar narcotraficantes''.

Arturo González Velázquez refirió: ``era importante porque supuestamente de esa queja nació la investigación en contra del general, y cabe presumir que en ocasiones los policías judiciales pueden parecer narcos debido a su forma de vestir y andar armados y ello llamó la atención de los moradores del edificio''.

En la declaración de los testigos presentados por la PGR quedó de manifiesto que en ese edificio habitan en su mayoría personas ``de apariencia o religión judía, porque portan en su cabeza una especie de tocado que ellos usan y en sus puertas colocan unas tablitas...''

Por lo que hace al delito de acopio de armas, el abogado defensor mencionó: ``los testigos presentados por la PGR en los dos últimos días no han podido acreditar las acusaciones de la dependencia, ya que unos aceptaron durante su ratificación de declaración ministerial que las armas fueron traídas a México por el grupo de militares adscritos a la V Zona Militar''.

Añadió que ``de acuerdo con las leyes militares, ellos son responsables del uso de ellas y tienen que llevarlas consigo si son comisionados a algún lugar, como fue el caso del general Rebollo y el Grupo de Información de la V Región Militar, cuando fueron adscritos al INCD''.

Por otra parte, en la misiva fechada el pasado 2 de julio y dirigida a Amnistía Internacional desde Almoloya de Juárez, se destaca que además del encarcelamiento del militar, ``129 personas más fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas, otras desaparecidas y algunas afectadas de sus facultades mentales con pérdida grave de la mismas. Se detuvo y torturó a mis más cercanos colaboradores tanto civiles como militares e incluso algunos se hallan desaparecido y casi tengo la certeza de que fueron asesinados por elementos militares''.

Se le detuvo sin denuncia, asegura y relaciona a militares con el narco

Agrega que se le ``detuvo sin denuncia alguna en mi contra, sin datos de mi presunta responsabilidad en la comisión de delito alguno, se me pretendió asesinar (...), se me administraron fármacos para matarme y por último se me encerró ilegalmente en una prisión destinada a delincuentes de la más alta peligrosidad, ya sentenciados, todo ello para evitar que me pudiera defender''.

En la carta al organismo humanitario el militar afirma que se le ha sujetado a diversos procesos militares y federales ``por haber descubierto que el narcotráfico ha llegado hasta la misma Presidencia de la República; soy un preso político, un perseguido de los narcofuncionarios''.

En este sentido menciona que durante su desempeño como titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) ``recabé y obtuve evidencia que involucra en el narcotráfico a funcionarios y parientes de éstos, de los más altos niveles de la política mexicana, entre ellos, de ex presidentes y del actual Presidente de la República, y aun de altos mandos de la Secretaría de la defensa Nacional, siendo varios generales, de los más cercanos al secretario'', Enrique Cervantes Aguirre.

Gutiérrez Rebollo menciona en su carta a Amnistía Internacional que, creyendo ajeno al secretario de la Defensa Nacional de los nexos de políticos con narcotraficantes, ``le hice de su conocimiento la gravedad de información que arrojó la presunta intervención de gatilleros o ejecutores del cártel de los conocidos hermanos Arellano Félix, en el escenario de Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, en el cual fue arteramente asesinado el candidato del partido gobernante a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta''.

El general preso en Almoloya de Juárez menciona en su carta que la creciente infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiacos ``generó la necesidad apremiante e inminente de contar con elementos militares en los puestos de dirección de las corporaciones policiacas, con la anuencia, desde luego, del Presidente de la República y los gobernadores de los estados, aun en aquellos en que el titular emergió de un partido de oposición''.

Agrega que ``por esto es que se nombró al capitán Horacio Montenegro Ortiz como jefe de Seguridad Pública en el estado de Jalisco, y al general Tomás Cordero Salgado como secretario de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal; igual aconteció con el general Guillermo Alvarez Nara, quien se desempeña como director de la Policía Judicial Federal, y un sinnúmero más de elementos militares que han desplazado a los civiles de los mandos de los cuerpos policiacos''.