La supuesta muerte del narcotraficante más buscado del país --y, acaso, del continente--, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, así como el decomiso del que aparentemente es su cadáver por parte de la Procuraduría General de la República, parece estarse convirtiendo en una más de la ya larga serie de investigaciones fallidas que tanto daño causan a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Sin ignorar el tiempo que toman los procedimientos técnicos para la identificación de cuerpos, el poco ágil desempeño de la PGR en la presente situación ha dado pie, una vez más, a la proliferación de dudas, rumores, malos entendidos e inaceptables intromisiones de organismos gubernamentales estadunidenses.
Desde que Juan Jesús Posadas Ocampo, obispo de Guadalajara, fue asesinado por pistoleros del narcotráfico, hace ya más de cuatro años, se han hecho patentes el paupérrimo nivel técnico y operativo de las procuradurías --la General de la República en primer lugar-- y su tendencia a presentar a la opinión pública hipótesis de trabajo reñidas con el sentido común. En aquella ocasión la PGR manejó la teoría de que se había confundido al jerarca religioso con un importante capo, actualmente preso, y unos meses más tarde, ante el homicidio de Luis Donaldo Colosio, la misma dependencia presentó la versión poco verosímil de que el candidato priísta a la Presidencia había girado 180 grados al momento de ser herido.
Después vinieron la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, la desaparición nunca aclarada de quien era señalado como organizador del asesinato, las escandalosas imputaciones de Mario Ruiz Massieu contra los más altos dirigentes del PRI y la posterior defección, fuga y captura del ex subprocurador por parte de las autoridades estadunidenses; la espectacular aprehensión y el enjuiciamiento de Raúl Salinas de Gortari por su presunta autoría intelectual, y la política de filtraciones como sucedáneo de una actitud informativa transparente, hasta culminar con los truculentos episodios de El Encanto y la brujería de La Paca.
Los anteriores no son los únicos episodios en los cuales la procuración de justicia se desacredita a sí misma, ni es la PGR la única institución que ha actuado en forma tan desalentadora. En el caso del Distrito Federal, por citar sólo otros dos asuntos, la Procuraduría capitalina ha sido incapaz de esclarecer el homicidio del ex magistrado Abraham Polo Uscanga, ocurrido hace más de dos años, y cerró el expediente de la misteriosa muerte de Luis Miguel Moreno Gómez, secretario de Transportes y Vialidad del gobierno urbano, con la conclusión de que ese funcionario se había suicidado de dos balazos en el corazón.
Estos y otros casos han deteriorado severamente la credibilidad de la procuración de justicia en el país. Con tales antecedentes, es comprensible el escepticismo y la confusión generadas por las informaciones sobre la muerte de Amado Carrillo, y hasta ahora las acciones de la autoridad no han contribuido a despejar la incredulidad. Por el contrario, los traslados del cadáver, la existencia de un homónimo que, para colmo, resulta ser un policía judicial con base en Sinaloa, las intromisiones de la DEA y la tardanza en la identificación de los restos constituyen motivo suficiente para temer que esté en curso una nueva investigación ineficaz y fallida, de ésas que, en vez de culminar en la preservación de la ley y en el fortalecimiento de los organismos responsables de hacerla valer, se diluyen en un mar de hipótesis truculentas y en una incredulidad generalizada.
En el espíritu de contrarrestar el actual descrédito de la PGR, es necesario que no se postergue más la presentación de conclusiones precisas, fundadas y verosímiles acerca de la identidad del cuerpo mencionado y que, en caso de que éste corresponda al buscado narcotraficante, se aclaren puntualmente las circunstancias de su fallecimiento.