ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Ninguno de los aparentes triunfos priístas en gubernaturas obtuvo el reconocimiento de limpidez por parte de los presuntos derrotados.

Panistas y perredistas, con diverso grado de irritación, han impugnado los procesos asegurando que los votos priístas se obtuvieron mediante coacción oficial, compra de votos y maniobras de adulteración electoral.

Armando López Nogales, en Sonora; Fernando Moreno Peña, en Colima; Antonio González Curi, en Campeche, y Fernando Silva Nieto, en San Luis Potosí, tienen frente a ellos los indicios oficiales de mayoría numérica de votos en su favor, pero, hasta ahora, aún no logran acreditar la legitimidad política y social derivada de un proceso democrático limpio.

Quienes a partir de los resultados de la capital de la República hablan de un México nuevo, y de una muy bien peinada y planchada normalidad democrática, harían bien en asomarse a los datos provenientes de estas entidades en conflicto, donde ese PRI presuntamente enterrado mostró vitalidad y viveza el 6 de julio, y donde hoy se vive el histórico conflicto electoral mexicano entre legalidad y legitimidad.

Las persistentes inconformidades con los resultados oficiales que se han anunciado provienen también del cansancio ciudadano expresado de diversas maneras contra los gobernadores actuales Manlio Fabio Beltrones, Salomón Azar y Horacio Sánchez Unzueta, y contra el vacío de poder creado por el colimense Carlos de la Madrid Virgen.

Además, en los tres primeros casos, los candidatos priístas no ofrecieron al electorado aquella vieja regla priísta de la alternancia entre grupos de poder para crear expectativas de cambio.

Por el contrario, López Nogales, González Curi y Silva Nieto están plenamente vinculados a los mandatarios actuales, y su triunfo garantizaría continuidad e impunidad para esos gobernantes cuando dejen el poder.

En esas tres entidades, la falta de oficio político y la inexperiencia llevó al poder presidencial a declinar su capacidad de decisión en favor de las instancias locales, que a cambio de ese derecho de sucesión ofrecieron al nervioso e inseguro centro de poder que sacarían adelante sin problemas a sus herederos.

Respecto a Colima, el vacío de poder generado por el enfermo gobernador De la Madrid fue aprovechado por el Grupo Universidad, que contó con la simpatía de franjas altamente influyentes en la decisión presidencial de postular a Moreno Peña, ignorando que favorecer a la cabeza de uno de los dos principales grupos priístas locales, enfrentados históricamente, generaría resentimientos y fracturas internas.

Ahora, en los cuatro estados los presuntos triunfadores priístas enfrentan una oposición local que se topará, por lo demás, con las definiciones a nivel nacional que con respecto a los conflictos poselectorales deben hacer el PAN y el PRD.

Ganadores de otras gubernaturas importantes (PAN, Nuevo León y Querétaro; PRD, Distrito Federal) y de una franja de curules que han arrebatado al PRI el control de la Cámara de Diputados federal, además de otros valiosos triunfos en Congresos locales y presidencias municipales, las cúpulas del panismo y del perredismo --y sobre todo ésta-- analizarán con mucho cuidado la extensión y la intensidad del apoyo que darán a sus candidatos inconformes.

En esa definición para el tramo poselectoral está en desventaja el PRD, pues no entra en su reformulación de imagen la vuelta a las escenas de encendida protesta que antaño le caracterizaron y que acaso le habían restado votos de ciudadanos menos estruendosos.

Por otra parte, el PRD necesita recorrer en paz el mayor tramo que le sea posible en previsión de un eventual enfrentamiento del gobernador del Distrito Federal con la Presidencia de la República (motivos no faltan en los escenarios futuros) al que, en caso de darse, debería aplicarse la fuerza perredista sin desgastes intermedios.

También es importante consignar la sensación que tienen ciertas instancias perredistas de que la protesta de Layda Sansores podría estar movida por intereses locales y regionales no necesariamente partidistas y sí más relacionados con el perfil caciquil de la familia de la candidata. Se dice, inclusive, que el curso buscado por Layda es el de llevar la protesta poselectoral hasta el rompimiento con el PRD y el anuncio de la creación de un partido regional.

El PAN, mientras tanto, tiene un mayor espacio para la protesta, entre otras cosas porque se ha establecido una explícita distancia entre ese partido y la Presidencia de la República. Las denuncias panistas de que perciben acuerdos PRD-Zedillo, en una réplica de las concertacesiones PAN-Salinas de Gortari, corresponden a un análisis en el que compete a Acción Nacional presionar por más posiciones de provincia que le compensen por la derrota de la capital del país y por el súbito crecimiento perredista.

Según los datos disponibles, las eventuales protestas panistas poselectorales podrían tener especial fuerza en Sonora y en Colima, habida cuenta de los perfiles reivindicatorios de los candidatos allí derrotados oficialmente, y de las caracterizaciones del gobernador Beltrones, en Sonora, y del candidato Moreno Peña, en Colima.

En efecto, Beltrones tiene una historia política que en los últimos años ha estado asociada a episodios sórdidos. Uno de ellos, perseverante a pesar de los desmentidos oficiales, es el que le relaciona con actividades de narcotráfico. Otro punto oscuro ha sido el de su participación en las horas subsecuentes a la detención de Mario Aburto en Tijuana cuando, según versiones tachadas como falsas desde las oficinas gubernamentales de prensa, pero sobrevivientes en el ánimo periodístico y social, habría participado en interrogatorios directos al ahora huésped de Almoloya.

Moreno Peña, por su parte, ha concentrado en su persona un alto capital de descrédito social originado por el dominio que ha ejercido en el ámbito universitario de esa entidad. Ninguna de las insistentes acusaciones en su contra generaría un ambiente electoral exageradamente favorable a su candidatura, pero se le designó candidato a la espera de que la desorganizada oposición contra aquellos excesos no alcanzara a manifestarse con fuerza.

Entre otras cosas, Moreno Peña ha contado en su haber con la tendenciosa actitud de periodistas locales y de corresponsales de diarios nacionales que han amortiguado cuanto les ha sido posible las protestas y los enojos contra el jefe universitario.

San Luis Potosí, por su parte, muestra a un candidato de reciente afiliación panista, Marcelo de los Santos, entrampado entre el deseo de mantener la paz social tantas veces rota en aquella entidad por conflictos poselectorales y la necesidad de presionar para que no se consolide la presunta victoria priísta.

De los Santos ha recabado información clara que muestra indicios de operativos legales en su contra, sobre todo en regiones de alta marginación social y plena manipulación política como es la Huasteca, ante lo cual Acción Nacional estaría por decidirse a recorrer allá el camino de la recurrencia a las instancias jurisdiccionales electorales vigentes más que el tramo inmediato de la protesta pública.

Astillas: Bombardier aclara que José Córdoba Montoya no es asesor de esa empresa... Fernando Ortiz Arana sabrá si su disciplina partidista es bien apreciada en los altos círculos del poder cuando explore la posibilidad de retornar no sólo al cargo senatorial que es irrenunciable, sino a la propia presidencia de la Gran Comisión en la que no se ha podido consolidar Genovevo Figueroa... Pues dígase lo que se diga, fue decisiva la presencia de Rubén Figueroa Alcocer en tres distritos guerrerenses ganados por el PRI. El gobernador con licencia juntó a adversarios locales, prometió gestiones, arregló apoyos y finalmente logró que el voto duro priísta se manifestara el 6 de julio...